Economía y Empresas > NEGOCIACIÓN COLECTIVA
¿Cómo se ajustarán los salarios privados cuando caigan los convenios en junio?
La nueva ronda salarial será postergada, en línea con el planteo compartido que ya habían anunciado públicamente las cámaras empresariales y el PIT-CNT la pasada semana. No obstante, ahora resta acordar un detalle no menor que es definir qué criterios se tomarán para los ajustes hasta tanto no se convoquen a las mesas para renovar los convenios colectivos.
Entrevistado por el programa Quien es Quien de Diamante FM y TNU, el ministro de Trabajo Pablo Mieres dio como un hecho ya consumado que no se abrirán los grupos de los Consejos de Salarios durante este semestre. Por eso ahora las baterías están puestas en una discusión bilateral que tiene junto al equipo económico para definir qué criterio se tomará para otorgar los ajustes nominales que deberán tener más de 150 grupos desde el próximo 1º de julio.
El próximo 30 de abril vence un convenio pesado (la construcción), mientras que en junio son 152 mesas las mesas que deberían convocarse para renegociar sus acuerdos salariales. Las cámaras empresariales y el PIT-CNT coincidieron la semana pasada en una reunión en el MTSS que no están dadas las condiciones para iniciar una nueva ronda de negociación colectiva por el coronavirus. La central sindical sugirió incluso un plazo de un semestre o un año para aplazar esa negociación tripartita.
“En la medida que las dos partes (empresarios y trabajadores) sienten que no hay condiciones y nosotros (por el gobierno) vemos que el escenario económico es de una altísima imprevisibilidad, obviamente que tenemos que pensar en una postergación. El tema es con qué contenidos”, explicó Mieres.
El secretario de Estado dijo hay que definir qué pasa, por ejemplo, durante ese ínterin donde no haya Consejos de Salarios. Es decir, qué mecanismo de ajuste se aplica en las distintas mesas de negociación: si se toma como referencia los acuerdos que ya están firmados y se extienden (ultraactividad) o se fijan nuevos incrementos bajo otros parámetros.
“Ese es el tema que el Ministerio (de Trabajo) tiene que analizar con el resto del gobierno y, en particular, con el equipo económico”, señaló. Agregó que en cualquier caso esa definición debería tomarse en el Consejo Superior Tripartito, cuya convocatoria está prevista para las próximas semanas, anunció Mieres.
El ministro dijo que todavía no tenía una posición personal sobre cuál debería ser el mecanismo de ajuste una vez que vayan venciendo los distintos convenios colectivos. Tampoco está claro si la ronda se postergará un semestre o un año, por ejemplo, porque hoy es imposible saber cuándo se volverá a la normalidad, indicó.
De todas formas, Mieres dio algunas pistas. Dijo que las condiciones sobre las que se firmaron los convenios hace dos años atrás son bastante diferentes a las actuales, y puso como ejemplo el flaco crecimiento de la economía en 2019, un déficit fiscal del 5% del PIB y un desempleo en niveles récord.
Habrá que repensar las políticas
Por otro lado, Mieres comentó luego de la batería de medidas excepcionales que está instrumentando el gobierno para hacer frente al coronavirus habrá una evaluación de todas las acciones que instrumentó el Ejecutivo. Citó el caso de los 400 mil trabajadores informales que aún tiene la economía uruguaya, según el INE, o las 86 mil empresas unipersonales que no tienen cobertura social.
“Está claro que esto nos explotó de golpe. Tenemos que estudiarlo y ver qué tipo de coberturas podría darse en casos excepcionales a futuro”, dijo Mieres. Agregó que hoy queda alternativa que atender la emergencia, pero indicó que la crisis sanitaria del coronavirus “deja lecciones y enseñanzas” para la política de protección social.
Mieres anunció que esta pandemia reforzó la necesidad que ya tenía su cartera de trabajar en un proyecto de ley para regular el teletrabajo. “Apenas apaguemos el incendio, esto va a avanzar. El teletrabajo se va a expandir en Uruguay”, aseguró. El jerarca indicó que el objetivo es promoverlo y también regularlo para que no haya abusos en sus condiciones. A nivel del Estado dijo que estaba dispuesto a analizarlo junto con la Oficina de Servicio Civil de OPP que dirige Conrado Ramos.
