¿Por qué bajó el precio del azúcar y un legislador acusa a Alur de prácticas anticompetitivas?

A mediados de noviembre, Alur reaccionó con la intención de recuperar mercado fruto del aumento en la competencia y llevó el precio de la azúcar Bella Unión al público de $ 45 a
$ 35 (-28%). Sobre este punto, el diputado del Partido Nacional por Paysandú, Nicolás Olivera, dijo a El Observador que esta baja de precio por parte de Alur representa "una práctica anticompetitiva".

El legislador manifestó que desde el mes de noviembre la empresa privada estatal adoptó “una rebaja histórica en el precio de venta del producto, aplicando una práctica comercial denominada 'dumping', con la intención de adueñarse del mercado vendiendo el producto a precios inferiores al costo".

Alur posee aproximadamente el 40% del mercado de azúcar para consumo a nivel nacional, mientras que Azucarlito tiene una participación del 35%. La restante porción es abastecida por marcas nuevas como Puritas -que fue la que entró con más fuerza-, La Cosechera y Fronterita.

"Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que hay otra industria azucarera en el país que tiene que responder con su resultado económico a la viabilidad de la empresa que es Azucarlito. Esa baja de precio súbita yo la rotulo como una práctica de 'dumping', ya que aquí hay una industria que para apropiarse de parte del mercado está vendiendo por debajo de sus costos y es aún más reprochable al tratarse de una empresa propiedad del Estado que no depende de su resultado económico para subsistir. Alur es el Estado, Alur es Ancap”, cuestionó Olivera.

 "La gestión de Alur no depende directamente de su resultado comercial, encontrándose su gestión al amparo del aparato estatal, de quien recibe trato preferencial, así como asistencia económica”, dijo Olivera

El diputado agregó que también había que pensar en trabajar en alguna medida parancelaria porque el azúcar proveniente de Brasil está entrando a un precio muy por debajo del que se puede producir en Uruguay. Según datos aduaneros, en el acumulado enero-noviembre se importaron 32,4 millones de toneladas de azúcar por US$ 13 millones. El mayor importador fue Azucarlito con una participación del 90%, seguido pro Alur con 10%. En tanto, en igual del período de 2017, se habían importado 35,3 millones por US$ 17 millones. Ese año la participación de Alur fue del 34%, mientras que la de Azucarlito fue del 66%. 

Azucarlito debió reaccionar 

El gerente general de Azucarlito, Miguel Fraschini, dijo a El Observador que la baja de precios de Alur obligó a la empresa sanducera a llevar el precio de su producto principal de $ 45 a $ 39 (una rebaja del 15%). “Entendimos que la marca principal no debíamos desvalorizarla tanto y optamos por lanzar en contrapartida algunas segundas marcas con nuestros principales distribuidores. Se lanzó la marca Aruba y San Francisco con Saman y San Francisco, respectivamente”, explicó Fraschini. Azucarlito emplea a 140 trabajadores de forma permanente y a 80 más durante durante la zafra que se da en épocas de refinado de azúcar.

Según el ejecutivo, la empresa conserva una situación financiera sólida, pero está mirando con preocupación la evolución del mercado y el comportamiento de los precios.

“Somos una empresa privada que tiene que vivir con lo que gana con el azúcar y tener un balance positivo para no dejar de existir”, apuntó.   

Además, el gerente de Azucarlito dijo que hay una decisión del gobierno para que Alur comience a producir menos alcohol en Bella Unión (la planta que existe en Paysandú es capaz de abastecer las necesidades del país), por lo que “probablemente comience a producir más azúcar y va a inundar más el mercado empujando los precios aún más a la baja”.

Desde Alur, por otra parte, se manifestó que por el momento no se harán declaraciones y que se "está preparando información al respecto".

Caso a estudio de Defensa de la Competencia  

El caso ya fue presentado para ser estudiado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas-, tras un planteo hecho por un particular sanducero. Consultado por este tema, el presidente de la Comisión, Javier Gomensoro, señaló que hay que estudiar si se está dando una situación de precios predatorios o una práctica ilegal, porque que los precios bajen en realidad es algo que le sirve al consumidor.

La fijación de precios predatorios consiste en la práctica de vender un producto o servicio a un precio por debajo del costo, con la intención de expulsar a los competidores fuera del mercado o crear barreras de entrada a nuevos competidores. 

“Aunque sea una empresa del Estado, hay que ver si la posición dominante tiende a un monopolio y hay un propósito de fundir a la competencia. Después si una empresa apunta a tener márgenes mínimos y los demás competidores se ven obligados a competir a la baja reduciendo los márgenes de ganancia bienvenido sea. También importa la durabilidad de la práctica porque en un rubro que está en competencia una empresa pública tiene las mismas reglas que una privada”, explicó.