¿Quién tiene la razón? Fiscales y policía dan datos contradictorios

El primer cruce ocurrió este jueves, cuando el director nacional de la Policía, Mario Layera, se refirió en un video de la Unidad de Comunicación de la cartera de seguridad (Unicom) al copamiento de tres casas del barrio privado El Faro, ubicado en Carmelo, y dijo que los delincuentes buscaban a un empresario al que no hallaron.

La fiscal del caso, Paola Nebot, le refutó al jerarca policial y dijo que no sabía cuál es la fuente de esa información. “De lo que estuvimos trabajando en investigaciones y fiscalía, de todas las versiones no surge ese dato en concreto”, dijo la fiscal, y detalló: “No hay ningún elemento que diga que los delincuentes estén buscando a alguien determinado: las personas no lo declaran”.

Nebot informó que de acuerdo a su investigación y a lo que habían declarado vecinos del barrio exclusivo una banda de entre cinco y seis delincuentes habían entrado a tres casas y robado US$ 4.400.

En base a la información policial se informó que  los delincuentes eran argentinos y llegaron “por el río, con vehículos fluviales”.

“Es un hecho que nos llama la atención”, había advertido Layera, para quien “no se había registrado hasta el momento” una situación de “estas características” en los últimos años. 

El mismo día, Unicom publicó que efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) habían detenido el miércoles sobre las seis de la tarde en el barrio Cordón a dos sospechosos de un hurto en la vía pública que había ocurrido cinco horas antes ese mismo día, y que el fiscal Pablo Rivas los dejó libre por falta de pruebas.

Aunque eso último era cierto, cuando Rivas leyó el comunicado oficial encontró varios datos que eran incorrectos y la omisión de un elemento clave: que la policía nunca le había dicho al fiscal que los motonetistas detenidos podían ser los mismos que habían quedado grabados en un video simulando un choque con un auto, para luego robar una cartera que estaba en el asiento de acompañante del coche. Una cámara registró esa escena, y el video de lo ocurrido se hizo viral a través de WhatsApp.

“Cuando me llamaron por los dos detenidos en San Salvador y Joaquín Requena no los relacionaron con el hurto anterior, que no ocurrió en el mismo día como dijo el Ministerio del Interior en su comunicado”, dijo Rivas a El Observador este viernes. Luego de que el fiscal hizo esas declaraciones, Unicom ajustó un dato en su página web–sin escribir ninguna aclaración– aunque continuó equivocándose, según dijo Rivas: escribieron que los sospechosos fueron detenidos el jueves, cuando había sido el miércoles.

Pero al jueves le quedaba un capítulo. Unicom publicó que la policía había detenido, en Carrasco, a dos delincuentes que desde hacía días estaban desvalijando casas, desplazándose en un viejo Chevrolet Chevette marrón claro que quedó grabado en un video filmado por vecinos, que también se viralizó.

La nota oficial está ilustrada con varias fotos en las que aparece ese auto, pero la fiscal Adriana Costa sostuvo a El Observador que no pudo comprobar en su investigación que los ladrones detenidos –que al momento de ser capturados se trasladaban en una moto– tuvieran un Chevette, ni que fueran los mismos que quedaron grabados por los vecinos, ya que en ningún momento aparecieron sus rostros. Y además, hasta la tarde de este viernes, la fiscal solo tenía pruebas para afirmar que habían cometido un hurto y no “varios”, como afirmaba el comunicado policial.

“No tenemos elementos para asegurar que sean los mismos que robaban en el auto, y en el video no se ve nada, más que el auto, y siempre miran para abajo “, dijo Costa.

Consultado por las imprecisiones, Layera dijo a El Observador que entendía que eso ocurría porque actúan “dos instituciones diferentes que participan en aspectos distintos del proceso” de investigación, y por ende manejan distinta información.

El jerarca también recordó que ambas instituciones tienen “un grupo coordinador donde se canalizan estos problemas y se resuelven si resultan graves”.

Lo cierto es que los problemas de comunicación de la cartera de seguridad se arrastran, al menos, desde hace varios meses.

El 24 de julio, Unicom difundió que una delincuente con varios antecedentes penales había sido detenida gracias a la videovigilancia, por robar pertenencias de autos en la Ciudad Vieja, pero que el fiscal Rodrigo Morosoli lo había liberado por falta de pruebas. En este caso sí se corrigió la información: la cartera se retractó y publicó un pedido de disculpas.

“Cometimos un error que reconocemos por cuanto la protagonista no está en libertad sino que cumple prisión por el delito que cometió”, dijo entonces la nota del portal. Eso no evitó que la Fiscalía también emitiera un comunicado en el que acusó a Interior de “generar descrédito en la acusación de los fiscales y en el sistema de justicia todo” a partir de “información inexacta”.

Tras este caso, el Ministerio del Interior dejó de informar respecto a la situación judicial de los detenidos sobre los que reportaba en sus informes. “No le corresponde al Ministerio del Interior dar esa información. Vamos afinando los contenidos”, explicó entonces el director de Unicom, Fernando Gil.