¿Se puede ser detenido por desacato si se visitan playas o parques inhabilitados?

Ese es el caso de las comunas de Maldonado y Rocha, mientras que la de Montevideo prepara un decreto que será emitido en los próximos días, dijeron fuentes allegadas al intendente Christian di Candia.

Tanto en la capital como en los departamentos del este, fueron vallados y encintados los perímetros y entradas de espacios públicos, como plazas y parques, y en los últimos días los ingresos a las playas.

Sin embargo, las intendencias de Maldonado y Rocha dieron un paso más y establecieron por resolución municipal la prohibición de acceder a esos espacios. La comuna de Maldonado fue incluso aún más lejos, y decretó este lunes que nadie puede bajar a las playas.

"La gente que iba a la playa se venía burlando. 'No hay sanción', decían. Bueno, ahora sí. Maldonado no hace exhortaciones, sino que resuelve inhabilitar los lugares, por lo que si alguien concurre podrá ser pasible de una multa, pero también apuntamos a la actuación tanto de Prefectura como de la policía para el caso de que se viole la disposición, porque quien lo haga puede de ser acusado de un delito de desacato", advirtió a El Observador Adriana Graziuso, exjueza penal y directora de Asuntos Legales de la comuna fernandina.

"Y se va a controlar, porque está en juego la vida. No estamos ante un desacato común y corriente", añadió la jerarca.

En Rocha, en tanto, desde este 31 de marzo rige una resolución que inhabilitó el acceso a "parques y paseos públicos", así como los "principales estacionamientos en la zona costera" y los "espacios destinados al uso de casas rodantes o similares".

El delito de desacato tiene una pena de entre tres a 18 meses de prisión, y castiga a quienes incurran en una "desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público", por lo que para que pueda configurarse este delito no alcanza con, por ejemplo, la exhortación genérica realizada por el Poder Ejecutivo desde el 13 de marzo, cuando fue declarado el estado de emergencia sanitaria al confirmarse los primeros cuatro casos de coronavirus en el país.

Para poder llevar a una persona ante un juez por estar en un lugar inhabilitado, los fiscales necesitan antes que se cumplan una serie de pasos precisos, dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

El primero es que la prohibición esté definida en forma explícita, como ocurre en Rocha y Maldonado, y no todavía en la capital ni en Canelones, en donde tampoco hay resoluciones que establezcan expresamente que no se pueden visitar los espacios públicos, señalaron fuentes de la comuna canaria.

Una vez que esté dispuesto en una resolución, tiene que haber un policía o inspector que constate en el sitio la violación a la norma, e intime a la persona que no respeta la disposición. Si la persona se niega a hacerle caso, podrá ser detenido y llevado ante el fiscal.

"Primero tiene que haber un mandato general, que en este caso puede ser el decreto del Poder Ejecutivo del 13 de marzo que exhorta a la gente a no salir de la casa. Luego tiene que haber un mandato particular, que es el de la intendencia, después la intimación del funcionario, y si la persona no cumple con la intimación, solo entonces estamos en condiciones de discutir si hay mérito para detenerlo", explicó la fiscal de Rocha Jessica Pereira.

La intendenta de Rocha, Flavia Coelho, dijo este sábado en conferencia de prensa que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le había sugerido que la comuna notificara a la Fiscalía todas las multas que aplicaran en el marco del control de las restricciones municipales en los espacios públicos.

Coelho le transmitió a Larrañaga que la comuna rochense daría "un paso más" dentro de las competencias municipales para fiscalizar el cumplimiento de las exhortaciones del Poder Ejecutivo y departamental, y en ese sentido anunció que se multaría a los vehículos estacionados en los accesos a las playas o en espacios públicos inhabilitados.

Las fuentes del Ministerio Público consultadas dijeron que los fiscales no tienen fundamento para actuar con la mera comunicación de las multas porque por sí mismas no señalan una situación de desacato. "La multa no nos interesa para nada", señalaron los informantes.