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Cesan a directora de Registro Civil tras demora en pago a intendencias por casamientos
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, resolvió cesar a la directora de Registro Civil del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Adriana Martínez, y designar en su lugar a Zulyana González, una abogada que se venía desempeñando como asesora del ministro Pablo da Silveira.
Según supo El Observador, en el gobierno no había conformidad con la gestión de Martínez y el atraso en el pago a intendencias y municipios del dinero correspondiente a la realización de casamientos –una tarea que comenzaron a hacer este año– fue la última de una serie de diferencias con las autoridades políticas. La demora era desconocida por la cúpula ministerial y fue la gota que derramó el vaso, tal como resumió una fuente del MEC.
Martínez es militante nacionalista, funcionaria del MEC desde hace 40 años y había asumido en el cargo en marzo del 2020 con el inicio de la nueva administración. Ahora volverá a su puesto presupuestado dentro de la Dirección General de Secretaría.
Su carta de renuncia está fechada el 9 de setiembre y menciona “motivos de índole particular”.
En el gobierno evaluaron de forma crítica un aumento de los cuestionamientos a la gestión por parte de los usuarios y mencionaron ese desgaste como un factor que provocó la salida.
A su vez, la funcionaria estaba enfrentada con la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci), que incluso llegó a colgar pancartas que denunciaban que los perseguía y acosaba.
A fines de marzo, el gremio se declaró en conflicto en reclamo de mejores condiciones laborales y la incorporación de más recursos humanos, y el 6 de abril realizó un paro que incluyó todos los servicios. Ese día, por pedido de Martínez, cuatro alcaldes –uno de Montevideo, dos del departamento de Canelones y otro de Colonia– realizaron los casamientos previstos para esa fecha en Montevideo, lo que provocó el rechazo del sindicato y tensó más las relaciones.
“El día del paro, cuando vinieron los salvadores de la directora, porque son amigos personales de ella, solo se apuntó para los casamientos, mientras que se olvidaron de las madres que venían con niños chicos a anotarlos, a las viudas que tenían que inscribir una partida para cobrar una pensión; eso no les importó. Lo que salió en la prensa fue la gente que se pudo casar, lo que vende es el matrimonio”, declaró entonces la dirigente gremial Adriana Acosta a La Diaria.
Por designación del ministro, González –la nueva directora– venía atendiendo específicos de Registro Civil y oficiando como nexo con las demandas de los trabajadores. La funcionaria fue una de las que participó en el desarrollo del sistema para que las intendencias y los municipios puedan realizar casamientos e incluso dictó capacitaciones para que realicen correctamente las tareas.
El traslado del Poder Judicial al MEC de la potestad para realizar casamientos fue incluido por el gobierno en la Ley de Presupuesto como un proceso de descentralización. Además de matrimonios, el trabajo consiste en hacer actas de defunciones, inscribir nacimientos y realizar reconocimientos de hijos, tareas que desde 1879 estaban en manos de los jueces de paz. Está previsto que las intendencias reciban 50 pases en comisión del Poder Judicial para ofrecer el servicio y capacitar a los funcionarios municipales.
El intendente de Salto, Andrés Lima, había dicho a El País a principios de setiembre que el MEC no había transferido el dinero por los servicios de matrimonio y certificados de soltería, que son los únicos que tienen un costo para quienes los solicitan. “La intendencia asume todos los costos pero el MEC se queda con los recursos, cuando en realidad se había comprometido a volcarlos a las intendencias”, afirmó Lima.
De acuerdo a información del MEC, las intendencias de Canelones, Maldonado y Salto son las que han realizado más trámites que antes correspondían al Registro Civil. Entre los matrimonios, los reconocimientos de hijos y las actas de nacimientos y defunciones firmadas, Canelones selló 3.713 trámites; Maldonado, 3.075, y Salto, 2.443. En orden decreciente, la lista se completa con Rivera, Paysandú, Colonia, Tacuarembó, Cerro Largo, Soriano, San José, Rocha, Artigas, Florida, Lavalleja, Río Negro, Durazno, Treinta y Tres y Flores.
