Munyo cree que la neutralidad histórica de Uruguay no tiene el mismo alcance que en el pasado. Señaló que, en el orden multilateral previo, esa neutralidad constituía un activo relevante para la inserción internacional del país, mientras que en el contexto actual se traduce en mayores dificultades.
Indicó que las cadenas de valor tienden a organizarse entre países con afinidades políticas y estratégicas, y que la apertura comercial incorpora ahora un componente adicional: el riesgo o costo político.
-
Desaceleración global y menor atractivo para invertir
Munyo señaló además que la economía global atraviesa un proceso de enfriamiento asociado a la dinámica geopolítica. Indicó que este proceso se explica por mayores tarifas al comercio internacional, episodios de aumento en los precios de la energía y desaceleración en las principales economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, China y Europa.
En la región, añadió, el panorama también muestra signos de desaceleración, con atención puesta en los procesos electorales en Brasil y en la reestructuración del crecimiento económico en Argentina, factores que inciden sobre el entorno regional inmediato de Uruguay.
En cuanto al plano energético y sus efectos macroeconómicos, sostuvo que los movimientos en los precios del petróleo tienen impacto directo sobre la inflación global, lo que a su vez incide en las tasas de interés internacionales. Según explicó, este mecanismo contribuye a mantener tasas elevadas a nivel global, lo que sostiene altos retornos en las inversiones financieras y eleva el costo de oportunidad de las inversiones productivas.
El contexto financiero internacional actual, señaló, presenta similitudes con el período 2007-2008 en términos de tasas de interés internacionales elevadas, aunque con diferencias relevantes en la rentabilidad de invertir en Uruguay entre ambos períodos.
Munyo advirtió que los costos de producción han crecido de forma mucho más intensa que los ingresos asociados a las inversiones productivas. Según indicó, mientras los ingresos productivos aumentaron en promedio algo más de una vez y media, los costos casi se triplicaron, lo que deteriora profundamente la opción de invertir en Uruguay frente a alternativas atractivas y libres de riesgo.
También señaló que la inversión ha mostrado una evolución insuficiente, con un ratio inversión-PIB por debajo del 16%, lejos del objetivo del 20% que se plantea como referencia para sostener mayores niveles de crecimiento económico. Añadió que los niveles de inversión extranjera directa se mantienen demasiado bajos respecto de otros países de la región.
“Sin más inversión no es posible un crecimiento sostenible”, afirmó.
-
La competitividad, el principal desafío
En esa realidad desafiante, identificó a la competitividad como el principal desafío económico del país y la describió como una mesa de tres patas: regulación laboral, regulación de la competencia y carga fiscal, incluyendo impuestos y tarifas públicas.
Señaló que las tres dimensiones presentan debilidades y requieren reformas de fondo. A su juicio, estas transformaciones han sido postergadas durante un período prolongado y su implementación depende no solo de capacidades técnicas, sino también de condiciones políticas y sociales.
El director de Ceres introdujo el concepto de "licencia social" como condición necesaria para avanzar en reformas estructurales. Sostuvo que, sin respaldo social y político, las transformaciones de mayor profundidad no pueden concretarse.
-
Respaldo al proyecto de ley de competitividad
En ese sentido, indicó que, en el caso de la competencia, existe margen para avanzar, dado que este tema ha estado presente en las últimas campañas electorales de todos los partidos.
Un buen ejemplo de ello es el proyecto de ley de competitividad enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el pasado 18 de junio, iniciativa que Munyo valoró positivamente por incorporar herramientas relevantes para modernizar el marco regulatorio uruguayo. Lo calificó como “un muy buen avance para la agenda de modernización regulatoria del país”.
Entre sus principales fortalezas destacó la adopción de un criterio de proporcionalidad en las regulaciones, la gestión basada en riesgos, el silencio positivo para determinados procedimientos administrativos, así como medidas orientadas a profundizar la digitalización, evitar la duplicación de información, eliminar restricciones obsoletas y fortalecer la competencia en los mercados.
No obstante, señaló que varias de las disposiciones propuestas dejan aspectos sustanciales sujetos a reglamentación posterior, lo que podría limitar su efectividad. En ese sentido, propuso ajustes para fortalecer la iniciativa, entre ellos convertir los principios regulatorios en derechos exigibles por ciudadanos y empresas, establecer como obligatoria la aceptación de evaluaciones extranjeras en determinados ámbitos y crear un Consejo Asesor de Competitividad con jerarquía e independencia técnica.
Respecto a los cambios que requiere la regulación laboral y la carga fiscal, advirtió que no existe actualmente el mismo nivel de respaldo social para reformas de fondo.
Con relación a la regulación laboral, afirmó que constituye desde hace tiempo una de las principales restricciones a la inversión en Uruguay.
-
Un plan para revisar y ordenar el gasto público
Pese a la falta de “licencia social” para una reforma fiscal, Munyo cree que es posible avanzar en esa dirección. Para ello, planteó analizar el gasto público según sus cometidos, distinguiendo entre gasto esencial, básico y complementario. El crecimiento más acelerado registrado por este último en las últimas décadas abre espacio para una revisión de programas y asignaciones de recursos, aseguró.
En su opinión, es posible revisar programas, estructuras y asignaciones de recursos con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto y reasignar fondos hacia áreas prioritarias como infancia, seguridad pública y atención a personas en situación de calle, sin incrementar la carga tributaria.
Sostuvo que una estrategia de revisión del gasto podría permitir alcanzar objetivos fiscales similares a los planteados por el gobierno mediante aumentos de impuestos. Sin embargo, tendría efectos más favorables sobre la inversión y las expectativas económicas.
-
Medidas concretas para mejorar las cuentas públicas
El economista propuso un plan de ordenamiento del gasto público con el propósito de mejorar la eficiencia del Estado y reasignar recursos hacia áreas de mayor impacto.
Entre las iniciativas planteadas se encuentra la tercerización total del dragado del puerto, una actividad para la que la Administración Nacional de Puertos prevé inversiones por US$ 115 millones entre 2025 y 2029, de los cuales US$ 63 millones corresponden a dragado propio. La propuesta apunta a concentrar la operativa en servicios contratados externamente, con un ahorro estimado de US$ 11 millones anuales por costos operativos.
Otro de los ejes del plan refiere al cierre de la producción nacional de portland, una actividad que registró pérdidas de US$ 31 millones en 2025 y acumula resultados negativos por US$ 840 millones desde el año 2000. Como alternativa, se plantea un programa de transición laboral para los 370 trabajadores vinculados a las plantas de Paysandú y Minas, que incluiría un subsidio temporal de $ 80.000 mensuales durante un año y capacitación a través de Inefop.
La medida permitiría un ahorro estimado de US$ 22 millones en el primer año, al que se sumarían unos US$ 30 millones por la venta de activos.
La propuesta también contempla una revisión de los incentivos a los vehículos eléctricos e híbridos particulares. En concreto, se plantea mantener los beneficios arancelarios, pero equiparar el pago de Imesi y patente al de los vehículos a combustión. Bajo determinados supuestos de mercado, esta modificación permitiría incrementar la recaudación en aproximadamente US$ 90 millones anuales.
Por último, el plan propone reformular el funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización, sustituyendo gradualmente la tenencia estatal de tierras por mecanismos de apoyo y acompañamiento a los productores.
La iniciativa incluye frenar nuevas compras de campos, incentivar la adquisición de predios por parte de colonos con antigüedad y ajustar progresivamente los arrendamientos hacia valores de mercado.
Según las estimaciones presentadas, estas medidas generarían ingresos y ahorros del orden de US$ 190 millones anuales.
-
Advertencia sobre la seguridad social y la demografía
Estas acciones, sumadas a una revisión general del gasto público restante, y estimando que ello generaría —con base en experiencias de otros países— un ahorro anual equivalente a cerca del 1% del gasto, permitirían una mejora fiscal superior a los US$ 550 millones por año.
Munyo abordó también el sistema de seguridad social y el rol de las AFAP. Expresó preocupación por propuestas surgidas del diálogo social que, a su juicio, podrían afectar el funcionamiento del sistema sin mejorar las jubilaciones ni ampliar la libertad de los trabajadores para decidir sobre la administración de sus ahorros previsionales.
Señaló, en particular, la necesidad de mejorar la gestión del Banco de Seguros del Estado como asegurador del esquema previsional, lo que tendría efectos inmediatos y significativos sobre las jubilaciones.
Planteó que el sistema requiere además mejoras en la eficiencia de la renta vitalicia y en las condiciones de inversión de los fondos, con alto impacto en los retornos de largo plazo.
Finalmente, advirtió sobre el efecto de las proyecciones oficiales del Censo 2011 en comparación con las del Censo 2023: hacia 2045 Uruguay tendría 177.000 personas menos en edad de trabajar y 112.000 menores de 14 años, junto con una caída de la fecundidad, con una tasa de 1,2 hijos por mujer y una reducción estimada de unos 14.000 nacimientos.
Si a ello se suman las propuestas surgidas del diálogo social, en particular la eventual reducción de la edad de jubilación, se corre el riesgo de diluir las ganancias de sostenibilidad fiscal proyectadas en la reforma de 2023.
Como cierre, el economista reiteró que el contexto internacional vuelve más exigente la tarea de atraer inversiones y subrayó que el país enfrenta el desafío de recuperar competitividad mediante reformas estructurales en las tres dimensiones señaladas.
“La competitividad es el gran problema que Uruguay debe resolver”, concluyó.
