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13 de 19 intendencias arrastran números rojos de años anteriores

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Los números rojos que arrastran las intendencias, un déficit crónico que tienen 13 de 19

Pese a que la mayoría de los intendentes lograron el equilibrio financiero al cierre del 2021, buena parte de las comunas que administran arrastran números rojos desde años y administraciones anteriores

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16 de julio de 2022 a las 05:02

Buena parte de los intendentes en ejercicio pueden sacarse chapa de haber logrado el equilibrio financiero en sus gobiernos departamentales, con una porción de sus ingresos que –en mayor o menor medida– quedó preservada en caja al cierre del 2021. Fueron solo cuatro las comunas que registraron déficit en el último año, aunque ninguna pasó del 6% –Cerro Largo fue la más deficitaria–.

Este logro político que cada jefe comunal buscará capitalizar llega con los repuntes en la recaudación y permite revertir un panorama deficitario que para la antesala de las elecciones departamentales de 2020 se extendía a 12 de las 19 intendencias, antes incluso de la llegada del covid-19 a Uruguay.

Sin embargo, el escenario parece menos optimista cuando se contempla el resultado acumulado de cada comuna. En ese caso, son 13 de 19 intendencias las que arrastran déficits de años y administraciones anteriores, según surge de las rendiciones de cuentas a las juntas departamentales procesadas por El Observador.

Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Tacuarembó y Treinta y Tres son las únicas intendencias que no acumulan números en rojo, según declararon en los balances que remitieron a los ediles.

En todo el resto de los resultados deficitarios hay una historia, y a menudo un gobierno de otro signo político –o del mismo– contra el que cargar. La Intendencia de Florida, encabezada por el nacionalista Guillermo López –hoy presidente del Congreso de Intendentes– es la que registra el déficit más abultado al contrastarlo con su estructura de ingresos en el último ejercicio: el 66,7%, equivalente a $ 1.263 millones.

Le siguen las comunas de Salto, Maldonado, San José, Artigas, Cerro Largo y Canelones. Todo esto pese a que cinco de ellas tuvieron equilibrio financiero en el último ejercicio.

Canelones, por ejemplo, lleva logrando superávits de forma consecutiva desde 2013, aunque sigue lejos de revertir los números rojos que la administración del Frente Amplio achaca en especial a la última gestión del colorado Tabaré Hackenbruch, agudizada por la crisis económica de 2002.

Los saldos negativos de los gobiernos departamentales suponen un tema de larga data que es objeto de estudio desde hace décadas. El politólogo Ernesto Nieto –especializado en temas subnacionales– se remonta incluso a los años posdictadura en Uruguay, cuando las intendencias arrancaron un “proceso incremental en las funciones a desempeñar”.

“Según la ley orgánica municipal, las intendencias tienen que velar por el orden público, cuidar que se aplique la ley, hacer el famoso “ABC” (alumbrado, barrido y calles) y poca cosa más. Sin embargo, a partir de la década de los 70 era muy evidente que eso necesitaba una actualización institucional”, explicó Nieto a El Observador, señalando la necesidad de “asumir las distintas demandas de las poblaciones”.

“Nada que ver el rol que tienen hoy en la promoción de distintos tipos de actividades vinculadas al turismo, a la industria, a la economía, con lo que prestaban 50 años atrás”, complementó.

Para el duraznense Carmelo Vidalín –que se ha desempeñado como intendente durante 17 años de su larga actividad política– una de las claves radica en la exigencia de los cobros. “Somos tremendamente exigentes con la contribución, y todo lo que implica tasas. Yo cobro hasta el agua”, dijo el jerarca a El Observador. “No me conformo con lo que nos retorna a través del 3,33% del Presupuesto Nacional establecido constitucionalmente”, declaró, deslizando sin explicitarlo una crítica a otros intendentes que ven en las sanciones un eventual costo político a asumir en los comicios venideros.

El politólogo Nieto añade otra línea de análisis: “No podemos ser tan ingenuos. También hay un problema de clientelismo. De eso no tenemos información suficiente, con regímenes de contratación particulares donde por ejemplo no se hacen llamados a concurso. Es una práctica habitual que también tiene que ver con el déficit, porque la enorme mayoría de los recursos son para el rubro 0 (funcionarios)”, expuso.

Según datos recopilados por la Oficina Nacional del Servicio Civil, ese rubro aumentó en 16 de las 19 intendencias durante el último quinquenio, con el 47% de las altas de funcionarios que en 2021 se debieron a contratación directa, sin concurso.

¿Por qué entonces fueron tan positivos los balances en el ejercicio 2021? Las variables sobre la mesa van desde el aumento en la recaudación hasta los ahorros que supusieron la postergación de algunas actividades por la pandemia –como alega, entre otros factores, la Intendencia de Treinta y Tres a la hora de explicar su superávit.

Desde la realidad maragata, el director de Hacienda, Miguel Olague, aporta otra lectura –al tiempo que aclara que el equilibrio financiero es de los principales objetivos de la gestión de Ana Bentaberri: “Todo intendente siempre compromete más obras y ejecuta más intensamente en los últimos años”, por lo que primero “se sientan las bases” para hacerlo.

Desde la ciencia política, Nieto valida esa mirada al ser consultado por El Observador, apoyado en especial en la reforma de 1996 que separó a las elecciones nacionales de las departamentales. “A todos los intendentes les gusta llegar inaugurando obras, sobre todo cuando pueden ir por la reelección”, sostuvo. Para hacerse una idea, la tasa de reelección a nivel departamental pasó de un promedio de 36% a 62,5% después de la reforma.

Nieto deja planteada la interrogante: “¿Lleva tres años y medio tener un mecanismo aceitado para hacer las obras o hay una prioridad política de llegar a hacerlas a esa altura? Ahí habrá que estudiar caso a caso”.

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