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El Congreso de Intendentes aprobó en mayo la extensión del plan.

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El relato de los beneficiarios de jornales solidarios: "Hemos hecho trabajos de calidad por dos mangos"

“Hay gente que no sabe leer ni escribir. No sabían lo que era trabajar. ¿Sabe lo que hacían? Salían a robar”, dijo uno de los participantes, que reclaman tener preferencia en el sorteo de la "Fase 2"

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14 de junio de 2022 a las 10:26

Hasta el mediodía de este lunes, 117.126 personas se habían inscripto para aspirar a algunos de los 10 mil puestos que estarán disponibles para la "Fase 2" del Programa de Oportunidades Laborales, el plan de empleo que el Poder Ejecutivo implementó en acuerdo con las intendencias bajo el nombre de "jornales solidarios".

Se trata de una nueva etapa de un mecanismo que se viene implementando desde el año pasado con el objetivo de paliar, principalmente, las consecuencias en el empleo producto de la pandemia y la crisis económica. También estará destinada a las personas que estén en "situación de desocupación forzosa". Los puestos de trabajo volverán a ser asignados por criterio territorial en todo el país y los beneficiarios deberán realizar tareas "que aporten valor público a la sociedad". Podrán trabajar doce jornales efectivos por quincena, por lo que recibirán un salario mensual equilavalente a $ 12.500. 

La extensión del programa fue ratificada el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, pocas horas después de que un grupo de beneficiarios directos fuera al Parlamento a exponer severas críticas a sus resultados reales

“No estamos en contra del trabajo sino a su favor, pero consideramos que es insuficiente la medida que se está tomando” dijo Ruben Soca, uno de los voceros de la Coordinadora de Trabajadores del Programa de Oportunidades Laborales.

Por un lado, Soca dijo que "diez mil puestos de trabajo es poco para todos los ciudadanos que están sin trabajar”. 

Por otra parte, también consideró “bajísimo” el salario que se otorgará por el trabajo que se pide. Para ilustrar su punto, el vocero del grupo preguntó directamente a los legisladores si podrían vivir con los $ 12.500 que se cobra por el plan. 

Cuatro reclamos

Asimismo, la coordinadora expuso ante la comisión una plataforma con cuatro puntos.

El primero de los puntos fue el reclamo de estabilidad laboral. Según la coordinadora, los trabajadores que participaron en la Fase 1 del programa y que ahora quedarán fuera están lejos de tener resuelta su situación laboral. Dado que los actuales beneficiarios deben inscribirse nuevamente y esperar salir sorteados si es que desean continuar en el plan, los trabajadores pidieron que se les otorgue prioridad a quienes ya transitaron por esta experiencia, a través de una calificación diferenciada. 

En segundo lugar, plantearon un aumento en la cantidad de jornales para mejorar las prestaciones recibidas. “Claramente la remuneración que han tenido los trabajadores no llegan a cubrir las necesidades básicas de cualquier persona”, sentenció Soca. 

El tercer punto de los reclamos tuvo que ver con las condiciones de trabajo. Los beneficiarios argumentaron que se les pide “las más variadas tareas” sin una clara delimitación que rija además para ltodo el país. Soca afirmó incluso que hay trabajadores realizando tareas sin las debidas medidas de seguridad. “Lo único que nos faltó hacer fueron torres. Después, hemos hecho de todo: herrería, pintura, yeso”, afirmó. “Hemos hecho trabajos de calidad por dos mangos, hablando pronto y con todo respeto”, agregó el vocero del grupo, que se ofreció a aportar grabaciones como prueba.  

Soca insistió en su reclamo por atender la situación de las personas que participaron del plan y que ahora quedarán afuera. “Cuando se abra esto, la sorpresa va a ser más grande. Hay gente que no tiene nada”, advirtió. “No sabemos si pagar la luz o comer. Y si nos enganchamos, vamos presos”. 

Por último, la coordinadora reclamó también una “red de contención”, si se toma en cuenta que el foco de este plan es población más vulnerable. Así lo planteó otro integrante del grupo, Miguel Alaniz que, con 53 años, dijo que actúa “como de psicólogo” de sus compañeros más jóvenes. “Hay gente que no sabe leer ni escribir, afirmó. “No sabían lo que era trabajar. ¿Sabe lo que hacían? Salían a robar”. 

Alaniz fue concreto: mucha gente que perderá su plaza en el plan ahora, tendrá un único camino. “Aparte de perder el trabajo, estamos mandando a una persona a la calle a salir a robar”, dijo. Allí lamentó que muchas personas que no estaban acostumbradas a trabajar , que ahora “le agarraron el gustito” y se habituaron a cumplir un horario se queden sin nada. 

La problemática fue planteada también ante la comisión por Leonardo Páez, otro de los beneficiarios del plan. “Si les muestro mi celular, tengo 50 mil mensajes de compañeros que se han quedado sin laburo y ya no tienen nada que comer”, señaló. 

“Hay gente que no sabe leer ni escribir. Le damos la planilla para firmar y hace una cruz, o le tenemos que leer el recibo de sueldo porque no sabe ni cuánto aporta al BPS”, contó. Páez agregó que la situación no solo abarca a las 15 mil personas que fueron hasta ahora beneficiarias del plan. Allí recordó que más de 240 mil personas se habían inscrito el año pasado para participar. 

Ante los legisladores, Soca se preguntó por qué invertir en armas y en patrulleros para la seguridad en vez de hacerlo en "laburo" de calidad. "Es mentira que los uruguayos no queremos laburar", afirmó. El problema, dijo, sigue siendo la realidad. "No podemos seguir pintando que estamos en 'Alicia en el país de las maravillas' cuando tenemos tanta gente que la está pasando mal", pidió. "Hay un sector de la sociedad que está totalmente destruido". 

Con todo, el integrante de la coordinadora valoró las cosas buenas del proyecto. "Hay gente que dormía en la calle y con este plan se está pagando una pensión", contó, antes de concluir que "debe haber una solución de fondo" ya que "estos planes no pueden seguir más".

Disponilidad presupuestal 

El gobierno dispuso $ 415 millones para la implementación de esta nueva fase con recursos de Rentas Generales. La "disponibilidad presupuestal" fue uno de los motivos por los que esta etapa tendrá 10.000 y no 15.000 puestos a adjudicar. Así se lo dijo a El Observador el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López. El titular de la Intendencia de Florida explicó que el programa ahora está planteado con otro alcance y diseño. 

En su momento, expresó, se entendió que la incertidumbre planteada por la pandemia ameritó realizar un esfuerzo que debía ser además acotado en el tiempo. Según López, la situación de pandemia ya no es una condicionante y los datos de empleo y actividad reflejan que "se empieza a reactivar" la economía. 

Los interesados en participar en esta fase deberán inscribirse en un Registro Nacional, incluso si ya lo habían hecho en la etapa anterior. Podrán hacerlo aquellos comprendidos entre los 18 y los 65 años de edad que no reciban ningún tipo de prestación salarial pública o privada, así como tampoco algún tipo de subsidio por desempleo, enfermedad, jubilación, pensión o retribución personal. La excepción está planteada para los beneficiarios de alguna prestación del Ministerio de Desarrollo Social. 

El plan estará vigente desde el 1 de julio al 31 de octubre. Ese último mes, en forma excepcional, los favorecidos quedarán habilitados a realizar en simultáneo una actividad laboral complementaria en el sector privado que no podrá exceder los ocho jornales mensuales.

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