“Tenemos pocos positivos (de lavado de dinero), pero los hisopados los hacemos"

Aunque la pandemia lo obligó a trabajar desde su casa, ya encaró cambios sustanciales en la Senaclaft, por ejemplo que la mitad de los funcionarios que realizan las inspecciones sean abogados para garantizar el debido proceso desde el inicio y crear un software para mejorar los análisis de riesgo, ya que hasta ahora se hacían en forma manual y con Excel.

En entrevista con El Observador por Zoom, Chediak mostró uno de sus preciados tesoros, su colección de autos a escala 1,8, y aprovechó para afirmar que fue un error no controlar la compra de autos de alta gama y por eso comenzaron a cruzar datos en ese sector.

Además, contó que aprovechó estos primeros meses de aparente inactividad por la emergencia sanitaria para concluir 200 expedientes que heredó. De ellos se sancionó solo al 3% de los inspeccionados, a 15% se lo observó y al restante 82% se le archivó la causa, por entender que se cumplió con los controles. 

¿Qué equipo tiene la Secretaría Antilavado para investigar?

La secretaría tiene 25 funcionarios, de los cuales solo tres son propios, el resto son funcionarios con pases en comisión. Cuando llegué había una docena que eran contadores de la DGI. Una de las primeras cosas que vimos es que los inspectores tenían un perfil muy similar al de los inspectores de DGI pero no hacemos inspecciones numéricas a la búsqueda de defraudación tributaria sino sobre operaciones realizadas que conllevan análisis de documentación. Queremos la visión del abogado desde el inicio para ser puntillosos en el debido proceso, por lo que nos propusimos armar equipos mixtos de inspectores integrados por un contador y un abogado. La idea es llegar a media docena de equipos.

¿Mantuvo los contratos por pases en comisión?

Tratamos de mantener el número de funcionarios constantes no incrementarlos para cumplir con la política de austeridad del gobierno. Mantuvimos tres contadores de la DGI y una de Presidencia de la República, estamos en el camino de incorporar a los abogados. Quien coordina a los equipos inspectivos es un abogado del Ministerio de Defensa, que estaba en las fiscalías militares, el doctor Gustavo Misa, e incorporamos a una abogada de la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia. E hicimos una incoporación muy importante de un técnico en sistemas. El trabajo se basa en análisis de riesgos, los sujetos obligados son más de 12.000, entre ellos más de 7.000 escribanos, algunos abogados, contadores, casinos, zonas francas, oenegés.

¿Qué tarea desarrollará ese técnico en sistemas? ¿Cómo se va identificar el riesgo?

Tenemos acceso a muchísimas bases de datos: DGI, BPS, Registros Públicos, Aduana, Zona Francas. Y luego, como son las operaciones de inteligencia, todo se basa en cruzamiento de datos. Se hacía muy a la uruguaya, con funcionarios trabajando largas horas en planillas de Excel. Se hacía de una manera muy costosa en horas hombre y muy lenta.

¿La idea es que ahora se carguen los datos y el sistema analice los riesgos?

Todavía no. Todavía estamos en la carga manual de los datos. Pero nos permitirá acotar el trabajo, por la cantidad de indicadores que se cruzan se va a definir inspeccionar a quienes tengan potencial de riesgo de manejar fondos de origen ilícito categoría 10, 9, 8 y 7.
 
Usted anunció que harán inspecciones en zonas francas, basados en este nuevo cruzamiento, ¿sabe a cuántas se va a ir?

Sí, a partir de ese análisis de riesgo y de esas categorías hablamos de entre 80 y 100 usuarios de los 500 que hay en todas las zonas francas.El análisis hasta este momento es teórico, una vez que realicemos las inspecciones tendremos el resultado concreto y nos permitirá contrastar nuestro análisis de riesgo con la realidad. Hay que tener en cuenta que, como todo lo prospectivo, es un análisis de riesgo potencial. Puede pasar que una empresa con riesgo potencial 10 tenga todo en regla.

¿Por qué se va a empezar por las zonas francas?

Hasta ahora se había hecho hincapié en escribanos y contadores –ente los abogados, son un par de centenares los sujetos obligados–, después vinieron casinos, que creo que son cuatro, y tienen una estructura de análisis de riesgo ya montada basada en los perfiles de clientes financieros, es decir que son sectores trabajados, en cambio zonas francas no. 

¿No se las había inspeccionado?

Se hizo pero sin este análisis de riesgo tan afiatado. Ahora vamos con más conocimiento de las complejidades de los distintos negocios y con análisis de riesgo más acabado que nos llevará a no repetir inspecciones de muy bajo riesgo que no ameritan el dispendio de recursos de la oficina. 

Habló de que se elaboraron unos manuales genéricos por profesión o rubro, ¿qué incluyen esos manuales?

Una de nuestras abogadas ha estado elaborando unas guías con debida diligencia para que sea un formulario que los sujetos obligados vayan completando. Es un aterrizaje de la normativa y además es oficial, es lo mismo que la Senaclaft les requiere cuando hace inspecciones y evaluaciones. Esto es lo que les vamos a exigir y no más, y no los vamos a sancionar por alguna eventual omisión que no les hayamos advertido. La idea es que haya una relación más de socio, que no nos vean como al malo de la película.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en su último informe de evaluación, de diciembre de 2019, destacó la “escasa cantidad de operaciones sospechosas reportadas por los sujetos obligados del sector no financiero”.

Nos acusan de tener pocos casos pero es como en el covid, tenemos pocos positivos pero los hisopados los hacemos.

¿Los inspecciones a los partidos políticos, las iglesias y entidades deportivas vendrán después de las zonas francas?

Tenemos un equipo asignado de inspectores ya trabajando en ello, De acuerdo a los movimientos de fondos que manejan y a su estado patrimonial, de las 6.000 tenemos un listado de 600, es una de cada 10 que inspeccionaremos. Habrá que formular guías de debida diligencia específicas. La idea es sobre fin de año ya comenzar con las oenegés.

¿En materia de presupuesto ya tiene claro qué va a pedir? 

Ya tuvimos la reunión en Presidencia y designamos a una de las contadoras para conformar en conjunto con la OPP el plan para los cinco años. No vamos a exigir partidas excepcionales. El plan más costoso estaba vinculado a la compra del software (para los análisis de riesgo) y tuvimos la noticia formidable de que el técnico informático con su conocimiento e inteligencia puede desarrollar ese software, por lo que hemos suspendido la adquisición. Nos llevará un poco más de tiempo, un poco más de trabajo pero hay que acompañar el ahorro general del Estado. La oficina es chica y va a seguir de la misma manera. El recambio de equipos informáticos no será inmediato, y los gastos de funcionamiento provienen básicamente de las inspecciones que requieren viáticos y traslados al interior.

¿Tienen vehículos?

No tenemos. A mí me han ofrecido vehículo de Presidencia para ir al Parlamento pero no lo he requerido. Los inspectores van en sus autos particulares y se les abona la nafta. Y luego se paga una cuota anual de US$ 48 mil por membresía de Gafilat. Y se realizan algunos viajes físicos a encuentros de jerarcas, pero son dos al año básicamente.

Ha dicho que el riesgo de lavado en Uruguay es alto, ¿en qué se percibe eso?

Es acorde al país, no hay una vacuna contra el virus del lavado de activos ni la va a haber. Una de las fortalezas que tiene Uruguay y nos pone muy a cubierto es el tamaño, sería inviable ingresar al circuito financiero legal cantidades ingentes de dinero físico. Segundo, tenemos una normativa muy moderna y adecuada a los estándares internacionales. ¿Hay riesgos? Sí. Tenemos esta situación regional de capitales vinculados a la corrupción pública de otros países que han terminado haciendo inversiones en ladrillos o en tierras en Uruguay. Seguiremos tratando de tener lo más aceitado posible el mecanismo de sujetos obligados no financiero. Puede pasar que capitales de origen ilícito quieran invertir en Uruguay. Ahora estamos haciendo nuestro análisis de riesgo vinculado a las inversiones por cannabis y también estamos con análisis de riesgo en relación con participaciones público privadas. En estos días estamos con la vinculada al hotel San Rafael analizando el origen de los fondos del grupo Cipriani.

Justamente, es ampliamente conocido el lavado de dinero a través de inversiones en Punta del Este. ¿Las constructoras están en el cronograma de inspecciones?

Ya se han hecho inspecciones pero es uno de los sectores en los cuales tenemos pendiente mejorar el análisis de riesgo. Cuando se habla de la nueva situación de prestigio de Uruguay por su extraordinario desempeño en el manejo de la pandemia, cuando se habla de facilitar la residencia fiscal si esos estímulos funcionan, va a darse un nuevo impulso a capitales extranjeros en tierras o en ladrillos y habrá que extremar controles. También tenemos una situación vinculada al sector de inmobiliarias en Punta del Este, hay un porcentaje que se manejan por fuera de la normativa legal, también allí estamos trabajando. Pero en estos tiempos de pandemia la actividad económica riesgosa también ha bajado y le ha servido a la oficina para archivar expedientes, hemos culminado el trámite de más de 200 expedientes que estaban pendientes, como se hace en los juzgados durante la feria, a los efectos de tener más espalda, más capacidad operativa para el futuro.

¿Cuántas sanciones se han puesto?

Al 3% se lo ha sancionado y puesto observaciones en el 15% de los casos, o sea que ocho de cada diez inspecciones terminaron sin multas ni observaciones, lo cual habla de un muy adecuado nivel de cumplimiento de las obligaciones.

La Secretaría tenía bajo la lupa a cinco estudios jurídicos por sospechas de participación en casos de lavado, ¿hubo sanciones? ¿Estaban dentro de esos 200 casos?

Recuerdo el del estudio Posadas, Posadas & Vecino que fue el primero importante que terminó en archivo, sin sanciones. No tengo ninguna duda de que no existía mérito para sancionar, y era lo que recomendaba nuestra Jurídica.

Estaba vinculado a Lava Jato

Vinculado a actividades de creación de servicios, creación de personas jurídicas y manejo de esas personas jurídicas, residencias fiscales, etcétera. Sé de otros que siguen en trámite. 

¿Al estudio Damiani se lo sancionó?

Todavía está en trámite. Son procesos largos, el debido proceso es complejo y largo, hay que dar más de una vista, para garantizar el derecho a defensa, no solo antes de una eventual sanción sino que una vez que se decide sancionar hay que volver a dar vista para que se pueda defender. Hay un caso en el que tenemos una sentencia adversa anulatoria de la sanción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Terminaremos archivando ese expediente que es el criterio que la Corte solía tener en caso de que un ciudadano afectado pasara esos años de pleito. En general acatábamos. Si ganó en el TCA, no continuábamos adelante.

¿Estamos hablando del escribano del caso de El Entrevero, vinculada al lavado K?

Sí, es un escribano, el nombre no lo voy a decir pero sí perdimos ante el TCA. La sanción original fue en la órbita del Banco Central. Queremos prevenir en la medida de lo posible terminar con una sentencia adversa en el TCA, y ese fue uno de los principales motivos por los que incorporamos abogados entre los inspectores, para que todo lo que hagamos esté avalado legalmente y asegurar el cumplimiento del debido proceso desde el primer momento.

Entonces, ¿algún estudio jurídico fue sancionado?

No recuerdo que haya habido una sanción importante. Además, habíamos suspendido el otorgamiento de vistas por la pandemia.

En el caso Lava Jato quedó claro que millones de dólares provenientes del lavado pasaron por Uruguay y es lo que pasa usualmente, el dinero no queda acá, se hacen movimientos de cuentas bancarias a distintos lugares. ¿Dónde están las fallas y cómo se soluciona eso?

Es muy difícil contestar esa pregunta. Desde el 2010 hemos mejorado la normativa y los contralores. Seguramente haya cosas que mejorar, pero la experiencia indica que cada vez se ha vuelto más difícil movilizar dinero. Obviamente, los supuestos casos emblemáticos evidencian que había defectos en los protocolos de contralor y que situaciones excepcionales pueden pasar, hay que avanzar. Un ejemplo, porque me gusta mucho el rubro debido a que mi padre era vendedor de autos, en el caso Balcedo me sorprendió mucho su colección de autos de alta gama. Me preguntaba cómo había llegado a pasar los controles aduaneros y me llevé la sorpresa de que la venta de automóviles de alta gama no es un sector que la Senaclaft controle porque se estimó que, como se venden 400 autos de ese tipo por año, la relación costo beneficio no ameritaba incluirlos en la normativa. Yo discrepo. Vamos a tratar de ejercer contralores indirectos y modificar esa normativa. 

¿Cómo se harán esos controles? ¿Va a haber cambios en la normativa?

Ni siquiera cambios, son pequeños ajustes para incorporar a este sector, porque en la venta de antigüedades y obras de arte (también sujetos obligados) el número de operaciones mayores a US$ 15 mil ha sido bajísima, pero tenemos unas cuantas ventas de automotores de US$ 100 mil para arriba... Hubiera sido más productivo tener más afiatado los controles en autos de alta gama. Es notorio que hay perfiles de personas que han accedido a dinero fácil y lo gastan en autos de lujo. Hay gente que los colecciona, no en la escala de 1,8 como yo (se ríe). Ya estamos haciendo cruzamiento de información para tener controles ahí.

También se investigaba a unas 20 sociedades sospechosas de ser parte de la corrupción K.

La respuesta que se nos ha dado de los estudios inspeccionados es que la propia modalidad ha ido bajando enormemente dada las dificultades crecientes, es una actividad en decadencia. Era un sector próspero, ahora está mucho más chico.

¿Dice que ya no se crean sociedades?

No puedo asegurarlo con esa firmeza pero todos dicen que es un sector que se ha ido achicando.

Supongo que igual en las inspecciones se seguirán mirando las sociedades creadas.

Por supuesto. En ese tipo de operaciones se revisa la actividad de los últimos cinco años.

En general, los escribanos no han sido procesados por lavado. En el caso Balcedo, la jueza no hizo lugar al pedido de la fiscalía y dijo que no se podía probar que “con su asesoramiento y asistencia técnica” hubiera obtenido un beneficio indebido.

Son contados con los dedos de una mano los escribanos procesados, y por asistencia al lavado que es un delito menor. Le reitero, la actuación en la gran mayoría de los casos ha sido adecuada a derecho.

¿Pero es porque no hay responsabilidad o porque se detecta poco?

La sensación es que hay poco lavado de activos, no que haya un déficit en los controles, sino que el lavado está acotado; puede haber casos asintomáticos, como en los casos de covid, no detectados pero la idea es esa.