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Colegio de Contadores dice que ley antilavado los obliga "hasta de más"

El secretario antilavado dijo la ley “es un reconocimiento de que el Estado no puede" investigar solo

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13 de diciembre de 2018 a las 18:42

La presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), Cristina Freire, afirmó que la nueva normativa antilavado "molesta un poco" porque se sienten "obligados hasta de más pero es una ley y es un decreto y hay que cumplirla”. La contadora dijo a El Observador que han trabajado con la Secretaría Antilavado "en la discrepancia y en la discusión" y "muy bien" e instó a sus colegas a  "conocer la nueva ley para hacer frente a ella" y protegerse "de posibles efectos legales”. 

Freire hizo esas declaraciones en el marco de una conferencia que dio el secretario para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa, en la sede del CCEAU este miércoles. Espinosa remarcó la importancia de que los abogados, escribanos y contadores se registren en el sistema que está disponible en un portal del gobierno según dispone el decreto que reglamentó la Ley Integral Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Ley No. 19.574) y que da un plazo de 90 días que empezó a contar a partir del 20 de noviembre.

La nueva ley de lavado de activos sumó como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos a los contadores, abogados, las asociaciones civiles (desde iglesias hasta clubes de fútbol), rematadores, constructoras, casinos, y vendedores de objetos de arte. Asimismo, cambia las reglas para otros, como los escribanos, y proveedores de servicios societarios ya incluidos en la ley de lavado. En el caso de los contadores, deberán investigar a sus clientes.

Espinosa señaló que la ley “es un reconocimiento de que el Estado no puede concretar la investigación solo” ya que, según explicó estos delitos se cometen a través de actividades lícitas dentro del sector no financiero, lo que no permite que el Estado lo detecte. 

Espinosa agregó que se trata de una reglamentación necesaria ya que “el sistema internacional presiona a los países para que se apliquen determinados estándares”. Esto significa que si Uruguay no cumple, puede ser sujeto a sanciones internacionales. Incluso hay riesgo de que se coloque al país en una lista negra, lo que provocaría el encarecimiento de la actividad de los bancos que operan en Uruguay además de perjudicar la actividad económica, explicó.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) visitará Uruguay en mayo de 2019 para reunirse con el sector público y privado y supervisar la situación del país en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Espinosa dijo que el decreto que hace referencia al combate del financiamiento del terrorismo aún no se ha aprobado, pero se intentará lograrlo antes de esta instancia. Los resultados de la visita se evaluarán en diciembre del 2019.
 

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