A cinco años del nuevo CPP: del “hijo de la dictadura” al “hijo de Frankenstein”

Llevó 12 años de trabajo dejar atrás un Código del Proceso Penal que fue tildado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación general y Administración de la Cámara de Diputados como un "hijo dilecto de la dictadura". "El Código del Proceso Penal vigente no es entendido por la población; está impregnado de secretismo; los distintos actores se confunden frecuentemente en sus roles y, fundamentalmente, no es digno de un país democrático", sostenían en la exposición de motivos de uno de los bocetos del nuevo código, según consta en un artículo publicado por el fiscal Ignacio Montedeocar. 

Este 1° de noviembre de 2022 se cumplieron cinco años de la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal que cambió un sistema inquisitivo —caído en desuso en los estados modernos— por un sistema acusatorio. Mientras que en el antiguo sistema el juez investigaba los casos e informaba al fiscal sobre sus hallazgos, quien luego le solicitaba que tomara medidas que creía de orden para el caso. Después de un largo proceso que se daba en formato escrito y en cuya mayoría de los casos significaba una larga estadía en prisión sin tener condena firme, ese mismo juez fallaba. En el nuevo sistema, es el fiscal quien está a cargo de la investigación y en un debate oral cercenado por tiempos estipulados en el nuevo CPP debe decidir si inicia un juicio oral —en el que el juez tomará la decisión final— o negocia con el imputado un acuerdo que les permita evitar el juicio. Tanto la víctima como la opinión pública pueden ir a las audiencias, que son públicas.

El proceso comenzó cuando en 2006, Fernández —que era secretario de Presidencia— le pidió a Comisión Redactora de la Reforma del Código del Proceso Penal que presentaran las bases del nuevo proyecto. Después de que lo hicieron, les pidió que sigan adelante con el proyecto. La comisión estaba formada por representantes del Poder Judicial, la Fiscalía, Colegio de Abogados, Asociación de Defensores de Oficio, el Ministerio de Economía y Finanzas y representantes de los gremios judiciales. Estos eran Dardo Preza, José Luis González, Jorge Rivera, Bernardino Real, Eduardo Fernández, Adriana Edelman y Marcos Álvarez Rego. Entre el 2006 y el 2010 se reunieron todos los miércoles por la mañana en la sede de la Asociación de Magistrados.

"Fueron años de muchísimo trabajo, fue todo a pura voluntad, porque fue sin nada a cambio y sin saber si eso iba a llegar a algo. Era la sensación de que esto no daba para más. A mí lo que me movía era las ganas de tener una Justicia mejor, era insostenible lo que había. En esos ideales que uno tiene, se trataba de trabajar por algo que valía la pena. Con los errores, las falencias... No era una comisión de notables, era una comisión de gente que quería un cambio y ni siquiera todos estábamos de acuerdo en los mismos cambios. Son esas cosas que haces y que en el momento no te das cuenta de lo que estás haciendo", contó Edelman, exdocente de Derecho Procesal y actual fiscal de Homicidios.

El proyecto que la comisión dejó pronto en 2010 necesitaba una cara visible que lo impulsara y lo llevara adelante. Esa fue la posta que tomó Jorge Díaz, designado fiscal de Corte en el año 2012 y que tenía como uno de sus objetivos la aprobación de este nuevo Código. Parlamentarios consultados por El Observador recordaron su insistencia y perseverancia. Recorría los despachos de los senadores llevándoles información y buscando convencerlos de que era la única manera. Tenía "la terquedad necesaria, pero también argumentar, argumentar, argumentar. Siempre encontré en los políticos un oído atento. Planteaban sus dudas, sus interrogantes. En la mayoría de los casos los convencimos, en algún caso no, pero el proyecto se aprobó por unanimidad", recordó Díaz a El Observador. 

El nuevo CPP se aprobó en diciembre de 2014 y estaba previsto que comenzara a implementarse el 1 de febrero de 2017. Pero a pocos meses de ese hecho, que había hecho suspirar con la satisfacción del deber cumplido a los impulsores del código, hubo una nueva traba que les hizo creer que asistirían al "entierro de lujo" del bastión que defendían. En agosto de 2015, en una reunión sobre seguridad rural que tuvo lugar en Young (Paysandú), el entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi le dijo a Díaz que habían resuelto postergar la implementación del Código para el 2020 por materia presupuestal y que lo oficializarían el próximo lunes en el Consejo de Ministros. 

Díaz, incrédulo y molesto, pidió hablar con los involucrados y junto a su equipo les dijeron que era "una pésima idea" y que era posible hacerlo en 2017. "Hicimos las tareas de cabildeo necesarias y hablar con todas las personas que estaban convencidas de la reforma y con todos los miembros del gabinete para que eso no fuera así", contó y complementó: "Era el fin del proyecto, no se podía esperar cinco años más. Era decir que no diciendo que sí, una forma elegante de que, por más de que no fuera la intención, no se iba a hacer". 

Pudieron arreglar con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial el valor económico de la reforma. La escasa asignación de recursos para implementar la reforma es una crítica que hasta el día de hoy realiza la Asociación de Fiscales. En entrevista con El Observador su presidente, Willian Rosa, dijo en setiembre de este año que la reforma se hizo "a costo de la salud de los funcionarios". La fiscal de Flagrancia Brenda Puppo, directiva de la asociación en ese entonces, recordó que hubo graves problemas en la implementación en los primeros dos meses (noviembre y diciembre de 2017). "La Policía nos llamaba de madrugada por cualquier cosa, cosas menores o que incluso no eran de nuestra competencia. Los turnos eran de dos días de trabajo por uno de descanso, pero en esas 48 horas no dormíamos. Había gente que pasaba por mi casa a darme las novedades, porque yo no podía ir sin dormir", rememoró. La expresidenta de la Asociación de Fiscales Mirta Morales se refirió en varias entrevistas a esa fecha como "el noviembre negro" por el desorden y desconocimiento que había en el sistema de justicia. 

Reforma sí o reforma no

La necesidad de pasar a un sistema acusatorio fue casi unánime, la excepción fueron algunos pocos, como el fallecido exfiscal Enrique Viana quien renunció a su cargo por estar en desacuerdo con la reforma. Una de sus principales críticas era que un imputado podía ir preso preventivamente sin que el juez viera una sola prueba. La evidencia en esa etapa es solo evaluada por la fiscalía y el abogado defensor del imputado. Sin embargo, la implementación del Código sí trajo polémica y desató múltiples reformas posteriores. Actualmente hay 14 leyes que reforman la redacción original, que había sido votada en diciembre de 2014. 

El exfiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía, que ha sido muy crítico de la gestión de Díaz, está de acuerdo con el sistema acusatorio y coincidió con el gremio en que se hizo con pocos recursos. Su principal reparo es con modificaciones introducidas en 2016: la suspensión condicional del proceso y la utilización masiva del proceso abreviado. La primera institución —que fue derogada en la ley de urgente consideración— permitía evitar el antecedente penal a cambio de una actividad que reparara el daño de alguna manera. La segunda es un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado que permite, una vez este acepta su culpabilidad y desiste de la vía del juicio oral, disminuir hasta un tercio de la pena. Así se resuelven el 85% de los casos. El CPP "tiene grandes problemas. Es un funcionamiento casi maquinario que le hizo perder calidad a la Justicia. Hay más velocidad y menos calidad", resumió el diputado a El Observador.

A cinco años de su implementación, Díaz valoró que "la mayoría de los fiscales cinchaba del carro para que saliera". Así, destacó el caso de fiscales a las que les pidió cancelar sus vacaciones cuando estaban a punto de subirse a un avión para volver a trabajar y aquellos que lo acompañaban a capacitaciones en el interior donde terminaron hospedándose, incluso, en dependencias policiales.

"Después estaban los agoreros de siempre, que con buenas intenciones planteaban sus reparos. Había unos muy pocos que estaban radicalmente en contra. Viéndolo en retrospectiva, sus pronósticos estaban claramente equivocados", opinó. 

Un Código "emparchado" 

Desde su aprobación en 2014, el Parlamento aprobó otras 14 leyes que lo modifican. Los cambios tuvieron, a grandes rasgos, tres aristas. La primera buscó afinar detalles que no habían quedado lo suficientemente claros, la segunda intentó darle mayor protagonismo a las víctimas dentro del proceso y la última significó un endurecimiento de medidas en el marco de una política criminal.

Entre ellas se destaca la reducción de los escenarios en los que se puede utilizar el proceso abreviado, la eliminación de la suspensión condicional del proceso (que permitía evitar el antecedente penal a cambio de una actividad que reparara el daño de alguna manera) y la limitación del la libertad vigilada. También, la mayor libertad a la Policía para proceder.

"A esta altura habría que escribir todo el código de nuevo, si hoy lees la última edición hay capítulos enteros que ya no existen. Hay artículos que se oponen entre sí, por eso decimos –medio en broma medio en serio– que es como un hijo de Frankenstein. Está tan emparchado que es difícil de entender. Se podría mejorar en muchos aspectos, pero si no, por lo menos ordenarlo (...) Nuestros códigos procesales penales siempre estuvieron a espaldas de la Constitución, este fue el primero ordenado por el constituyente. Es el mejor Código que hemos tenido, no tengo ninguna duda", valoró el catedrático de Derecho Procesal Gabriel Valentín en diálogo con El Observador.

A su vez, insistió en que aún no hemos podido ver la totalidad de su impacto. Para poder advertirlo en profundidad, indicó, deberían pasar cinco o diez años más. 

Consultado por cómo ve las modificaciones, Díaz responde rápidamente: "Creo que todas son malas". A los segundos, se arrepiente: "No, todas no. Hay algunas que son buenas" y menciona varias de las que son aclaratorias o la introducción de la prueba sobre prueba, que permite introducir al juicio una prueba nueva para aclarar otra anterior. "No podemos estar toqueteando todos los días normas, no aporta nada", cerró. 

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