Tal como lo había anunciado, el hoy exfiscal de la Nación, Enrique Viana, presentó su renuncia este miércoles 1º de noviembre, día en que comenzó a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Lo hizo, justamente, por discrepar con la base filosófica del nuevo modelo normativo.
"Las cosas están siendo dispuestas para que el poder sea único y absoluto, para que no tenga frenos de tipo alguno, en definitiva, para que se vuelva despótico y para que tal despotismo se mantenga en la impunidad", señaló el abogado en su carta de renuncia, indicando de esa forma lo que a su entender desencadena la sustitución del proceso penal inquisitivo por un acusatorio, que define, entre otros cambios importantes, a los fiscales como directores de las investigaciones penales y encargados de hacer las acusaciones, y limita a los jueces a su función de juzgar.
Ese cambio, para Viana, significa una "incondicional substitución" que tiene por consecuencia la transformación de la Fiscalía General de la Nación en "una agencia gubernamental que dicta, diseña y ejecuta política pública". Y por tal razón, expresó: "No formaré parte de tamaña desviación".
Ahora, entiende, "la perversa reforma procesal penal (...) emplaza a los fiscales como facilitadores de las inmoralidades e inconstitucionalidades que traen consigo. Fiscales acatando directivas e instrucciones políticas, y, encima, obrando como si fueran una dependencia del Ministerio del Interior", dijo en referencia a su nueva tarea de conducir las investigaciones en coordinación con la Policía, desplazando a los magistrados en ese rol.
Otro de los puntos con los que Viana ya manifestó discrepancia es con la modalidad del procedimiento penal abreviado que introduce el nuevo código, en donde las partes litigantes pueden llegar a acuerdos, reduciendo en buena medida los tiempos de los juicios.
En esos acuerdos se negociará, entre otros aspectos, la pena del acusado, y eso es lo que al abogado más lo preocupa. Cree que desde este miércoles hay "fiscales haciendo de jueces en las comisarías, en sus sedes administrativas o en los pasillos de los juzgados, fiscales presionando pactos inmorales y con personas presas, violatorios de los principios de libertad, de igualdad ante la ley y de legalidad de los delitos y de las penas, (y) fiscales mercantilizando al derecho penal, (entre) algunas de las aberraciones jurídicas establecidas. No operaré como tal", dijo en su carta. "No lo haré porque todo ello colisiona con mi conciencia moral y jurídica". Y anunció que a partir de este momento bregará por el derecho con todas sus "fuerzas". "Lo haré en la calle y en los estrados judiciales, donde sea, y para que la República que pregonaba Montesquieu sea restituida".
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