Allanaron dos viviendas en busca del archivo que exmilitar ofreció a Lacalle

Pintado Otero dice tener en su poder un archivo que habría pertenecido al coronel José Antonio Rodríguez Buratti, jefe del Servicio de Información y Defensa (SID) durante la dictadura. Según se informó en el programa Séptimo Día de canal 12, el exmilitar le envió al presidente Luis Lacalle Pou una carta ofreciendo entregar el archivo a cambio de que se le pague una jubilación que según él se le adeuda desde el año 2000.

Lacalle remitió luego la carta a la fiscalía para que tome cartas en el asunto y también al Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas, para que corroborara si es cierto lo que afirma Pintado Otero respecto a su jubilación impaga.

Allegados a Pintado Otero dijeron que sobre las 14:50 un grupo de policías al mando de un comisario se presentó en el domicilio del exmilitar con una orden de allanamiento. Como Pintado Otero no se encontraba, lo esperaron para poder ingresar a su domicilio. La vivienda fue objeto de una minuciosa revisación. También se allanó una vivienda contigua, construida en el mismo padrón.

 “Había como 20 funcionarios policiales para mí solo, para encontrar los archivos Buratti. Pero los archivos Buratti están en Montevideo y no los tiene ningún familiar ni ningún amigo mío”, dijo Pintado Otero.

Perciballe afirmó que la orden de allanamiento también incluyó a otra vivienda en Montevideo. Luego del operativo, el fiscal dijo a El Observador que no encontraron el material que el exsoldado dice tener.

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad relató que meses atrás mantuvo una entrevista con Pintado Otero. En ella el exmilitar hizo denuncias “difíciles de comprobar” y manifestó su interés en cobrar una jubilación que le correspondería.

Sin embargo, el general Mario Moreira, responsable del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, manifestó a El Observador que no existe ningún antecedente de que Pintado Otero haya tramitado o cobrado ninguna jubilación por los servicios prestados en el Ejército.

Agregó que de acuerdo a la documentación relevada a pedido de las autoridades, Pintado Otero no completó los años de servicio como para ser merecedor de una jubilación. Moreira dijo que según la documentación existente, Pintado Otero solo revistó en el Ejército durante 13 meses entre 1980 y 1981. Luego fue dado de baja y que a pesar de que realizó un intento de reingresar, no fue admitido.

El general Moreira manifestó que existe documentación que atestigua que Pintado Otero se presentó para obtener una jubilación especial de acuerdo a la ley sancionada en 2006 para reparar a víctimas de la dictadura. Pero que tal pedido fue desestimado por comisión que analizó cada uno de los casos, y que el fallo negativo fue asentado en un boletín del Ministerio de Defensa con fecha 2009-2010. 

Pintado Otero sostiene que ingresó al Ejército en 1980 y fue dado de baja en 1999, luego de que denunciara públicamente violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. De acuerdo con su relato, al momento de su salida de las fuerzas armadas tenía el grado de alférez de reserva. El exmilitar, hoy radicado en Paysandú, afirma que solo alcanzó a cobrar su jubilación durante dos meses del año 2000, pero luego se le dejó de abonar.

Sostiene que ha sido objeto de una persecución de años por la información que posee. “En 1999 dijeron que solo estuve dos meses, ahora admiten 13. De a poco van apareciendo mis años. Falta encontrar el resto”, dijo Pintado Otero.

Según el exmilitar, el archivo que perteneció a Rodríguez Buratti está compuesto de carpetas y grabaciones, y contiene información sobre vuelos con prisioneros traídos de la Argentina en la dictadura y que hoy permanecen desaparecidos. También tendría información sobre diversos sucesos ocurridos en el régimen militar y luego de la recuperación democrática.

Rodríguez Buratti se suicidó en 2006, cuando debía ser interrogado por el juez Luis Charles en la causa llamada del “segundo vuelo”, en la que otros integrantes del SID fueron condenados por 28 homicidios.

La credibilidad de Pintado Otero ha sido objeto de polémica. El abogado italiano Fabio Galiani, que representó a Uruguay en el juicio por el Plan Cóndor en Roma, señala que fue ese exmilitar quien aportó los datos que permitieron ubicar los restos del escribano Fernando Miranda en 2005. También que su testimonio fue clave para que el excanciller Juan Carlos Blanco, hoy en prisión domiciliaria, fuera condenado por la muerte de Elena Quinteros. 

En cambio, la exfiscal Mirtha Guianze ha declarado que Pintado Otero no es una fuente confiable, que no se encuentra en sus cabales y que procura dinero.