Álvaro Garcé: “Hay que invertir en tecnología de interceptaciones porque está quedando obsoleta”

Los primeros meses de su gestión estuvieron enfocados en el "fortalecimiento jurídico" que recibió la SIEE a través de nueve artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada en julio, que otorgó nuevas facultades a la oficina, como la clasificación de secreta de determinada información, o la integración de la institución en el Consejo de Defensa Nacional, con quien ya mantuvo su primera reunión días atrás. Y en momentos en que el PIT-CNT y el Frente Amplio lanzaron la campaña por el referéndum que busca derogar 135 artículos de la LUC, el nuevo jerarca defiende aquellos que aluden a su oficina.

Admite también que “hay un atraso en los medios” tecnológicos del Estado a la hora de interceptar las conversaciones telefónicas entre los delincuentes, por lo que urge el recambio del sistema de espionaje El Guardián, que usa el Ministerio del Interior.

Autor de un reciente libro sobre seguridad pública y privada, y en vías de publicar otro sobre la historia de la inteligencia, Garcé tiene contadas sus apariciones en los medios de comunicación. 

Analiza cuándo dio la última nota de prensa antes de aceptar otra, porque prefiere un perfil bajo. “Rompí el silencio y ahora me vuelvo a meter en el agujero”, sonríe sobre sobre el final de la entrevista con El Observador.

Si tuviera que definirlo en pocas palabras, ¿en qué consiste la tarea de la inteligencia estatal?
La tarea de inteligencia consiste en obtener, analizar, procesar y eventualmente diseminar información basada en evidencia empírica, dirigida a los tomadores de decisión. Esa es la clásica definición de inteligencia, una definición que ha sido propuesta en los años 70' y que ha sido recogida en la propia ley de inteligencia votada en 2018. 

¿Los funcionarios que tiene a cargo son suficientes?
Bueno, estamos en el entorno de los 25, con tres perfiles variados e interesantes: gente con experiencia en inteligencia militar y policial, y civiles, con experiencia en inteligencia. Por lo demás, es una oficina que está en un proceso de afirmación, que comenzó sus tareas en la etapa de la oficina coordinadora, en el 2010, y se constituyó como SIEE en 2018, con la votación de la Ley de Inteligencia. Pero su primer presupuesto lo va a tener ahora. 

Un presupuesto que ha sido más austero de lo que hubiera deseado, debido a los ajustes que se hicieron tras la llegada de la pandemia.
Sí. Teníamos una idea que había sido ya conversada con la ministra de Economía (Azucena Arbeleche) en el mes de febrero, pero aquello fue no solo en otro Uruguay sino en otro mundo. Esa solicitud de recursos fue entonces muy moderada y acorde a las necesidades.

Ha dicho que la transición transcurrió con orden y prolijidad, y que la oficina está en ese proceso de consolidación institucional, sobre todo a partir de la aprobación de la LUC.
Ese fue un tema muy importante. Este año centramos el esfuerzo en fortalecer la oficina, pero lo primero que advertí en el momento de tomar contacto con la función era la necesidad de fortalecer el marco jurídico. Es decir, sin desconocer el acierto que tuvo la ley de inteligencia, identifiqué dos o tres cuestiones que a mi juicio era indispensable modificar, y en ese sentido esas modificaciones se vieron plasmadas en la LUC en la Sección 2. 

Allí se incluyeron varios artículos que reforzaron las potestades de la SIEE, como la facultad del presidente de "determinar la Política Nacional de Inteligencia" y que la oficina integre el Consejo de Defensa Nacional. Pero ahora, algunos de ellos, como el que otorga a la oficina la potestad de clasificar a la información como secreta, son impugnados en la campaña contra parte de la LUC. ¿Cómo defendería la necesidad de los artículos?
Primero, es absolutamente imprescindible un sistema nacional de inteligencia que actúe con una lógica de sistema bajo la dirección de la SIEE. Y eso se logra solamente con una modificación como la establecida por la LUC. Es notorio que es discutible y que hay quienes entienden que lo mejor es la lógica de la coordinación, y que por lo tanto esta oficina debería funcionar dentro de ese eje de la coordinación, con representantes de las distintas agencias del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Pero yo soy partidario de una dirección ejercida razonablemente y respetando además las autonomías de carácter técnico, por eso destaco haber modificado los verbos, que dentro de las facultades, donde antes se decía "coordinar" ahora diga "dirigir". Ha significado un cambio importante.

Acerca de la información secreta, es indispensable que Uruguay como Estado de Derecho tenga parámetros similares de protección de la información, como tienen otros países que son igualmente respetuosos de las garantías individuales.  Respecto a la integración del director de la SIEE en el Consejo de Defensa Nacional, ya desde el período anterior esta Secretaría estaba participando de esas reuniones, por lo tanto parecía más lógico que se estableciera por ley y que no quedara en una situación de hecho. Valoro como muy positiva la primera reunión del Coden, que tuvo lugar hace pocos días, y que permitió que se pudiera discutir y en definitiva aprobar la política de defensa nacional. 

¿Ahora es delito difundir información clasificada como secreta por la SIEE?
Bueno, por supuesto que en la medida en que haya una violación de las disposiciones de reserva se estaría cometiendo una violación de una norma elemental de discreción que podría aparejar responsabilidades penales. 

¿Qué clase de información usted ya ha clasificado ahora como secreta?
Cualquier información que sea vital para el mantenimiento de esos acuerdos de cooperación en materia de inteligencia con todas las agencias.

¿Qué rubros incluye?
Cualquier información que sea sensible al nivel de afectar intereses nacionales. Cualquiera.

¿Puede haber información relativa al covid-19 y la emergencia sanitaria?
En principio, puede ser cualquier tipo de información vinculada a la seguridad humana, y allí entra la gestión de la pandemia, o en términos clásicos de seguridad pública, y eso es crimen organizado, entre otros.

¿Quiénes tienen acceso esa información?
De acuerdo a la LUC, quien clasifica como secreta es el director de la Secretaría, y la desclasificación solo se puede disponer por el presidente de la República actuando con el Consejo de Ministros.

¿La clasificación como secreta de determinada información ha sido muy frecuente este año?
Es una facultad que hay que utilizar con mucha ponderación, y solamente en aquellos casos que realmente la divulgación habitual de una información pueda comprometer los acuerdos de inteligencia con otros países. He ejercido esa facultad dentro de la más plena moderación

Se ha planteado que pueda quedar bajo esa categoría temas vinculados al pasado reciente o a los derechos humanos.
Pero allí, con todo respeto, hay una errónea interpretación, porque la ley de inteligencia exceptúa expresamente de la reserva la información vinculada a la vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, no se está modificando en eso la ley. No cabría declarar como secreta información relativa a ese tipo de hechos porque sería violar la propia ley de inteligencia. No ha habido una lectura armónica de todas las disposiciones de la ley.

¿Y qué considera sobre el riesgo de que una oficina como esta tenga potestades que tiendan a la concentración de poder en una sola figura? ¿No puede suponer un eventual peligro para la democracia en el caso de que quien esté en esta función tenga rasgos autoritarios?
Si alguien con esas características accediera a esta función probablemente cometería en un exceso que lo pondría inmediatamente fuera de las reglas de juego, porque la propia ley de inteligencia establece en sus principios el pleno respeto al Estado de Derecho, la sujeción a la Constitución y la ley. Pero frente al argumento de que esto podría transformarse en una especie de súper ministerio digo que no es así en la medida en que todos los límites fijados por la ley de inteligencia se han mantenido. La LUC no los varió. Los principios son los mismos.

¿Cuál fue el principal desafío de la oficina durante este año?
Además del fortalecimiento jurídico, trabajamos fuertemente en aspectos de fortalecimiento en general. Esta oficina, si bien había tenido un previo desarrollo, estaba y está en una etapa muy incipiente. Y hemos puesto un énfasis muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la protección de los activos críticos.

¿Cuáles serían?
Todos aquellos elementos cuya vulneración puede generarle un grave perjuicio al Estado y a toda la sociedad. Y allí puede caber desde una boya petrolera hasta la centrales hidroeléctricas, determinadas infraestructuras en el manejo de la información, etc. Hemos hecho recorridas por instalaciones de Ancap, Antel, UTE, es decir, de todos los entes industriales y comerciales del Estado.

¿Se encontraron debilidades?
Siempre creo que hay cuestiones a mejorar pero no hemos advertido nada grave.

¿Y alguna amenaza externa que se haya identificado este año? Terrorismo, ciberataque, narcotráfico...
Naturalmente que trabajamos en la definición de esas amenazas. El crimen organizado nos ha demandado esfuerzo, por supuesto, pero también todo lo que es desde la pandemia, hasta la evaluación de los activos críticos.

¿Ha hecho un análisis sobre el continuo crecimiento del narcotráfico en el país, que es tomado como constante plataforma de tránsito?
El narcotráfico es sin duda una preocupación. En ese sentido hemos tenido un trabajo muy bueno e interesante de cooperación con países de la región, porque la amenaza es común y debemos elaborar estrategias conjuntas.

¿Qué imagen se tiene de Uruguay en esos ámbitos de trabajo?
Por la experiencia de este año de trabajo, he podido apreciar el respeto que se nos tiene, como un país que quiere hacer las cosas bien en todas estas materias, y eso hace que, si bien son conocidas determinadas carencias de tipo material, cuando llega el momento de intercambiar de información, la que nosotros proveemos es tenida en cuenta y por lo menos valorada por aquellos que la reciben. Al menos esa es la devolución que nosotros hemos tenido.

¿La vulnerabilidad de las fronteras es una preocupación de la SIEE?
El país tiene en este momento una dificultad real para controlar su espacio aéreo y su frente marítimo. Eso tiene que ver con determinadas capacidad operativas fundamentalmente de la Armada y la Fuerza Aérea, que se han visto seriamente afectadas por recortes presupuestales en los últimos años, y que a mi juicio tienen que ser claramente revertido. Eso requiere recursos que no son fáciles de obtener, mucho menos en un contexto difícil de pandemia y por lo tanto de restricciones económicas, pero que es indispensable recuperar esa capacidad que el país tuvo en algún momento. 

¿Está en la agenda de la oficina el atraso tecnológico del Guardián, el programa del Ministerio del Interior para realizar las interceptaciones telefónicas a los delincuentes?
En su momento lo informé. Uruguay tiene que invertir en tecnología, porque las inversiones que se realizaron hace ya más de cinco años han ido quedando obsoletas, y por lo tanto es necesario actualizar ese tipo de equipamiento. Y lo digo con la plena tranquilidad de saber que esas actualizaciones tecnológicas son absolutamente compatibles con las garantías de los ciudadanos, es decir que no hay que ver en el equipamiento del Estado una amenaza que vaya más allá del límite de lo que son las garantías ciudadanas. Insisto en que los Estados de Derecho más avanzados tienen todos sistemas muy eficaces de detección de las amenazas y de producción de inteligencia, y no por eso son Estados que ataquen los derechos individuales.

¿Y las nuevas tecnologías permiten que sean intervenidas las conversaciones encriptadas, como las que se tienen a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería incluso más seguras, como Telegram o Signal? ¿Hay manera de controlar ese flujo de información?
Preferiría no ir muy a fondo en ese tema, pero es evidente que hay un atraso en los medios que el Estado tiene frente a esa clase de aplicaciones.

¿Cuál es la situación en otros países?
Hay otros países que tienen otros medios. 

Los fiscales y la policía sienten el problema.
Lo que pasa es que detectar que ha habido determinadas comunicaciones durante una "x" cantidad de minutos en determinadas fechas está muy lejos de lograr el acceso a las comunicaciones de fondo, que es lo que en todo caso puede dar la información necesaria para un procedimiento judicial. En todo caso, se pueden obtener determinados indicios de la vinculación entre determinados teléfonos. Por tanto, las aplicaciones han avanzado muy rápido, y en la medida en que se da ese avance tecnológico es necesario que correlativamente el Estado se equipe de forma tal de poder tener un control de determinada información que puede ser vital a los efectos del combate del delito.

¿Está dentro de las posibilidades del Estado esa renovación, no?
Hay opciones que son alcanzables.