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Antel realizará una denuncia penal tras auditoría del Antel Arena

La empresa estatal elevará a Fiscalía los resultados de la auditoría externa y también enviará antecedentes a la Jutep 

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02 de junio de 2021 a las 18:16

El vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, anunció este miércoles en conferencia de prensa que el ente realizará "la denuncia penal correspondiente" a raíz de los resultados de la auditoría externa del complejo multifuncional Antel Arena, llevada a cabo por la firma Ecovis. Además se remitirán los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Bouvier explicó que los resultados de la auditoría muestran la existencia de “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”.

A su vez, expresó que se vulneraron los “principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración” en lo que refiere al “respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar la máxima eficiencia de la actuación”.

¿Cuáles son los detalles del segundo informe de auditoría?

El vicepresidente de Antel dijo que “la norma” en cuanto a contrataciones fue hacerlas en la modalidad “directa” o “directa por excepción”. De esa forma fueron contratados US$ 98 millones, lo que en palabras de jerarca “representó una restricción a la competencia, discrecionalidad en los oferentes y falta de transparencia, invirtiéndose el régimen general en materia de contratación, dejando de lado la licitación pública como procedimiento competitivo”.

Según el análisis jurídico realizado, se acudió “en forma reiterada al uso de excepción” previsto en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), invocando que las compras “estaban destinadas a servicios que se encuentran en régimen de libre competencia”.  Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas (TC) en reiteradas oportunidades.

En lo vinculado a publicidad, a la cual Bouvier consideró “un principio relevante en las empresas públicas” porque permite tener “un control social y transparentar los procesos”, se detectó que todas las resoluciones de adjudicación incluyeron una disposición de reserva de 10 años. Esta decisión, en opinión del TC, “no se encontraba “decididamente fundada, no pudiéndose determinar que la divulgación de estas resoluciones generara un riego claro, probable y especifico del daño al interés público”.

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Sobre las compras estatales realizadas, la auditoría arrojó que “no están suficientemente motivadas, faltan estudios comparativos, relevamiento de mercado, análisis de razonabilidad de los precios y fundamentación de la compra”.

“No surge de este estudio información que acredite los oferentes que se presentaron ni su cotización, solo surge la empresa seleccionada, no pudiéndose corroborar que las adjudicaciones hayan sido las más convenientes para los intereses de Antel”, sostuvo Bouvier y agregó: “La falta de publicidad, la integridad de los expedientes y la omisión de una correcta motivación vulnera la norma de actuación administrativa”.

El vicepresidente de Antel también dijo que la asesoría jurídica de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) se pronunció en este sentido y sostuvo que “la decisión de Antel, a la que califica de infundada y negativa, pone en riesgo los avances del sistema de compras públicas estatales basado en la transparencia, la integridad y la eficiencia”

Continuando con lo relativo a las compras, la auditoría detectó que estas fueron realizadas sin contar con disponibilidad presupuestal. En esa línea, Bouvier expresó que el TC “observó que en los presupuestos no estaba previsto el gasto ni tampoco existía una situación de excepción que justifique la erogación”. A pesar de eso, Antel “reiteró el gasto” y el tribunal volvió a realizar una observación por “ausencia de justificación”.

En lo que refiere a gastos económicos vinculados al funcionamiento del complejo, el vicepresidente de Antel informó que, desde el período de su inauguración hasta junio de 2020, este arrojó pérdidas cercanas a los US$ 3 millones.

Aquí pueden acceder al segundo informe de auditoría completo. 

La primera parte del informe de auditoría presentado por la empresa Ecovis y que hizo público el directorio de Antel en diciembre de 2020 daba cuenta de que el complejo Antel Arena tuvo un costo de US$ 118 millones. Esa cifra implica que costó US$ 28 millones más de la cifra que se había manejado al terminar la obra y que duplicaba los US$ 40 millones estimados al inicio.

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