Anunciantes y publicitarios en alerta por proyecto de ley que prohíbe publicidad de ciertos alimentos

El proyecto plantea la regulación y prohibición de publicidad de estos tipos de alimentos. Fue elaborado en coordinación con los diputados del FA de la comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Representantes, Lucía Etcheverry y Luis Gallo, a iniciativa del despacho de la diputada Cristina Lustemberg.

Plantea que se prohíba la publicidad en establecimientos educativos, centros de salud, farmacias, oficinas públicas, y en el transporte público; el uso de argumentos, estilos, tipografía, voces, imágenes, diseños o cualquier otro elemento asociado a la cultura infantil o adolescente y la promoción mediante la distribución de información por correo, telefonía o tecnologías de la información y la comunicación, cuyos destinatarios sean niños, niñas o adolescentes.

Para su creación, los legisladores tomaron en consideración las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud, así como antecedentes de otros países, como Chile, México, Portugal y Reino Unido, con experiencias exitosas en la materia. “Este proyecto está sustentado en dos pilares: evidencia científica con información validada y rigurosa, y en la experiencia y conocimiento del territorio”, informó a El Observador la diputada Lustemberg.

El proyecto también prohíbe la inclusión de sellos, logos, certificaciones de asociaciones, fundaciones u organizaciones que puedan estar relacionados directa o indirectamente con algún beneficio del producto a favor de la salud del consumidor; así como la utilización de mensajes que promuevan el consumo excesivo ofreciendo una imagen negativa de las personas que no los consumen.

La publicidad de estos alimentos tampoco podrá asociar su consumo con una mejora del rendimiento físico, intelectual o laboral ni exhibir significados y comportamientos que expresen que el éxito social, profesional o sexual o que las situaciones de poder son generadas o potenciadas por el consumo de dichos alimentos, según el artículo 8º.

Industriales y publicistas atentos

Ni la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) ni la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) fueron consultadas para la elaboración del documento. Sin embargo, el equipo de diputados detrás del proyecto sostiene que el diálogo está abierto y que la comisión de Salud y Asistencia Social recibirá a todas las gremiales de la industria alimenticia al tratar el proyecto.

La Cámara de Anunciantes tomó contacto con las empresas socias y con las cámaras de la región para conocer sus experiencias, enfoques y argumentaciones al respecto. “También nos reunimos con la Cámara Industrial de Alimentos (CIALI) para conocer sus inquietudes como industriales. Estamos trabajando con las empresas socias para poder aportar en los distintos ámbitos nuestros comentarios al proyecto”, dijo a El Observador Nelson Loira, presidente de la cámara.

Si bien las gremiales están de acuerdo con los objetivos de colaborar con la promoción de hábitos saludables y de una mejor alimentación para la población —en particular de niños, niñas y adolescentes—, consideran que la “censura publicitaria” no es el camino para hacerlo.

Para Loira, una regulación estricta de la publicidad podría afectar al sector de diversas formas. “Desde un ángulo competitivo, dejaría en inferioridad de condiciones a las marcas nacionales frente a las marcas regionales o globales, ya que las primeras se verían restringidas para comunicar sus productos mientras que las marcas extranjeras podrán seguir impactando a los consumidores con sus mensajes a través de diferentes plataformas que la prohibición no abarcaría a priori, como el cable y las plataformas digitales en toda su magnitud”.

En la misma línea, Marcelo Debernardi, presidente de Audap, señala que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes consumen contenido a través de medios digitales o plataformas de streaming (como Youtube, Twitch, TikTok, etc.) que no son contemplados en el proyecto de ley. “Entendemos que el proyecto tal como fue redactado y concebido responde a un sistema de medios que no se corresponde con el actual”, y cuestiona: “¿Cómo piensa este decreto prohibir la publicidad en señales de cable o el pautado en las redes sociales que se hagan desde el exterior para el mercado local? Lo que significaría otro claro y evidente perjuicio para las marcas nacionales”.

Más allá del reto creativo que puede significar para las empresas de comunicación y publicidad a la hora de promocionar estos productos, también se les plantea un reto de negocio, como a los anunciantes.

Para ambas gremiales, la pérdida de competitividad puede impactar en el aspecto laboral. Dice Loira de CAU: “Si una empresa nacional no puede ‘defender’ sus marcas de la comunicación de otras en los medios nacionales, puede ver afectadas sus ventas y esto sin duda podría llegar a repercutir en puestos de trabajo” tanto de la industria alimenticia en general como en la industria de la comunicación en particular (agencias de publicidad, medios de comunicación, productoras, etc.).

Debernardi de Audap vaticina que, de avanzar, este proyecto “terminaría generando una caída en las ventas de los productos alcanzados en la redacción, lo que implicaría menos facturación de estas empresas y, por ende, una caída en la recaudación de impuestos e incluso pudiendo significar una pérdida de fuentes de trabajo en un momento de la economía ya de por sí bastante delicado”.

¿Publicidad vs información?

Para Nelson Loira estas prohibiciones también reducen la calidad de la información al alcance de los consumidores y limita la libertad de expresión. “Si entendemos la libertad de expresión como un concepto amplio y abarcativo, las marcas se expresan y ‘hablan’ con sus potenciales consumidores a través del packaging y la comunicación/publicidad. Visto de esta forma, la prohibición de realizar dicha publicidad no haría más que limitar la libertad de expresión”.

En su artículo 6º, el proyecto también prohíbe “la inclusión de sellos, logos, certificaciones de asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas u organizaciones en general, nacionales e internacionales, que puedan estar relacionadas directa o indirectamente con algún beneficio del producto a favor de la salud del consumidor”.

El argumento de Lustemberg es que “estos sellos pueden hacer creer a la población que los alimentos son saludables aunque posean exceso de nutrientes asociados con distintos tipos de enfermedades”, lo que la ley busca evitar.