Un hombre imputado por secuestro, en la mira por maniobra de falsificación de certificados que generó fuga del narco González Bica

Hoy, Campero es uno de los que está en la mira de la investigación que lleva adelante la fiscal de Drogas Mónica Ferrero por la falsificación de documentos que permitían a presos acceder al beneficio de la prisión domiciliaria amparándose en problemas de salud que no existían o que no tenían gravedad. 

Según reconstruyó El Observador, una de las detenidas por la maniobra es pareja de Campero. El hombre volvió hoy a prisión dado que, presuntamente, él también había obtenido el beneficio del arresto domiciliario gracias a uno de estos documentos. Entre los otros cuatro detenidos también se encuentra la abogada del narco prófugo Juan Antonio González Bica, Mercedes Acosta, la esposa del narco y un procurador que, estiman, participan las gestiones. 

Intentando expandir el negocio, Campero le manifestó a otros operadores del sistema que conocía cómo llevar adelante este tipo de maniobras, pero que necesitaba más ayuda, dijeron fuentes de la causa.

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Por eso, este viernes declararon en Fiscalía otras personas que tuvieron contacto con los sospechosos. Entre ellos, el exabogado del narco González Bica, Ignacio Durán, que lo defendió hasta marzo de este año. También el abogado Martín Frustaci, quien en algún momento defendió a Campero. 

Durán señaló a El Observador que reaccionó con incredulidad cuando lo citaron a declarar en calidad de testigo y que le manifestó a Ferrero que "no entendía" por qué estaba allí cuando hacía meses que no defendía a González Bica. A lo que la fiscal le contestó que estaba allí por lo que había dicho la abogada Acosta en Esta Boca es Mía (Canal 12). En esa oportunidad, la hoy detenida, había dicho que la intención de pedir el arresto domiciliario había partido de la "defensa anterior" y que ella tan solo continuó con ese lineamiento. Aunque no lo nombró, se refirió a Durán. 

Por eso él le mostró a Ferrero mensajes de WhatsApp en los que él le recriminaba a Acosta que hubiera dicho eso, porque no es cierto. "Es falso lo que dijo, ella no siguió ningún lineamiento. Lo que hizo lo hizo por su voluntad", agregó y resaltó que nunca hizo nada para que González Bica saliera de prisión, razón por la que el narco lo sustituyó con Acosta.

"Me pidió reiteradas veces que yo hiciera la solicitud, que él tenía toda la historia clínica, que esa parte estaba salvada, que yo simplemente me dedicara a defenderlo en audiencia y hacer la solicitud. Yo le dije que no era procedente jurídicamente y que él tenía un historial clínico que no ameritaba un cambio a prisión domiciliaria", sostuvo el abogado. "Le dije que no me iba a prestar para eso, que no era un tema económico, era conceptual. Mi ética profesional no tiene precio", cerró. 

La investigación de Ferrero detectó que se utilizaban certificados apócrifos que señalaban problemas de salud de personas recluidas y que, ante la imposibilidad de tratar esas afecciones en prisión, muchos accedían a cumplir la pena de forma domiciliaria. Así ocurrió con González Bica, quien presentó un supuesto informe del médico forense del Departamento de Medicina Forense de la Clínica del Penal de Libertad que advertía que no podía ser tratado por sus problemas hepáticos en donde estaba recluido.

En ese momento la fiscal adscripta Gabriela Fernández —que trabaja en la misma fiscalía que Ferrero— solicitó que se consultara al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) si se lo podía recluir en otra cárcel en la que pudiera acceder al tratamiento, pero la jueza del caso María Helena Mainard manifestó conocer la realidad de las cárceles y que, más allá de lo que respondiera el INR, ella sabía que eso iba a ser imposible. 

"Lo que el INR va a responder es que sí (hay un centro de reclusión con las condiciones necesarias) o que no, pero no lo va a cumplir tampoco", valoró, e insistió en la falta de recursos de la institución para garantizar funciones básicas, según consta en el registro de la audiencia que divulgó El Observador. 

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La fiscalía investiga la posible connivencia de Acosta, quien renunció a la defensa de González Bica un día antes de que él se fugara. También de la esposa de él, la persona que había puesto como referencia ante la jueza Mainard por cualquier eventualidad.

Acosta es abogada penalista desde hace varios años y ha participado en algunos casos de renombre. El último de ellos fue como defensa del acusado por el homicidio de Lucas Zanolli, el joven de 18 años que salió a vender su auto en la zona de Colón y fue asesinado por un hombre joven y una mujer. Este año, la jueza Marcela Vargas lo había condenado por el crimen. 

Al momento, estiman que González Bica —condenado por participar de un grupo internacional que ingresaba cocaína al país— pagó cerca de US$ 60 mil para acceder al documento apócrifo que le garantizó el acceso al arresto domiciliario, informó El País y confirmó El Observador con fuentes del caso.

El secuestro que llevó a la prisión a Campero

Campero y tres personas más viajaron de Montevideo a Maldonado para ubicar a Bergaló que presuntamente había estafado al primero con la construcción de una cabaña en Rocha. El dinero que supuestamente Campero había perdido eran US$ 3 mil dólares, según dijo el fiscal que pidió su imputación en ese momento, Ignacio Montedeocar, en la audiencia de formalización cuyo audio divulgó Punta News. El mismo medio consignó que tenía dos antecedentes penales. 

Finalmente, ubicaron a Pérez, a quien secuestraron y agredieron "salvajemente" mientras le exigían decir que iba a pagar la deuda. Lo grabaron y lo viralizaron por WhatsApp.

Cinco días después, Campero, haciéndose pasar por otra persona, concretó un encuentro con un hombre que ofrecía las cabañas por las que a él supuestamente lo habían estafado. Se trataba de un allegado de Bergaló. Finalmente, del encuentro también participó la novia de Bergaló, que también participaba del negocio de las cabañas. 

La mujer quedó en el auto y Campero junto a otros dos hombres increparon al supuesto vendedor con un arma de fuego y le exigieron que apareciera Bergaló. Eso generó que su novia se bajara del auto y le dijera que ella podía hacerlos llegar a Bergaló. 

En ese momento, se pusieron en contacto con el hombre a través del teléfono de su novia y Campero le envió audios que decían: "Mano, trae la plata porque me la llevo de una", "no me tranca la Policía, no me tranca nada. Te la mato y después me voy preso, no me interesa".

Finalmente, cuando los secuestró a los dos, le envió un mensaje que decía: "Me la llevé". Las víctimas sobrevivieron al ataque y Campero fue imputado por la Justicia de Maldonado casi inmediatamente.