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"Nadie lo está dejando en libertad": los argumentos de la jueza para darle prisión domiciliaria a narcotraficante que cortó su tobillera y se fugó
El 31 de mayo, la fiscal, la abogada defensora y la jueza que realizaron una audiencia para decidir si el narco condenado Juan Antonio González Bica debía seguir en prisión o, debido a sus condiciones de salud, debía ir a prisión domiciliaria sabían que era culpable de haber contribuido a llevar 400 kilográmos de cocaína en una ambulancia.
Además, que para lograrlo, se había disfrazado con TNT y guantes de látex para hacerse pasar por personal de la salud. Pero no solo eso. También que, estando preso en el Penal de Libertad, se estaba "exponiéndolo a un grave riesgo para su salud e integridad física".
En esa audiencia, según consta en el registro al que accedió El Observador, se leyó el informe del médico forense del Departamento de Medicina Forense de la Clínica del Penal de Libertad, que afirmaba: "Las patologías crónicas que presenta el Sr. González en su conjunto implica una relación de complejidad que requiere un particular abordaje asistencial. Durante su permanencia en el centro de reclusión no se ha cumplido rigurosamente con las indicaciones médicas, tratamientos y controles, exponiéndolo a un grave riesgo para su salud e integridad física".
Eso, a juicio de su abogada defensora –el que compartió la jueza María Helena Mainard–, era fundamentación suficiente para que se le otorgue la prisión domiciliaria. Las condiciones renales de su paciente no le permitían seguir recluido.
Sin embargo, en contra de ello se expresó la fiscal adjunta de Estupefacientes Gabriela Fernández, quien solicitó que se agoten todas las posibilidades de buscarle un lugar de reclusión en donde pudiera continuar el tratamiento. "He visto infinidad de pericias y cuando dice 'no está en condiciones de ser recluido', dice eso. En este caso habla del módulo en particular", expresó e insistió en que se exploren otras opciones.
A lo que la jueza Mainard contestó: "Bueno, ¿y cuál sería doctora? porque yo por lo que tengo entendido a nivel carcelario, no sé en dónde, en la China... Las visitas las hacemos periódicamente a las cárceles, no tienen lo mínimo, un analgésico... No tienen vehículos para hacer los traslados. Yo entiendo su planteo y lo considero, pero quiero que me diga a dónde lo llevamos".
Sobre ese punto, Fernández sugirió que se oficiara al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a que indique si existía algún centro carcelario que pudiera cumplir con las exigencias de cuidado que requería González Bica.
"El delito que cometió el penado es muy grave", insistió la fiscal.
"Pero nadie lo está dejando en libertad", le contestó la jueza.
La fiscal, casi de forma anticipatoria, citó un ejemplo de un caso que habían tenido "últimamente" de una persona que estaba en prisión domiciliaria, cortó su tobillera y se fue al exterior. Pero en ese momento, la que era su abogada, Mercedes Acosta, indicó que no estaban frente a un "asesino serial que haya generado pérdida de vidas humanas, si no frente a un caso importante de drogas" y advirtió que no estaban pidiendo "la libertad absoluta" si no la prisión domiciliaria.
Sobre la propuesta de Fernández de oficiar al INR, la jueza accedió a hacerlo, pero ya con González Bica en prisión domiciliaria. "Lo que el INR va a responder es que sí (hay un centro de reclusión con las condiciones necesarias) o que no, pero no lo va a cumplir tampoco", valoró, e insistió en la falta de recursos de la institución para garantizar funciones básicas.
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), según la documentación a la que accedió El Observador, respondió unos días después que sí existía un centro de reclusión donde el paciente podía hacerse diálisis. "Se informa que la Unidad N°1 (Punta de Rieles) cuenta con policlínica de ASSE donde se puede dar atención de acuerdo a la patología que padece el causante de autos", señala el escrito enviado por el INR. Allí se agrega que respecto a la hemodiálisis el subdirector de la cárcel afirmó que hay un médico de guardia que determinará la necesidad o no de trasladar al recluso a un centro de diálisis.
"Yo entiendo que el delito es grave, pero porque el delito sea grave no lo vamos a dejar morir en reclusión. Ese es mi concepto de las cosas. El señor no es un santo barón, el señor tiene una condena (...) sé que no es un angelito bajado del cielo, cometió un delito, tiene una pena, la tiene que cumplir ¿verdad? Pero sabemos la situación del INR hoy por hoy. Es lamentable", comenzó exponiendo.
"Es lamentable porque no tiene recursos humanos ni económicos ni vehículos ni nada. Y sabemos que esté alojado donde esté alojado no se va a dar cumplimiento al tratamiento médico. Entonces para mí es una responsabilidad que el señor esté internado, mañana le pase algo, y me van a venir a tocar la puerta a mí a decirme 'doctora, con esta situación y con la situación de las cárceles hoy por hoy, usted lo dejó preso'", fundamentó.
En su resolución, recordó que había un "riesgo grave para su salud e integridad física" por padecer un grupo de patologías crónicas que requerían de un tratamiento estricto, controles y seguimientos constantes, estudios, administración de medicamentos y la realización de diálisis periódicamente.
La fiscal Fernández apeló la decisión y quedó a consideración del Tribunal de Apelaciones. "El médico forense no dice que no puede estar recluido (...) Sabemos que integra una organización trasnacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes y que en esas condiciones tiene muchos elementos a favor para evadir la acción de la Justicia", argumentó la representante del Ministerio Público.
La abogada dijo que no compartía la posibilidad de que hubiera un riesgo de fuga al hombre ya estar condenado y por la dolencia que padecía.
Luego, hubo otra instancia el 28 de junio de este año –a cuyo registro también accedió El Observador– en la que se volvió a tratar el tema dado que se habían registrado dos incumplimientos de la prisión domiciliaria. En esa oportunidad, el hombre argumentó que lo hizo para ir al médico y que había pedido a la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida (Dinasla) que lo trasladaran pero que le dijeron que no tenían móviles.
Incluso, en esa audiencia, según se desprende del audio, González Bica estuvo a punto de desmayarse.
Allí, Fernández solicitó que se agregara la historia clínica completa del condenado, para poder tener mayor información sobre su situación sanitaria.
El 30 de agosto, dijeron fuentes del Ministerio del Interior, González Bicca rompió su tobillera y cuando la Dinasla concurrió a su casa a verificar que estuviera allí, el narco ya no estaba.
