Arena y pórtland

El Antel Arena vino a la polémica nuevamente a raíz de un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que señalaba que es posible “sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética”. Hasta ahora se criticaba al Antel Arena por su propia existencia o porque su costo fue mayor al estimado originalmente o porque su gestión daba pérdidas o no daba las ganancias inicialmente proyectadas. Pero nadie había llegado tan lejos como para decir que la gestión del proyecto vulnera “normas de conducta ética”. ¿Que será eso? ¿Se habrán pagado coimas a los constructores? ¿se habrán pagado sobreprecios injustificados? No. Según la Jutep “o bien no hubo un plan de negocios completo para la obra o de existir no hubo posibilidad de acceso a un documento clave ni por el gerente general ni por el auditor externo”, lo que sería prueba de que se gastaba en función de lo que se necesitaba, lo cual derivó en un sobrecosto de US$ 63 millones respecto a los US$ 55 proyectados inicialmente.

Da la impresión que la Jutep se basó en un informe que solicitó y que hizo suyo sin hacer el trabajo correspondiente de investigación. Ahora este informe irá a la justicia penal, agregándose a otras denuncias. Y aunque pueda discutirse el informe, es inaceptable lo que hizo el Partido Comunista al plantearle a su integrante en el organismo que lo debió haber consultado con el partido antes de firmar el dictamen, en lo que constituye una falta enorme de independencia técnica y política. Ese hecho culminó en la renuncia de Jorge Castro quien, ante las críticas de la izquierda, señaló a El Observador: “Si tienen dudas (sobre la auditoría del Arena) hay lugares para denunciar”.

Todo lo cual demuestra lo politizado que está el tema del Antel Arena y la dificultad de llegar a conclusiones objetivas sobre su costo, su utilidad y hasta la ética de la conducción general del proyecto (por suerte no la de Antel, ni la conducción del Arena en la actualidad). Da la impresión que se está rizando demasiado el rizo. Si hubo irregularidades, que las determine la Justicia. Si se trata de una cuestión política de conveniencia de uso de los recursos públicos de tal o cual manera, conviene mirar más al futuro que al pasado. El Antel Arena ya está. Nadie lo va a destruir. Tratemos de sacarle el mayor provecho posible y de potenciar una zona de la ciudad que se había venido deteriorando durante el paso de los años. 

Y pensemos sobretodo en Antel porque en el hipercompetitivo mundo actual de las telecomunicaciones corre peligro de quedar fuera de competencia si no se adapta a un mundo en el cual las “telcos” no son ya meros transmisores de voz y datos sino que son actores en la generación de contenidos y luchan por producirlos o adquirirlos. Por algo Telefónica se está retirando de América Latina y por algo Claro apostó a ser el único medio en transmitir los Juegos Olímpicos de Tokio para el continente. Antel debe construir su camino para estos tiempos que ya están encima, en lugar de gastar energías sobre el pasado. El pasado corresponde, eventualmente, a la Justicia. El presente y el futuro al directorio y gerencias de Antel que es la principal empresa de telecomunicaciones del país pero no puede distraerse ni por un instante en la carrera mundial que está transformando el mapa de las telecomunicaciones, con empresas gigantes entrando al mercado.

Lo mismo ocurre con Ancap y su división Pórtland. ¿Habrá inversores privadores para hacer lo que ya hacen otros privados con mayor eficacia en el país? ¿Tiene sentido que Ancap siga promoviendo esta división, quizá solo para justificar la P de su nombre? ¿No habrá llegado la hora de estudiar bien a fondo cuál es el “core business” de Ancap, de eliminar los sobrecostos que hacen que tengamos los combustibles más caros de la región, de prepararse para el cambio ya inminente de la matriz energética donde perderá peso el combustible fósil? Porque solo con ajustar el precio de los combustibles a la Paridad de Precios de Importación lo único que hacemos es transparentar ineficiencias. 

Y al final volvemos a lo mismo. Ya que ha decidido tenerlas, Uruguay se debe un debate serio sobre la gobernanza de sus empresas públicas, de la manera de tornarlas eficientes, y de comprender que en este mundo en cambio no se puede seguir evitando ni el viento de la competencia ni ocultando el peso de ineficiencias del pasado. Es mucho lo que está en juego.