Bancos: baja de topes en tasas de créditos potenciará informalidad
Un proyecto de ley plantea modificar el régimen de usura. Gremial de los bancos privados alertó que un segmento de la población terminará pagando precios “mucho mayores”
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27 de noviembre de 2021 a las 05:01
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La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), marcó diferencias con el proyecto de ley que plantea cambios en varios puntos de la ley sobre usura en créditos. La iniciativa tiene como objetivo central reducir los intereses que las instituciones bancarias y administradoras de crédito cobran por sus préstamos, tanto por intereses compensatorios, como por mora.
La normativa vigente dice que se considera que existe usura en los intereses compensatorios cuando la tasa implícita supera las tasas medias de interés que publica el Banco Central (BCU), en un porcentaje mayor a 55% o 90%, dependiendo del monto del crédito y el tipo de operación. En caso que se configure mora, hay usura cuando la tasa implícita supera las tasas medias del BCU en un porcentaje mayor a 80% o 120%, también dependiendo del capital prestado.
Es decir, lo que se puede cobrar por intereses de manera legal está entre el promedio que informan los bancos al BCU y el tope previsto por ley. El proyecto elaborado por el diputado del Partido de la Gente, Adrián Peña, modifica el mecanismo que calcula los topes, y propone que la usura en los intereses compensatorios se configure cuando la tasa implícita supere las tasas medias del BCU en un porcentaje mayor a la inflación. Es decir, que no se pueda cobrar más que el IPC. Y en el caso de mora, que se pueda cobrar el IPC más un 20%.
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El argumento de los bancos
Una delegación de ABPU alertó esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que una reducción en las tasas máximas podría excluir del mercado de créditos al consumo a varios segmentos de la población, en la medida que algunas instituciones no estuvieran dispuestas a prestarles dinero con tasas más bajas. Y eso también podría fomentar una migración hacia el mercado informal con financistas particulares no regulados.
“La decisión que podría tomar la mayoría de las empresas es: ‘A aquellos clientes cuyos costos son mayores que los que yo cobro por los intereses, no puedo atenderlos’. Esto implica que un segmento importante de la población quedaría fuera del mercado formal. ¿Esto significa que no necesitan dinero? Obviamente que sí necesitan, y por eso ese segmento irá al mercado informal, a los prestamistas, y no vamos a tener información sobre las tasas de interés que se paguen”, advirtió el director ejecutivo de ABPU, Roberto de Luca, según la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió El Observador.
El ejecutivo amplió su razonamiento, y explicó que se puede implementar una nueva tasa media que caiga en comparación a las actuales, pero solo va estar midiendo lo que estén pagando los sectores que vayan al mercado formal.
“Va a haber un porcentaje importante de uruguayos en general, personas jóvenes, personas que no tienen trabajos fijos, que no tienen historial crediticio que van a pagar unas tasas mucho mayores y no vamos a tener información al respecto. Tenemos la ventaja de contar con un mercado bastante regulado en un porcentaje muy alto; corremos el riesgo de volver muchas décadas para atrás y tener un mercado informal mucho mayor”, afirmó De Luca.
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El ejemplo de Chile
La gremial de bancos privados puso como ejemplo un informe que analiza la situación de control de tasas en Chile y que llega a la conclusión que el 9,7% de los consumidores del mercado de crédito fueron excluidos del sistema formal, principalmente clientes jóvenes con menor nivel educativo y menores ingresos. Además, expresaron que si el mercado formal se empieza a achicar, probablemente haya empresas del mercado actual que dejen de operar o que disminuyan su actividad. Ello podría implicar que la competencia sea menor, y ese es un “factor negativo” para las tasas de interés, dijo de Luca.
Además, ABPU planteó dudas respecto a los motivos por los que se debería considerar el porcentaje de IPC como referencia para poder determinar la existencia de usura. En primer lugar, porque se propone utilizarlo para operaciones de cualquier tipo, sea en pesos o en moneda extranjera.
Y segundo, porque no se establece exactamente cuál es el IPC que se quiere tomar para saber la tasa máxima permitida, si el disponible a la fecha de constitución de la obligación o el que exista al momento de la exigibilidad del pago. Sin aceptar el contenido de la propuesta, el BCU señaló meses atrás a modo de sugerencia, que se podría eliminar la referencia al IPC y en el caso de que se quiera establecer topes inferiores, hacer referencia a porcentajes específicos.
Otro punto de la iniciativa de ley propone que para determinar las tasas medias de interés, el BCU excluya del cálculo las tasas que se aplican a las operaciones con tarjetas de crédito de los bancos, y las tasas que se aplican a préstamos que fueron otorgados originariamente en empresas administradoras de crédito propiedad de las instituciones de intermediación financiera.
Según el proyecto de ley, hay bancos que son propietarios de financieras y reflejan en sus balances las operaciones de esas entidades. Así, esas transacciones crediticias inciden en el cálculo de la tasa de interés “distorsionando la misma al alza”. Los bancos privados entienden que si se excluyen esas operaciones, la tasa “corre el riesgo” de no ser representativa del mercado.
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