Nacional > Parlamento
Coalición negocia "ajustes puntuales" a la vigente ley de usura y jueces piden mayor regulación
El Poder Ejecutivo marcó este jueves que una de las prioridades para este año legislativo debe ser el proyecto que regula a la baja las tasas de interés de los créditos al consumo, en lo que configura una modificación a la vigente ley sobre usura. Así lo confirmó a El Observador el coordinador de la bancada nacionalista en Diputados, Pedro Jisdonián, luego de reunirse con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
El objetivo, señaló el legislador, es tener aprobada una nueva ley antes de fin de año, en el marco de un período que estará marcado por la Rendición de Cuentas y otro de los intereses centrales de la Torre Ejecutiva: una nueva ley de Medios.
Todos los partidos que integran la coalición de gobierno vienen negociando un nuevo articulado, sin perjuicio que la Comisión de Hacienda de la cámara baja comenzó a trabajar la semana pasada sobre la base del proyecto que en 2020 había presentado el diputado Daniel Peña (Partido de la Gente). Al respecto Iván Posada (Partido de Independiente) le dijo a El Observador que lo que se negocia son "ajustes puntuales" a la ley vigente.
Las negociaciones, explicó, pasan por tres puntos: legislar sobre la "publicidad engañosa" que brindan ciertas empresas financieras a la hora de ofrecer préstamos, la forma de calcular las tasas de interés y los topes a esos intereses, que serán ajustados a la baja. La magnitud de esa reducción es uno de los puntos que están en debate dentro de la coalición.
La necesidad de una mayor regulación sobre la usura fue respaldada en términos generales en la Comisión de Hacienda por la Asociación de Magistrados del Uruguay. "Hay personas que hoy están sobreendeudadas por la aplicación de esta perversa ley vigente" advirtió una de sus integrantes, Dora Szafir. "Una vez que fallan en el pago de una cuota, por los intereses ya no pueden salir de la situación de deuda". Szafir, docente de relaciones de consumo en la Universidad de la República, relató algunos casos que le tocó presenciar.
Una persona sacó en su momento un crédito de $ 30 mil en 30 cuotas. Cuando apenas había cancelado tres, se desató la crisis de 2002 y ya no pudo pagar. Aplicados los intereses esa persona, que teóricamente debía $ 27 mil, quedó debiendo $ 1.361.000. "Está bien que un deudor sea sancionado pero otra cosa es aniquilarlo, declararle la muerte civil" dijo, al señalar que esa persona va a pasar a ser radiado de toda posibilidad de obtener un nuevo crédito o de alquilar una propiedad.
Szafir recordó que el Banco Central no fija la tasa media del mercado. Lo que hace, precisó, es promediar lo que las entidades de intermediación financiera le informan, por lo que los términos de usura son definidos hoy por las propias entidades que dan los préstamos. En base a eso es que esas instituciones pueden llegar a cobrar un plus de hasta el 80%.
El proyecto también fue apoyado por la Asociación Uruguaya de Consumidores Unidos (ACAU). Uno de sus voceros, Ángel Arias, planteó distintas realidades entre los bancos, que por lo general prestan dinero a personas con capacidad de pago, e instituciones de intermediación que apuntan a un público mucho más débil y que terminan cobrando costos muchos más altos para otorgar un crédito "que puede ser para comer, para comprar un electrodoméstico o para satisfacer otra necesidad de la vida diaria".
Su colega Francisco Majó planteó ante la comisión la situación de personas de escasos recursos que son acosadas por instituciones financieras y recuperadores de crédito.”Les dicen que hasta van a ir presas por las deudas que tienen”, contó. Su relato fue apoyado por el diputado Peña, que dijo tener documentadas más de 1.000 llamadas de ese estilo.
Para el abogado Nelson Chicurel uno de los problemas está en que el Banco República ya no integra el ranking de información en el que están incluidas casi 600 entidades financieras. Su presencia, remarcó, ayudaba a bajar el promedio de intereses, que en los últimos tres años tuvieron un incremento de 30%.
Uruguayos endeudados
La comisión recibirá la semana que viene a la jueza Claudia Kelland, que irá a exponer sobre el proyecto en representación de la Suprema Corte de Justicia. Ese día irá también la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU). Los legisladores esperan además la visita de representantes de Equifax, responsable del Clearing de Informes.
Al respecto, datos en poder de los los diputados indican que allí hay incluidos 950 mil urguuayos, de los que solo el 25% logró algún tipo de refinanciación.
El Monitor del Mercado de Crédito al Consumo de la financiera Pronto indicó que al cierre de marzo dos de cada tres personas tenía un préstamo pendiente de pago. De ellos, el 43% dijo haber tenido alguna dificultad para cumplir con sus obligaciones en el cuatrimestre anterior.
En concreto, más de 2 millones de personas físicas y 93 mil personas jurídicas se mantenían como deudores activos del sistema financiero, según datos del Banco Central citados a principios de este mes por Búsqueda. El año pasado el sector financiero fue responsable del 20% de los casi 19 mil reclamos presentados ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía.
