En Cabildo Abierto ha habido propuestas pero pocas han tenido el apoyo del resto de la coalición

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Los proyectos de ley que Cabildo Abierto propuso y no avanzaron

Reinstauración de la Ley de Caducidad, regulación de la usura, y prisión domicialiaria a mayores de 65 años no tuvieron eco en la coalición multicolor
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08 de noviembre de 2021 a las 12:05

A pesar de ser el tercer socio de la coalición, Cabildo Abierto no ha tenido ningún proyecto de ley de su autoría aprobado por ambas cámaras legislativas. Diferentes iniciativas que han presentado fueron objeto de discusión y estudio pero, salvo excepciones, la mayoría no ha pasado de sus respectivas comisiones para ser tratadas. 

Uno de los objetivos de Cabildo, que no tiene la aprobación total de sus socios de la coalición, es la iniciativa que busca que se otorgue prisión domiciliaria preceptiva en los casos de mayores de 65 años. En una serie de reuniones con el resto de la coalición de gobierno, los cabildantes ratificaron su voluntad de obtener su aprobación antes del 15 de diciembre, fecha en la que finaliza el período parlamentario. 

Los liderados por Guido Manini Ríos están dispuestos a negociar para llegar a un consenso que permita su aprobación, siempre y cuando no signifique “alterar la esencia” del proyecto. 

Este lunes, el presidente Luis Lacalle Pou recibirá a integrantes del Foro de Montevideo, un grupo que le envío una carta con el fin de que se liberen a los exmilitares de la cárcel de Domingo Arena, condenados por delitos cometidos en la dictadura militar. Son más de 20 los privados de libertad en esa prisión, que también saldrán en libertad si el gobierno aprueba la ley propuesta por Cabildo Abierto.

Otro caso que no recogió el apoyo de los socios de la coalición es la Ley Forestal, un proyecto que sin embargo tiene aprobación en la Cámara de Diputados pero con votos del Frente Amplio. El proyecto establece que “la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario”.

El objetivo es que las explotaciones forestales se ubiquen solamente en los suelos de prioridad forestal. El presidente Luis Lacalle Pou se mostró contrario a esa medida e incluso llegó a manifestar que vetaría la ley en caso de que se apruebe en el Senado.

Cabildo tampoco tuvo éxito en la promoción de un proyecto para reinstaurar la ley de Caducidad. Fue impulsado en 2020 y luego renunció a seguirlo tratando debido a que no encontró apoyo en ninguno de los socios. A su vez vieron que había dificultades jurídicas para su implementación. Otra de las leyes vinculadas al pasado reciente fue la que procuraba impulsar una reparación económica a víctimas de la guerrilla ocurrida entre 1962 y 1976

“Es un proyecto de justicia por las víctimas de distintos grupos armados que existieron en este país, víctimas que fueron asesinados o fallecieron de forma accidental, porque en algunos casos los grupos armados no querían en definitiva asesinar a estas personas, o a causas de heridas recibidas, y tienen problemas físicos para desarrollarse en la vida”, dijo el senador Raúl Lozano en Radio Uruguay en diciembre de 2020. 

Este proyecto todavía no ha sido tratado en discusión general pero tiene el apoyo del ministro de Defensa Nacional, Javier García e incluso contó con el apoyo del expresidente José Mujica. "Puede ser viable, recordemos las viejas guerras patrias, vayamos a la historia para aprender. Se estableció la pensión de los servidores. Yo respeto mucho esas cosas", expresó Mujica durante una entrevista en Informativo Sarandí en julio de 2021.

Otra iniciativa presentada por Cabildo es la de regular y combatir la usura. Ese último proyecto era uno de los que pensaban impulsar en 2021, pero no encontró apoyos suficientes para comenzar a tener un tratamiento prioritario. En julio de 2021, el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, ingresó un proyecto similar a la Comisión de Hacienda y con ambas propuestas. Cabildo espera que en 2022 este tema sea una de las prioridades a discutirse.

Desde el partido liderado por Manini Ríos ven un Parlamento oficialista con mayor predisposición para tratar leyes que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo. Y ponen como ejemplo el caso del proyecto de ley para otorgarle personería jurídica a los sindicatos. El primer proyecto de ese estilo había sido propuesto por el diputado cabildante Sebastián Cal. Sin embargo, ahora que el Ministerio de Trabajo envió su propio proyecto de personería jurídica consideran que hay una oportunidad para legislar sobre ese tema.

Otro proyecto es el de tenencia compartida. Este tema fue abordado por Cabildo Abierto y también por la senadora blanca Carmen Asiaín, a pedido expreso del presidente. Si bien las negociaciones entre ellos han tenido avances, los reparos se generaron en el Partido Colorado y también en la interna del Partido Nacional, ya que la vicepresidenta Beatríz Argimón tiene diferencias con algunos puntos.

Un proyecto que está a estudio en Diputados es la tipificación de los ciberdelitos, propuesto por Cal. En la presentación del proyecto, el diputado cabildante expuso que es "imperioso y urgente" crear un marco legal para enfrentar a la llamada ciberdelincuencia y proteger a los usuarios que son víctimas de actividades fraudulentas.

Esa propuesta no ha pasado todavía la discusión general pero si contó con el visto bueno del ministro del Interior, Luis Alberto Heber cuando concurrió a  la comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. 

Un proyecto recién presentado tiene el objetivo de prohibir la pirotecnia sonora, impulsado por la diputada Silvana Perez Bonavita. "Está a estudio la eliminación de ese tipo de petardos porque realmente queremos que esta señal sea unánime y podamos avanzar todos en el proyecto, convencidos de que es el que tenemos que tomar", dijo en entrevista con No Toquen Nada.

Una iniciativa que sí tuvo apoyo, pero hasta ahora solo en una cámara, fue la Internación por Voluntad Anticipada de personas en situación de consumo abusivo de drogas, que fue aprobada en Diputados el 14 de octubre y ahora comenzará a ser discutida en el Senado. 

Su aprobación en la Cámara Baja no estuvo exenta de diferencias en la interna del oficialismo, ya que no fue votada por algunos integrantes del Partido Nacional, como Sebastián Andújar y Álvaro Dastugue, y tampoco por el diputado del Partido Independiente, Iván Posada. A su vez, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo a la Diaria que “hoy en día el país no tiene cómo afrontar si esa ley sale". 

Propuestas económicas

También hubo propuestas económicas que se impulsaron por parte de Cabildo que no generaron consensos.  En junio Cabildo pidió al Ministerio de Economía buscar una fórmula para cumplir con el Compromiso por el País. Ese documento establece, en el capítulo 4, la necesidad de “avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos, que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad” pero no desarrolla este tema ni menciona casos específicos.  Los impuestos ciegos son aquellos que gravan a todas las personas por igual sin tener en cuenta el nivel de ingresos u otro tipo de variable. 

En febrero pidió revisar la reforma tributaria impulsada por el Frente Amplio (“bajar el impuesto al trabajo”), reducir las exoneraciones al gran capital y crear el Consejo de Economía Nacional, entre otras, según el documento al que accedió El Observador. Una de esas propuestas era revisar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). No tuvo el apoyo de los socios.

Cabildo Abierto entendía que las medidas actuales estaban concentradas en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) de forma “excesiva, ineficiente y regresiva” y que penalizaban directamente a las pequeñas y medianas empresas.

Otra medida que afectaba directamente a las pequeñas y medianas empresas pero de la frontera es el proyecto para bajar los tributos a los comercios fronterizos.  

La iniciativa presentada por Cabildo Abierto define “establecer un régimen jurídico especial de comercio fronterizo para las micro, pequeños y medianas empresas (Mipymes) instaladas o por instalarse, en zonas de frontera del país” hasta 20 kilómetros desde los pasos de frontera con Argentina y Brasil, La forma de apoyar a esos comercios es la disminución de impuestos a través de una tarjeta de frontera para los habitantes de la ciudad fronteriza para ser utilizada en su departamento y que contará con un tope mensual no acumulable. Ese proyecto fue presentado en 2020 y continúa en la Comisión de Hacienda del Senado.

A su vez, el partido de Manini pretendía eliminar algunas exoneraciones que tiene el sector forestal a nivel impositivo. 

El partido apuntaba hacia las plantaciones de ciclo largo, de más de 15 años, que exoneran el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) porque se entendía que eran inversiones “muy a largo plazo”, según dijeron desde el Ministerio de Ganadería a El Observador en marzo de este año. 

Otra de las propuestas que Cabildo Abierto elaboró de cara a la Rendición de Cuentas fue la implementación de un “IVA personalizado”.

Según Manini, esto determinaba que, por ejemplo, “quien tiene los recursos necesarios y compra leche exonerada de IVA, tal vez podría pagar el IVA completo, y exonerar a quien realmente tiene dificultades económicas”.

Digo leche como digo cualquier producto que está exonerado de IVA, porque son de alta sensibilidad social; determinados sectores de la población pueden pagar el IVA permanentemente y que se amplíen las exoneraciones a los sectores más frágiles de la sociedad. Esa es la idea, creemos que hoy hay tecnología para hacerlo, es posible, no es una cosa que no se pueda aplicar”, sostuvo el senador en su presentación. Tampoco tuvo apoyo de los socios y quedó por el camino.

 

 

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