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El presidente recibirá la carta el lunes 8 de noviembre

Nacional > Derechos Humanos

Carta con más de 2.000 firmas pide liberación de presos de Domingo Arena y que Lacalle sea "Mandela"

"Libérelos y libérenos, señor presidente, y cierre de una vez la fractura" dice la misiva, en referencia a los "viejos soldados" allí recluidos

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27 de octubre de 2021 a las 05:04

El lunes 8 de noviembre el presidente Luis Lacalle Pou recibirá a un grupo de ciudadanos "anhelantes de la paz y la reconciliación nacional" que, convencidos de que la plena vigencia de los derechos humanos pasa por el respeto absoluto a la Constitución y a la ley, le pedirán que ponga fin a una "injusticia": la prisión de los ex militares recluidos en la Cárcel de Domingo Arena por delitos vinculados al último proceso cívico-militar. 

Lo harán a través de una carta que hasta el momento ha recogido más de 2.000 firmas, entre ellas la de gente "bastante influyente" y de "formadores de opinión", según dijo a El Observador una de sus promotoras, la escritora Mercedes Vigil. 

La iniciativa de pedir la liberación de esos presos surgió de algunos integrantes del denominado Foro de Montevideo, e intenta ser "lo más ascéptica posible" sin ingresar demasiado en aspectos jurídicos. "Queremos dar vuelta la página" expresó Vigil, en el entendido de que lo que se vivió en Uruguay fue un "conflicto bélico". Así lo han afirmado, dijo Vigil, incluso integrantes del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN); un conflicto en el que hubo además "daños colaterales" que provocaron un dolor inconmensurable e imposible de olvidar.

Si hubo una guerra y hubo dos bandos, argumenta Vigil, los "daños colaterales" existieron en los dos bandos o en ninguno. 

La escritora añadió que para "dar vuelta la página" se necesita que en Uruguay "se retome el Estado de Derecho". Se refería al "desconocimiento" de lo expresado por la ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, cuya vigencia fue ratificada por dos consultas populares realizadas en 1989 y en 2009 respectivamente. 

Ese "desconocimiento" de la expresión popular fue, según apuntó, una decisión política, y bajo esos fundamentos es que el grupo aspira a a que Lacalle Pou sea un "Mandela" –en referencia al ex presidente de Sudáfrica– que otorgue "una solución que nos reconcilie a todos". "Hay infinitas vías posibles", señaló al ser consultada por la manera en que el presidente podría tomar una decisión de ese tipo. 

Para Vigil, el problema radica en que a la salida de la dictadura el país no supo tomar las medidas adecuadas para que los efectos de esa "guerra" pudieran superarse en armonía. Habló al respecto de la supervivencia de un "relato hemipléjico" que hace que de un lado existan "bisnietos de los terroristas que atentaron contra la República y que son resarcidos nadie sabe por qué", y del otro "unos pobres viejos procesados sin pruebas". 

"La carta no es, ni más ni menos, que la expresión de la mayoría de los uruguayos", remarcó.

Los últimos párrafos de la carta que recibirá Lacalle Pou señalan que "en Domingo Arena hay encerrados algo más que un montón de viejos soldados". "Allí estamos presos todos, está presa nuestra democracia. Detrás de las rejas del pasado, está preso el futuro", agrega la misiva. 

El pedido al mandatario es concreto: "libérelos y libérenos, señor presidente, y cierre de una vez la fractura". 

Un lugar apto para la reflexión

Conocida oficialmente como Unidad 8, la Cárcel de Domingo Arena presenta una realidad bastante diferente a la del resto de las prisiones del país. Hoy alberga a 26 reclusos, lo supone una ocupación del 65% según el Informe 2020 de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit. 

Se trata de uno de los centros que permite a los allí albergados verdaderas "oportunidades de integración social" . Está ubicada en una antigua unidad militar emplazada en el área metropolitana de Montevideo. Está compuesta por una casona central con habitaciones en torno a un corredor, con espacios comunes y al aire libre "amplios y correctos". 

Las particularidades de las personas allí albergadas implica que ninguno de los detenidos realice allí actividades de educación formal, o que reciban salario o peculio por efectuar algún tipo de actividad laboral. Tampoco algún tipo de trabajo no remunerado. 

A diferencia de otros centros, en el último año tampoco hubo allí homicidios o suicidios. 

El informe de Petit habla de una unidad pequeña, con habitaciones individuales espaciosas, donde los internos disponen de herramientas, radio o materiales para trabajar. También disponen de huerta y talleres. 

Con todo, la cárcel no está a salvo de inconvenientes. "Se trata de una población de mucha edad en general, por lo que la atención médica  es uno de los temas más importantes a tener en cuenta", señaló el comisionado. Al respecto, apunta que las coordinaciones de consultas con especialistas y estudios médicos son frecuentes y requieren una buena logística para llevarlas a cabo.

Su edad y el tipo de delitos por el que están acusados marca para esta cárcel un perfil diferente, según el informe. Una unidad que "ha ofrecido a los internos un buen ámbito para su período de privación de libertad, con un espacio físico muy correcto y actividades ocupacionales disponibles, según el deseo de cada interno de utilizarlas o no". 

Petit habló de un espacio "apto para la reflexión, el trabajo y la convivencia". 

Ahora, un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto pretende disponer la prisión domiciliaria preceptiva para los presos mayores de 65 años de edad, lo que implicaría a buena parte de los recluidos en Domingo Arena. 

El argumento de los liderados por Guido Manini Ríos es preservar a este grupo etario de posibles contagios por covid-19. Así, se basaban en una recomendación efectuada por el propio comisionado parlamentario en cuanto a otorgarle prisión domiciliaria a los reclusos de la tercera edad por motivos sanitarios. 

En diálogo con El Observador, Petit recordó que esa recomendación había sido efectuada en un momento muy complicado de la emergencia sanitaria, cuando casi uno de cada diez presos padecía covid-19. 

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