Barajar y dar de nuevo: un año de improvisación e incertidumbre

El año de la pandemia hizo estragos en cualquier planificación económica –pública, privada, individual o colectiva– y forzó a improvisar. A algunos los agarró mejor parados que a otros. Un gobierno recién asumido con escaso margen fiscal y un mandato político de reducir el gasto público. Un sector empresarial que en el grueso de los casos llegaba con lo justo, con la rentabilidad debilitada por el encarecimiento de la economía y la pérdida de competitividad, con su liquidez y por lo tanto su espalda, seriamente comprometida.

Y hogares en una situación más vulnerable de lo que muchos percibían, con los sectores de menores ingresos fortalecidos por años de crecimiento y políticas asistenciales, pero demasiado expuestos a un cambio en los vientos.

En medio de un escenario de estancamiento económico, la economía uruguaya recibe un shock sin precedentes, transitorio pero severo como pocos, que implicó en mayor o menor medida una restricción a la capacidad de proveer servicios presenciales y el cierre de mercados clave para sectores de gran tamaño, como el turismo. El atenuante fue el ritmo lento de dispersión del virus en Uruguay, que sumado a una actitud del gobierno favorable a las libertades individuales y reacio a las medidas de confinamiento más severas, permitió suavizar el impacto económico respecto a la región y buena parte del mundo.

La última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central (BCU) estima en 5,2% la caída de la actividad de este año. Es una caída menor a lo estimado por los expertos internacionales para Chile (-5,9%), Colombia (-7%), México (-9,1%), Argentina (-11,2%) y Perú (-12,5%), según las previsiones recogidas por Focus Economics en su informe LatinFocus Consensus Forecast. 

La caída de la actividad se concentró en el segundo trimestre del año (-12,5% respecto a igual período de 2019) y un repunte a partir del tercer cuarto del año, que dejó a la economía local a mitad de camino entre el piso de abril-junio y sus niveles previos a la pandemia. Ese resto no se recuperará a la misma velocidad y el empuje del virus en el último mes refuerza ese pronóstico, cargando de incertidumbre el camino todavía difuso hacia la vacunación efectiva. Los expertos locales esperan que recién sobre finales de 2022 la economía uruguaya recupere los niveles de actividad de 2019 y ese mojón se fue alejando en el horizonte de previsión en los últimos meses.

En lo inmediato

Este escenario abre desafíos de corto y mediano plazo para la economía uruguaya y en particular para el gobierno. En lo inmediato, la atención a la emergencia social y el apoyo al sector privado para desactivar procesos de desinversión que hagan permanentes efectos que podrían ser transitorios.
La emergencia social requerirá más creatividad y gasto público.

El gobierno ensayó durante los primeros meses de la pandemia una gimnasia de diseño incremental de políticas focalizadas que mediante nuevos anuncios semanales buscaba suavizar el impacto de la crisis en sectores puntuales. Con recursos limitados, era necesario concentrar el esfuerzo en quienes realmente necesitaban la ayuda. 

Camilo dos Santos

Ese ejercicio se vio interrumpido en los últimos meses. El gobierno no muestra nuevas medidas de respuesta a la emergencia social más allá de los dispositivos automáticos que tiene el Estado para atender esta clase de situaciones, como el seguro de desempleo, pero que no alcanzan a cubrir a la totalidad de los afectados por esta crisis.

La oposición encuentra un punto donde apalancar sus reclamos al gobierno en un área sensible, en momentos donde la sociedad civil se moviliza para tapar vacíos que deja el Estado.

La política social, la innovación y el refuerzo de las partidas asistenciales debería ser una prioridad para el primer trimestre de 2021. El gobierno debe retomar su dinámica de políticas incrementales y focalizadas, sin caer en respuestas amplias, desmedidas y facilistas, como es la propuesta de universalizar una renta básica.

El gran “pero” que ponen las autoridades a una política más expansiva es la situación fiscal, con un déficit heredado de 3,5% del PIB que la pandemia disparó a casi 6%. Con un desequilibrio de esa magnitud, la deuda pública profundiza una trayectoria que conduce a la insostenibilidad. Esa lectura es inobjetable, pero es cierto que el escenario actual da un margen impensado para el gasto transitorio y medido, con el objetivo de mitigar efectos que en el largo plazo son más caros y difíciles de desarticular. 

La disponibilidad de crédito abundante y barato, el agravamiento generalizado de la situación fiscal en el mundo –que le permite a Uruguay posicionarse mejor en términos relativos– y la actualización de la metodología de las Cuentas Nacionales que diezma los indicadores de déficit fiscal y deuda pública medidos en términos del PIB, abren una ventana para gastos transitorios que atiendan la emergencia social e inyecten más oxígeno a las pequeñas empresas.

Hacia adelante

En el largo plazo, los desafíos son más complejos de afrontar. Cuando las fronteras se abran y lo sanitario deje de acaparar la atención de los gobiernos y del sector privado, el mundo será muy distinto al de 2019. 

El sacudón económico a nivel global dejó secuelas y la más evidente es la relación de precios entre los distintos países: Uruguay entró caro respecto al resto del mundo a la crisis sanitaria y va a salir de ella con una brecha de precios aun mayor. Cuando se abran las fronteras, es difícil pensar que Uruguay pueda competir en las condiciones de 2019 como destino turístico con la relación cambiaria que mantiene en particular con la región. Y esa diferencia ya pesa en otros sectores transables.

Esto puede condicionar además otras políticas –como la monetaria– y dificultar la reducción de los niveles de inflación, que un escenario de pérdida de rentabilidad e iliquidez de las empresas, la imposibilidad de afrontar ajustes salariales afecta directamente el poder de compra de la mayoría de los uruguayos y configura otro elemento de tensión social para el gobierno y de restricción al consumo como motor de crecimiento.

Hay otro fenómeno que tiene consecuencias de más largo plazo y condiciona la capacidad del país para retomar el crecimiento sostenido: una creciente dificultad para generar empleos. La crisis sanitaria aceleró procesos de transformación tecnológica y automatización. Encuestas empresariales como la de la consultora Exante muestran una mayor propensión a la inversión por parte de las empresas, pero no acompañada por procesos de incorporación de personal sino de adopción de tecnología ahorradora de empleo.

La creciente brecha educativa y de capacidades requeridas por el mercado laboral, hace que los problemas de empleo sean estructurales en la economía uruguaya. Muchos de los 50 mil empleos destruidos durante la pandemia no se van a recuperar, no porque la movilidad restringida impida proveer un servicio, sino porque ese empleo rutinario y sustituible por tecnología y nuevos procesos, condenado a desaparecer en uno o dos años, se encontró con un final anticipado.

Camilo dos Santos

El desafío pasa por la reconversión de trabajadores, pero también por la actualización de un sistema educativo divorciado de las necesidades del siglo XXI y que limita las oportunidades de quienes más las necesitan, pone un techo a la movilidad social y limita la capacidad del país para insertarse en las nuevas tendencias mundiales de deslocalización en los sectores más pujantes y que liderarán la recuperación.

De lo contrario, Uruguay seguirá a merced de vientos favorables en precios de commodities, como los que empiezan a soplar, y a seguir siendo vulnerable a los cambios de contexto –difícilmente tan bruscos como los de este año que al fin termina–, pero que siempre tiene los mismos nombres apuntados en la lista de los que salen perdiendo.