Blancos admiten “efectos no deseados” y plantean revisar de la duplicación de penas por hurto

Pero en esa sesión, que funcionará en régimen de comisión general, los legisladores también comenzarán a discutir la revisión de una situación legal que envolvió al Parlamento en una polémica con fiscales y defensores públicos, tras la entrada en vigencia del artículo 114 de la Rendición de Cuentas, que duplicó las penas para distintos tipos de hurto. 

Si bien el Ministerio del Interior propuso durante la discusión parlamentaria que se incluyera un artículo para definir el robo de cables como un delito específico, el Parlamento terminó aprobando –sin debatirlo específicamente en sala o comisión– agravantes para una amplia gama de casos, tal como informó El Observador el pasado 6 de enero. 

Tras las advertencias de los operadores judiciales, que señalan que el aumento de penas abarcó no solo los "bienes públicos" sino todos los bienes "expuestos al público" –y que ello supone un riesgo de "colapso" del sistema carcelario–, el senador nacionalista Jorge Gandini (Por la Patria) planteará la necesidad de modificar el artículo.

“Está claro que generó un efecto no deseado” dijo Gandini, en diálogo con El Observador. Si bien dijo no compartir la interpretación de jueces y fiscales respecto a que la redacción aprobada abarque todos los bienes públicos, Gandini destacó que esa interpretación es la que regirá a la hora de aplicar la ley, y que entonces debe realizarse un cambio que ajuste los efectos del artículo a lo que efectivamente era la intención del legislador.

Según adelantó, el proceso implicará una serie de consultas al Ministerio del Interior y al Poder Judicial.

El confuso periplo

El año pasado, en el marco de la discusión presupuestal, el Ministerio del Interior había pedido la creación de un delito específico para los casos de hurto de bienes destinados al servicio público. El objetivo era una medida contundente en contra del robo de cables de cobre de las redes de UTE y Antel. 

En ese marco, el subsecretario Guillermo Maciel llevó al Parlamento un texto que planteaba la creación de un artículo 343 bis en el Código Civil y así establecer para este tipo de delitos una pena de 24 meses de prisión a seis años de penitenciaría.  Además del robo de cables, la cartera apuntaba a los habituales hurtos de materiales en centros de salud y escuelas. 

La propuesta fue desechada en la Cámara de Diputados, bajo el argumento de la inconveniencia de definir este tipo de asuntos en leyes presupuestales. El ministerio insistió y volvió a hacer el pedido en el Senado. Allí, la bancada de gobierno optó por otra vía y modificó el numeral 6 del artículo 341 de ese código, para definir como agravante que el hurto sea cometido “sobre cosas existentes en establecimientos públicos o que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas". La pena mínima quedó fijada en 24 meses de prisión. 

Una vez en vigencia, el pasado 1° de enero, fiscales y defensores de oficio comenzaron a advertir que el universo de modalidades delictivas resultó ser mucho más amplio que el robo de cables: comprende en realidad todos los hurtos cometidos sobre bienes, cosas o elementos expuestos al público. En la práctica, señalaron, son la mayoría de los hurtos que se cometen.

 "Los autos que duermen en la calle, las motos, bicicletas, los contadores de luz, los carritos de comida, todo entra en esa hipótesis", dijo el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales (AMFU), Willian Rosa. La defensora pública Sofía Pereyra Huelmo advirtió que con ello las cárceles “van a colapsar”. 

Un relevamiento de las actas parlamentarias demuestra que la aprobación de este artículo pasó desapercibida, sin ningún tipo de debate ni consultas a involucrados. En el oficialismo, ningún legislador dijo recordar la razón del cambio. Varios, incluso, afirmaron haber votado convencidos de que estaban aumentando las penas específicamente para el robo de cables y admitieron desconocer el alcance de lo que aprobaron.  

"A las apuradas"

El Frente Amplio, que rechazó votar el artículo 114 en la Rendición de Cuentas en el Parlamento, saludó la decisión del oficialismo de revisar la medida. 

En declaraciones a El Observador, el senador Charles Carrera (MPP) remarcó la significación de que en la coalición de gobierno se reconozca un “error”, producto de “legislar a las apuradas” y “sin consultar a la academia y sin analizar las consecuencias de lo que se vota”. 

El legislador dijo estar abierto al diálogo para resolver el problema. “Sin duda hoy existe un gran problema con el robo de cables”, señaló. 

Carrera, que entre 2010 y 2017 fue el director general del Ministerio del Interior, recordó que durante la pasada administración se había conformado un grupo de trabajo con Antel y UTE, que logró “mejorar muchísimo” la situación, a través de un patrullaje específico sobre las “zonas calientes” en las que se sucedían los robos de cables. 

“Aparentemente, eso se dejó de hacer y el problema vuelve a estar sobre la mesa”, lamentó. 

Según su visión, esta modalidad delictiva debe combatirse, sobre todo, a través de la aplicación de inteligencia y trazabilidad de este tipo de mercado. La situación, sostuvo, no se resolverá solo por la vía punitiva. “Se está atacando solo al último eslabón”, concluyó.