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El subsecretario Guillermo Maciel

Nacional > Seguridad pública

Gobierno quiere aumentar penas por robo de cables: UTE sufre 32 hurtos por día

El Ministerio del Interior planteó un aditivo a la Rendición de Cuentas para establecer un delito específico de hurto de bienes destinados a cualquier servicio público.

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29 de julio de 2021 a las 09:21

El Ministerio del Interior presentó ante el Parlamento un nuevo artículo que pretende incorporar a la Rendición de Cuentas con el objetivo de enviar una "fuerte señal política y jurídica" para penalizar en forma específica el hurto de bienes destinados a una utilidad o servicio público. El centro está en los numerosos robos de cables del tendido eléctrico, y que llevó a UTE y Antel a ser los impulsores de esta nueva medida. 

De momento el robo de energía y agua potable se penaliza como un hurto común. La pena prevista va de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría, con la salvedad de que se opere por intervención en los medidores, en cuyo caso se considera una estafa. 

La propuesta, a la que accedió El Observador, establece un aditivo al artículo 343 del Código Penal para que, cuando el robo tenga como objeto un bien público de utilidad pública, las penas previstas irán de los 24 meses de prisión a los seis años de penitenciaría.  

"Lo que se persigue es combatir un delito que provoca un grave daño social, afectando en forma terrible a amplios sectores de la población", dijo este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el subsecretario Guillermo Maciel.

Según cifras del Ministerio del Interior, solo en mayo de este año UTE sufrió un promedio de 32 robos por día.  

El jerarca insistió en la situación que se plantea por el robo de tendidos de cables, especialmente de cobre, así como también los daños efectuados por este motivo a la red de fibra óptica, transformadores, alumbrado público o incluso semáforos. 

"Esto afecta cientos de servicios en diferentes zonas de la capital y del interior, y genera graves perjuicios sociales para la población afectada", advirtió. A esto se le suman los costos de reposición, muy significativos para las empresas e intendencias perjudicadas.

UTE había denunciado que en 2020 sufrió el robo de 56.000 metros de cable, lo que representó un aumento de 16% con respecto a 2019.

Maciel habló de un "perjuicio millonario" por el hurto de cables que se arrastra desde hace décadas. Sin embargo, apuntó, el daño más grande lo sufren los usuarios. "Barrios enteros han quedado sin luz o sin teléfono, sin alumbrado por varios días por la acción de quienes roban los cables en busca de sacar el cobre para venderlo al peso", dijo. 

Antel, por ejemplo, debió invertir US$ 500 mil el año pasado para reparar estos inconvenientes. 

El subsecretario del Interior enumeró además otros casos relativos a esta modalidad cuyas víctimas fueron plantas emisoras de radio, que quedaron fuera del aire. 

Maciel recordó que Uruguay, pese a no producir ni un gramo, es el segundo "exportador" de cobre de América Latina, solo por detrás de Chile, uno de los mayores productores a nivel mundial. Datos oficiales de 2019 calculaban que salían por las fronteras casi 3.000 toneladas de este mineral, todo producto de robos. 

Diferentes gobiernos han intentado prohibir de varias maneras la comercialización del cobre. En 2014 se reglamentó la creación del Registro Nacional de Industrializadores y Comercializadores de Cobre. Sin embargo, apuntó el subsecretario, las medidas adoptadas hasta la fecha lejos estuvieron de provocar una disminución en el hurto de cables y los daños derivados. 

De aprobarse, la nueva disposición también comprenderá a los robos efectuados contra centros de enseñanza, que sufren el despojo de mobiliario, equipamiento, computadoras, útiles y hasta la comida destinada a los niños y adolescentes. También en el caso de las policlínicas municipales y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de donde se ha robado equipamiento médico, insumos y medicamentos. 

"En la ecuación costo-beneficio, este tipo de delitos juega hoy a favor del delincuente", afirmó Maciel. La razón es que no está priorizado para su persecución penal por parte de Fiscalía, a lo que se suma la baja sanción penal prevista hasta ahora. 

La introducción de una nueva figura penal, específica y autónoma,  ayudará según el Ministerio del Interior a combatir este tipo de situaciones en forma más eficaz, operando con una función "preventiva y disuasiva".

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