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Fiscales y defensores cuestionan que penas de robos al Estado se igualen a homicidios y violaciones
El 1 de enero entró en vigencia la Rendición de Cuentas 2020, que en su artículo 114 incorpora una modificación a los guarismos punitivos en una de las modalidades del delito de hurto agravado. La norma fue incluida como aditivo en el mensaje presupuestal por el Ministerio del Interior, con el objetivo específico de combatir el robo de bienes como cables del tendido eléctrico y telefónico.
Así, las penas mínimas previstas para este tipo de conducta pasaron de 12 a 24 meses de prisión. El problema es que para eso se optó por reformar el numeral 6 del artículo 341 del Código Penal. Allí están comprendidos todos los casos de hurto que se cometan no solo sobre bienes o en establecimientos públicos, sino “que se hallaren bajo secuestro o expuestas al público, por la necesidad o costumbre o destinadas al servicio público, o de utilidad, defensa, reverencia o beneficencia públicas”.
De esa manera, el universo de modalidades que abarcará es bastante más amplio que el hurto de cobre y de bronce, y en la práctica comprenderá a todos los hurtos cometidos sobre bienes, cosas o elementos expuestas al público. Así lo señalaron fiscales y defensores de oficio, que advirtieron sobre las consecuencias de la reforma, votada casi sin discusión en el Parlamento.
El mismo 1 de enero, en el primer día de vigencia de la ley, una persona fue condenada en Montevideo bajo esta figura. Contó con el patrocinio de Sofía Pereyra Huelmo como defensora de oficio. Intentó robar varias latas de pintura y algunas herramientas. Como lo persiguieron y los bienes sustraídos nunca se perdieron de vista, se considera que el delito no se llegó a consumar. Eso, y su condición de primario, permitió reducir la pena a un tercio, por lo que quedó sometido a un régimen de libertad a prueba.
En diálogo con El Observador, la abogada consideró “injusto” el agravante previsto. Según dijo, igualará el agravante por este tipo de hurto con las penas mínimas previstas para los casos de violación u homicidio. Un "disparate" remárcó, ya que iguala la importancia de un bien jurídico como la vida con el de la propiedad.
Pereyra Huelmo se preguntó si nadie en Parlamento interrogó sobre las consecuencias jurídicas de lo que se votó. “Las cárceles van a colapsar”, advirtió, “Va tener mayor pena el que se roba una moto de la vía pública o un cable de algún organismo que el que ingresa a un domicilio”, remarcó. “No tiene sentido”. Asi, recordó que el hurto con este tipo de agravantes es el más común en el sistema judicial.
Más juicios, más prisión
"Ahora sale más barato una rapiña agravada por el uso de arma de fuego que un hurto de este tipo", comentó a El Observador un fiscal, que prefirió mantenerse en el anonimato. Para los integrantes del Ministerio Público, se trató de una reforma sorpresiva y sin anuncios, para que además no recibieron ningún tipo de consulta previa.
Así lo dijo el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales (AMFU), Willian Rosa. La gremial, afirmó, se enteró de la novedad una vez aprobada la ley de Rendición de Cuentas.
Rosa remarcó que la reforma abarca al tipo más común de hurto que se produce en Uruguay: el robo de bienes que quedan expuestos al público. "Los autos que duermen en la calle, las motos, bicicletas, los contadores de luz, los carritos de comida, todo entra en esa hipótesis", dijo.
Como además el artículo 17 de la ley de Urgente Consideración (LUC) modificó el principio de oportunidad, los fiscales ya no tienen la opción de no perseguir delitos de escasa entidad cuando las penas mínimas superen el año de prisión. Así, están obligados a pedir que el juez aplique los 24 meses mínimos previstos, sea cual sea el tenor del bien robado.
Esto derivará, avizoran los magistrados, en que los acusados, ante la perspectiva segura de pasar dos años presos, optarán por desechar cada vez más un acuerdo y recurrirán a ir a juicio oral, en donde podría lograr eventualmente que no se le pudiera probar el delito. Todo, señalan, utilizando los mismos recursos humanos (policías, jueces, fiscales, defensores y peritos) en litigar casos que, de otra forma, podrían resolverse rápidamente mediante procesos abreviados. Las víctimas y los testigos también se verán afectados, al tener la obligación de concurrir a declarar.
Uno de los efectos prácticos, adelantan, será una mayor prisionización. También, una mayor estancia en prisión de los condenados por este delito, por el que están presos cerca del 40% de los alojados hoy en sistema carcelario, según cifras oficiales.
Lo que había planteado el ministerio
El Ministerio del Interior había presentado el año pasado este aditivo de forma de enviar una "fuerte señal política y jurídica" y así penalizar de forma específica el hurto de bienes "destinados a utilidad o servicio público". El centro estuvo en los numerosos robos de cables de cobre y de bronce en el tendido eléctrico y telefónico, que llevó a UTE y a Antel, según la cartera, a impulsar la medida.
"Lo que se persigue es combatir un delito que provoca un grave daño social, afectando en forma terrible a amplios sectores de la población", había dicho a fines de julio ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el subsecretario, Guillermo Maciel
Según cifras del Ministerio del Interior, solo en mayo del año pasado, en el mes previo a la discusión presupuestal, UTE sufrió un promedio de 32 robos por día.
El jerarca insistió en la situación que se plantea por el robo de tendidos de cables, especialmente de cobre, así como también los daños efectuados por este motivo a la red de fibra óptica, transformadores, alumbrado público o incluso semáforos.
"Esto afecta cientos de servicios en diferentes zonas de la capital y del interior, y genera graves perjuicios sociales para la población afectada", advirtió. A esto se le suman los costos de reposición, muy significativos para las empresas e intendencias perjudicadas.
UTE había denunciado que en 2020 sufrió el robo de 56.000 metros de cable, lo que representó un aumento de 16% con respecto a 2019. Antel, por su parte, debió invertir US$ 500 mil ese año para reparar estos inconvenientes.
Maciel recordó que Uruguay, pese a no producir ni un gramo, es el segundo "exportador" de cobre de América Latina, solo por detrás de Chile, uno de los mayores productores a nivel mundial. Datos oficiales de 2019 calculaban que salían por las fronteras casi 3.000 toneladas de este mineral, todo producto de robos.
La propuesta original era penalizar específicamente el robo de bienes destinado al servicio o la utilidad pública. Así lo indicaron a El Observador fuentes ministeriales. Pero el Parlamento, en "en uso de su autonomía", terminó aprobado un proyecto "más abarcativo".
En el Ministerio del Interior se afirma que el objetivo sigue siendo combatir el hurto del tendido eléctrico y telefónico y se relativizó el impacto que denuncian fiscales y defensores. "No va a ir nadie preso que no hubiera ido antes, salvo los que roben cables", se afirmó.
