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Blancos exigen mayores controles a transacciones venezolanas en Uruguay
A pedido de legisladores del Partido Nacional la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) concurrió a una comisión especial de Diputados para informar sobre los controles que se realizan a operaciones financieras que empresas estatales venezolanas realizan en Uruguay a través del Bandes. Las respuestas — a cargo del titular de la secretaría, Daniel Espinosa— no colmaron las expectativas de los parlamentarios blancos que solicitaron tener una postura más enérgica al respecto.
El incremento de transacciones venezolanas en Uruguay surgió durante una comparecencia en comisión legislativa del superintendente de Servicios Financieros del Banco Central (BCU), Juan Pedro Cantera, a fines del mes pasado. Las sanciones impuestas por Estados Unidos han restringido el acceso de Venezuela al sistema bancario mundial. En ese contexto, el gobierno de Nicolás Maduro y sus empresas estatales están utilizando la filial de Bandes Uruguay para canalizar su actividad con el exterior.
Cantera explicó que cuando Venezuela adquiere bienes y servicios, canaliza los pagos, en parte por el Bandes Venezuela y en parte a través de Bandes Uruguay. En ese contexto, explicó que hay un número importante de personas jurídicas públicas y personas jurídicas no estatales que se relacionan en ese negocio.
Y eso generó malestar en la oposición.
Este jueves el diputado Rodrigo Goñi contó a El Observador que durante el encuentro le delegación oficial expuso que Venezuela no forma parte de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y por tanto recibe controles normales.
“La Senaclaft se ampara en ese formalismo para no tomar mayores medidas que sí corresponderían si estuviera”, explicó. Pero añadió que se manejó que el país no está incluido en esa lista porque aún no se ha realizado una evaluación de GAFI.
“Quedamos muy disconformes con la respuesta de la Secretaría sobre todo con las acciones que está tomando frente a movimientos de fondos venezolanos realizados por funcionarios del gobierno y también por negocios que hasta el BCU admite que se hacen”, señaló Goñi. En ese sentido, añadió que “cuando hay un país con riesgo se debe realizar un control más intensivo, pero en Uruguay no se está haciendo por ampararse en un formalismo y eso se lo reprochamos”.
Por tanto, el Partido Nacional pidió en la comisión que “se adopten medidas para adelante, se considere a Venezuela un país de alto riesgo y que todas las operaciones financieras y de negocios sean sometidas a una intensificación de control, un mecanismo absolutamente distinto al que se hace, tanto en cantidad y calidad”, comentó el diputado.
