Blancos negocian redacción alternativa sobre menores infractores tras resistencias internas

La idea genera resistencia en la interna del Partido Nacional, que todavía no ha dirimido las diferentes visiones sobre el tema. El ala de dirigentes blancos que se oponen a la versión actual está liderada por Álvaro Viviano, el diputado y exdirector del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que está trabajando en una redacción alternativa del capítulo que refiere a las normas sobre menores privados de libertad. 

La propuesta será estudiada por los legisladores de la coalición en la tarde de este jueves, cuando se reúnan con jerarcas del Ministerio del Interior para profundizar en la sección del proyecto de ley referida a la seguridad pública. Ese trabajo continuará el sábado, en un encuentro de diputados y senadores oficialistas para abordar el resto de las propuestas con las que discrepan, dividiéndose por temas, en siete grupos de trabajo ya consolidados. 

Para redactar la versión alternativa, Viviano habló con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel y el senador nacionalista Carlos Camy, coordinador del área de seguridad pública en el ámbito de la coalición. La vicepresidenta Beatriz Argimón y los senadores blancos Jorge Gandini y Gloria Rodríguez son algunos de los dirigentes afines a la propuesta del diputado, según las fuentes consultadas. 

En el otro extremo está el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que ha abogado por la aprobación y ejecución de estas medidas al pie de la letra, sin modificar el texto remitido por el Poder Ejecutivo. “Creemos que en el marco de una política criminal es importante ser sabedores de que hay adolescentes que no tienen ninguna empatía con las víctimas y se transforman en victimarios, en una suerte de carrera delictual que culmina con homicidios”, defendió el lunes 4 de mayo. 

El exdirector del Inisa definió la contrapropuesta como un conjunto de pequeños retoques que no afectarán la esencia de la propuesta del gobierno, pero apostará por la rehabilitación y reinserción de los menores institucionalizados en el Inisa. Para ello tomó las recomendaciones de Unicef, la Asociación de Magistrados, asesores jurídicos externos y otras organizaciones que alertaron sobre las repercusiones legales y sistémicas que tendría este capítulo. 

La redacción alternativa mantiene el régimen de semilibertad para todos los adolescentes infractores. El Poder Ejecutivo propone quitar esta posibilidad a quienes hayan cometido los siguientes delitos: violación, abuso sexual, abuso sexual especialmente agravado, privación de libertad, rapiña, rapiña con privación de libertad, homicidio intencional y lesiones graves y gravísimas. 

La incorporación da margen al juez de aplicarlo en todos los casos, pero con ciertas condiciones. “Si en el marco del proceso se advierte progresividad en la evolución del cumplimiento de la medida, el juez lo puede aplicar como segunda medida, con opinión del Ministerio Público e informe de Inisa”, explicó el legislador a El Observador.

La intención del gobierno también es duplicar la duración de las penas para los adolescentes –la máxima será de 10 años, en vez de cinco– y la mínima para delitos gravísimos, que será de dos años.

Además de cuestionar el trasfondo ideológico de la medida, técnicos, especialistas y legisladores opositores y de la coalición de gobierno señalaron públicamente el impacto que podría tener en términos cualitativos y cuantitativos. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la condena “en ningún caso” se cumplirán en dependencias para adultos, por lo que, independientemente de la edad que tenga el infractor al ingresar, estará recluido en un centro del Inisa durante todo el proceso. 

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech –correligionario de la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera– dijo que aparentemente “no tiene sentido” aumentar las penas. En diálogo con la revista Martes, señaló que hay un relativo bajo índice de menores internados, pero el incremento podría generar problemas de alojamiento y “de alguna manera desvirtuar la reeducación que se pretende”. 

Viviano propone mantener el incremento proyectado, pero limitar la aplicación de la pena máxima solo para algunos delitos gravísimos, como el homicidio muy especialmente agravado. Los casos puntuales y el criterio de diferenciación se establecerían en la norma que está siendo discutida en el Senado. 

Este jueves también estará sobre la mesa el artículo que mantiene los antecedentes administrativos y judiciales para algunos delitos. La intención es que si el menor vuelve a delinquir después de haber cumplido la mayoría de edad, no pueda ser considerado un delincuente primario. 

Sin embargo, el exdirector del Inisa entiende que habría que “fijar un sistema que sea un poco menos riguroso que el sistema de antecedentes para los adultos”. Por eso sugerirá que se incorpore una cláusula que establezca que si la persona reincide pero comete un delito culposo, los antecedentes no sean tenidos en cuenta.