Blindar las infancias: el desafío que se propone Yamandú Orsi

En primer lugar, garantizar sine qua non los derechos a la primera infancia, infancia y adolescencia tiene que ver con una firme propuesta programática (como la de Frente Amplio) que considere cabalmente el tema. Además, es indispensable construir un plan de gobierno convincente y con el liderazgo necesario para enfrentar la reorganización y las reformas que el Estado requiera. En este sentido, se vuelve fundamental alcanzar los más amplios consensos a nivel político y social para que sea una verdadera política de Estado. La infancia debe tener prioridad y nos merecemos políticas universales  con acceso adecuado y cobertura para toda la ciudadanía. 

La acción de la política pública -especialmente para las infancias- sufre los vaivenes de los periodos electorales. Más que nunca tenemos el desafío de trabajar desde una perspectiva que instale políticas de Estado, superando  las “chacras” ministeriales. De esta manera, se evita el riesgo de supeditar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los objetivos o preocupaciones de un ejecutor sectorial de política pública, que no puede visualizar el todo. Es fundamental que se produzcan políticas dirigidas a las personas adultas que viven con esos niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo, se necesitan políticas de empleo y trabajo, de cuidados, de vivienda, de alimentación y seguridad. De lo contrario estaremos intentando resolver problemas complejos desde una lógica simplista. 

Necesitamos un equipo de gobierno que lo comprenda cabalmente y que tenga la tenacidad para tender los puentes y liderar las políticas de Estado, los sistemas y servicios que atienden a la niñez, tales como salud, educación y protección social. Dichas acciones y programas aún están teniendo un alcance limitado, se sobreponen y tienen restricciones, para abordar de manera integral la complejidad de la niñez en su totalidad. Este abordaje lo precisamos para todas las áreas. Entonces se vuelve urgente una reforma del estado promoviendo la construcción integral, sin “chacras” y generador generador de políticas de Estado que garanticen la cobertura de las necesidades de la gente en las áreas de consenso nacional.

En segundo lugar, es impostergable erradicar la pobreza infantil  en Uruguay. La infancia es un período crítico para la formación y el desarrollo de las potencialidades del ser humano. Abordar el tema de la pobreza infantil constituye una prioridad crítica si se aspira a combatir la pobreza general, la presente y la futura. 

La situación de pobreza de los niños, niñas y adolescentes no depende directamente de ellos, ya que son personas dependientes que no pueden procurarse los medios para satisfacer sus necesidades de crecimiento pleno, les viene impuesta por el entorno en que viven y las condiciones de sus familias.

Para quebrar el ciclo de la pobreza intergeneracional, los niños, niñas y adolescentes tienen que tener acceso a todos sus derechos y oportunidades sin excepción. La pobreza como tal es estructural si se perpetúa en la falta de oportunidades; una sociedad que no democratiza las oportunidades es una sociedad que se condena a la mediocridad y a la injusticia. Poner fin a la pobreza infantil en Uruguay no es solo una cuestión social, de agenda o de humanidad, es una cuestión que atañe y condiciona todas las políticas de desarrollo del Uruguay.

Yamandú lo entendió, y tenemos la convicción de que tiene las capacidades para poder llevar adelante un proceso renovador de desarrollo con la prioridad de blindar y proteger a las infancias y por ende el futuro, en el marco del Programa del Frente Amplio, sumando su impronta dialoguista y con clara convicción de que el Uruguay y su Democracia merece tener en las áreas fundamentales, políticas de Estado que superen los contextos nacionales e internacionales. 

Confiamos en que Yamandú propondrá una renovación en la forma de gobernar para dar inicio a un  nuevo ciclo progresista para transformar el Uruguay y la realidad de las personas, promoviendo los cambios necesarios  en estos próximos 5 años con la  mirada puesta en lo que se necesita en 10, 15 o 20 años en términos de  continuidad para asegurar los  cambios estructurales que el Uruguay necesita.