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Cabildo reclama al gobierno por pauta oficial para el interior y presenta proyecto para cableoperadores
En contra del convencimiento de la mayor parte de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto decidió finalmente presentar un proyecto de ley que propone habilitar a los cableopeadores del interior del país a prestar servicios de banda ancha e internet, mediante redes propias o a través de acuerdos con terceros. Se trata de una vieja aspiración de los liderados por el senador Guido Manini Ríos y que motivó serias diferencias en la interna del oficialismo el año pasado, cuando se discutió la Rendición de Cuentas.
El proyecto, al que accedió El Observador, propone modificar el artículo 56 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Excluye de esa posibilidad a los titulares de ese tipo de servicios cuya licencia implique alcance nacional.
La exposición de motivos se fundamenta en que en los últimos años el negocio mundial de la televisión por cable evolució hacía la prestación de datos en los hogares, siguiendo las tendencias de consumo del público. La ausencia de tal posibilidad en Uruguay "genera que las empresas de televisión para abonados vean día a día como se reduce su cartera de clientes, no por brindar un servicio de mala calidad, sino porque el público que adquiría esos servicios por una red de cable ahora lo hace a través de una nueva red", se explica. El resultado: la televisión por cable "va quedando obsoleta" y su única forma de sobrevivir será, precisamente, que se les permita adaptarse al cambio tecnológico.
Cabildo Abierto asegura que, hoy, la "ley de medios" contradice los principios de libertad de comercio e igualdad consagrados en la Constitución. Así, se dice, impone una traba a la libertad de los particulares, que se ven limitados a desarrollar una actividad lícita. Del actual texto de la ley, "no surge" que se está velando por el interés general al estar limitando esa libertad. Al contrario, "beneficia a algunos particulares y perjudica a otros sin que exista fundamento alguno".
"No puede prevalecer el interés de un grupo o parte de un colectivo social", reclamaron los liderados por el senador Guido Manini Ríos, que apuntaron a que hoy la ley "pone en jaque" a los cableoperadores del interior al impedirles vender el servicio más consumido por la población. La actual prohibición, se subraya, "será el fin" para estas empresas, "que si no evolucionan hacia donde se mueve el público desaparecerán, y con ellas los puestos de trabajo que generan".
Los socios de la coalición estaban avisados de la presentación de la iniciativa, aunque en su mayoría no comparten el mecanismo, dado que la voluntad del oficialismo era discutir esto en conjunto con la nueva ley de Medios que hace casi dos años está detenida en el Parlamento, y que forma parte de las prioridades del gobierno para 2022.
El diputado Iván Posada (Partido Independiente) dijo a El Observador que lo que se debe resolver es el problema de fondo: una nueva norma que regule todos los servicios de comunicación audiovisual.
"No me opondría a votar esta propuesta específica", apuntó por su parte el colorado Martín Melazzi, que de todas formas recordó que la nueva ley de medios "solucionaba exactamente" lo que plantea ahora Cabildo Abierto.
El año pasado Cabildo Abierto había insistido en que la situación de los cableoperadores del interior quedara contemplada en la Rendición de Cuentas. El propio Manini Ríos había respaldado la iniciativa, bajo el argumento de que esas empresas constituirían apenas el 10% del negocio de la transmisión de datos. Según su versión, desde la Torre Ejecutiva se le contestó que el eventual aval para brindar internet debía regir para todas las empresas, incluso las del área metropolitana. Así, el resto de la coalición se opuso, y en respuesta el partido se negó a votar en el Senado dos artículos que creaban Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
Pauta oficial
La semana pasada, durante la última sesión de la Comisión de Industria de Diputados, Cal efectuó un fuerte reclamo hacia el Poder Ejecutivo. El legislador cabildante promovió un pedido de informes conjunto para que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) explique por qué aún el gobierno no reglamentó el artículo del último presupuesto que estableció una nueva fórmula de distribución de la publicidad oficial.
Se trata del último artículo incluido en la norma presupuestal promovida por el Poder Ejecutivo y aprobada a finales de 2020. Allí se establecía que debía destinarse el 20% de la pauta estatal de alcance nacional a los medios de comunicación, programas o producciones infromativas o periodísticas, comerciales o comunitarias, con realización y producción propias en localidades del interior que tengan como área de servicio principal el lugar de su radicación u otras zonas fuera de Montevideo. Cada departamento tendría asegurado un piso de 0,5% del total.
En el caso de entidad de dominio industrial, comercial o financiero del Estado, como UTE, Antel o el Banco República, el monto mínimo a asignar a esos destinos debería ser del 10% de lo que cada uno paute en publicidad.
"Es una preocupación de todo los legisladores del interior", aseguró Cal, quejándose de las demoras del Poder Ejecutivo. El diputado cabildante recordó que el titular de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, había anunciado en julio del año pasado que el artículo estaba pronto para ser reglamentado. “Hay veces que las grandes contrataciones de medios a través de agencia no toman en cuenta algunos criterios y eso hace que no llegue al interior del país”, había dicho allí el jerarca.
La disposición había sido incluida en el Presupuesto a instancias de los senadores Tabaré Viera (colorado) y Sergio Botana (nacionalista), al tiempo que el Frente Amplio reclamaba en vano la aprobación de su propio proyecto que planteaba un tope mínimo del 30% de la publicidad oficial a distribuir en los medios del interior.
Al no existir reglamentación la disposición, pese a estar vigente, no puede ser aplicada. Según Cal, hoy por hoy el 98% de la publicidad oficial se sigue quedando en Montevideo.
