Calificadoras esperan un ajuste más gradual por el coronavirus

Agencias ven que un plan menos intensivo sería de todas formas “creíble” en el contexto actual

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22 de marzo de 2020 a las 05:00

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Ser más eficientes en el gasto para generar ahorros por US$ 900 millones y poder mostrar mejoras en el frente fiscal ya en 2020. Un mensaje repetido por las autoridades durante la campaña electoral y también en los primeros días con el nuevo gobierno en funciones. 

Pero si hace algunas semanas el punto de partida “era peor a lo esperado” ahora lo es más. Nadie pensaba en el coronavirus como el nuevo obstáculo a sortear. El problema está instalado y sus efectos sobre los planes originales del gobierno son una realidad. Aunque se desconoce la magnitud, el impacto que tendrá sobre la actividad no se discute, al punto que en el Poder Ejecutivo ya hablan al menos de que los primeros seis meses serán de recesión económica.

La visión de las calificadoras

Para el analista de la agencia Fitch Ratings, Todd Martínez mantener la misma meta de consolidación fiscal frente a un shock de ingresos requeriría nuevas medidas compensatorias (recortes de gasto, aumento de impuestos) que pesarían aún más en la economía en un momento de crisis.

En su opinión, un plan de consolidación fiscal más gradual “sería creíble” en esta coyuntura difícil. Pero lo complicado para Uruguay, según Martínez, es que no tiene mucho espacio, ya que su déficit y deuda han subido a niveles ya altos y sus fuentes de financiamientos son limitadas.

“Una política fiscal más laxa podría ser viable por un tiempo gracias a ciertos colchones financieros (líneas de contingencia de los organismos multilaterales), pero si es muy agresiva o prolongada podría conllevar riesgos ya que Uruguay depende de acceso al mercado global de capitales que podría complicarse”, apuntó el experto en diálogo con El Observador.

Lo que suceda con la nota de Uruguay dependerá de la evaluación cualitativa del manejo fiscal, pero también de los números fríos. Según la calificadora, un aumento del déficit o una corrección fiscal mucho más lenta podrían tener una buena justificación en esta coyuntura difícil y no necesariamente empeorarían la credibilidad. Pero si esto lleva a una senda “mucho más empinada” para la deuda pública, sin importar la justificación, implicaría un deterioro en los fundamentos crediticios del gobierno y podría conllevar a una rebaja de la calificación.

Por otro lado, la analista de S&P Global Rating Constanza Pérez Aquino, dijo a El Observador que al igual que para los demás países, se espera un aumento en el déficit fiscal y endeudamiento para Uruguay este año. Explicó que la calificación de grado de inversión (BBB/Estable) refleja cierto nivel de resiliencia y capacidad de absorción de choques, en comparación con países de calificaciones más bajas. Al mismo tiempo, Uruguay tiene una política activa de pre-financiamiento y líneas de crédito contingentes que cubren sus servicios de deuda en 2020, lo cual reduce el riesgo de liquidez en el corto plazo.

Sin embargo, advirtió que si la magnitud del impacto fuera mayor a lo esperado y se prolongara en el tiempo, esto podría poner la calificación en una posición más vulnerable. “En este sentido, la capacidad de una respuesta enfocada y a tiempo del gobierno serán fundamentales”, señaló.

La calificadora estima actualmente una recesión global y una tasa de crecimiento de entre 1% y 1,5% en 2020, con los riesgos permaneciendo firmemente hacia la baja. Las economías en América Latina este año también sufrirán de menor crecimiento o mayor recesión, dependiendo del caso.

En general, se espera un mayor déficit fiscal derivado de políticas de estímulo que ya están siendo implementadas en muchas economías; y por el lado del ingreso también, de forma más pronunciada en aquellas cuyo producto y/o recaudación son dependientes en una sola industria como commodities o turismo. Esto resultará también en mayores niveles de deuda, explicó Pérez Aquino.

El Observador también consultó a la agencia Moodys para esta nota, pero no obtuvo respuesta.

La deuda uruguaya cuenta con nota de grado inversor por parte de cinco calificadoras de riesgo. Standard & Poor´s (BBB), Moodys (Baa2) y R&I (BBB) la colocan un escalón por encima del mínimo y con perspectiva estable. En tanto, DBRS (BBB low) y Fitch Rating (BBB-) lo ubican en el mínimo, con el agregado que está última tiene una perspectiva negativa.

Las proyecciones para la economía

La economía uruguaya creció un magro 0,2% el año pasado y completó 17 años de expansión consecutivos, un dato meramente estadístico dado la incertidumbre que gira hoy sobre la marcha futura de la actividad. Las perspectivas para este 2020 no son las mejores.

El socio de Exante Pablo Rosselli dijo esta semana a El Observador que si bien hay que ser “muy cuidadoso” a la hora de manejar proyecciones sobre el desempeño de la actividad por el efecto coronavirus, en términos generales otros países están tomando como referencia un impacto del orden de 2 puntos del PIB.

El analista indicó que ello implica que los efectos de la pandemia se acoten a un trimestre (desde mediados de marzo a mayo) con un pico en abril, para luego volver a cierta normalidad en el tercer trimestre (julio-setiembre). Si esa hipótesis se cumple y el virus logra controlarse y no vuelve a repetirse en lo que resta del año, Exante estima que la actividad económica uruguaya caiga en un rango de 0% a 0,5% del PIB este año, frente a una estimación previa de 2% por el efecto de la segunda planta de UPM y las obras del Ferrocarril Central. 

También consideró que este evento inesperado llevará a introducir “algunos ajustes en la política económica” respecto a los planes que había anunciado el nuevo gobierno apenas asumió. Dijo que dada la fuerte suba que tuvo el dólar (20% el último mes), la inflación superará el dígito y que el déficit fiscal seguramente cerrará el 2020 por encima de los niveles actuales del eje del 5% del PIB.

El gobierno anunció esta semana una batería de medidas con el objetivo de preservar la cadena de pagos y afirmó que se mantendrán la reducción del gasto, los aumentos de tarifas y el aumento de dos puntos de IVA para las operaciones con medios de pago electrónicos.

Un reporte de la firma Puente señaló que el alto déficit fiscal no permitirá un cambio relevante en la orientación de la política fiscal. El gobierno puede tomar medidas para proteger a los trabajadores privados y aumentar los gastos en salud, pero sin un plan de estímulo amplio e integral como en los países europeos, explicaron.

 

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