Pasaron más de siete meses hasta que un instructor de la cancillería viajó a La Haya (Países Bajos) para procurar entender cómo fue que alguien ingresó a la embajada de Uruguay en ese país, el fin de semana del 16 y 17 de marzo, y robó una tarjeta de débito con la que extrajo 14.376,35 euros de la cuenta bancaria de la embajada.
La dilatación en el tiempo de la investigación –y específicamente la demora de la concurrencia de un instructor del ministerio al lugar de los hechos– es una situación anómala para los tiempos que suele manejar el ministerio en este tipo de procedimientos, explicaron a El Observador fuentes ministeriales.
Más allá de que cada caso tiene sus particularidades y complejidades, una investigación de este tipo con un hecho tan puntual a investigar lleva en promedio unos tres meses desde el momento en que la autoridad dispone el procedimiento designando al instructor.
¿Cómo funciona el proceso interno? La jerarquía toma conocimiento del hecho denunciado y pasa el tema a Jurídica, que debe aconsejar el inicio de la investigación. Si ese es el caso, se redacta la resolución, se dispone la investigación y se designa al instructor a quien se lo notifica. Eso no suele llevar más de 15 días.
El instructor tiene 60 días de corrido –con opción a una prórroga prudencial en caso que el hecho lo amerite– para hacer la investigación. Finalmente, el instructor cuenta con diez días hábiles, que pueden ser prorrogables a 15 con autorización mediante, para hacer el informe jurídico.
Si esos tiempos se hubieran respetado –incluso ponderando la posibilidad de prórrogas- y si el hecho fue informado de forma inmediata a la jerarquía (es decir el 18 de marzo), entonces en julio debió haber culminado la investigación. Pero, sin embargo, el procedimiento está “en trámite”.
El Observador consultó al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Augusto Montes de Oca, cuándo comenzó la investigación, pero el jerarca dijo que no tenía presente la fecha.
Lo cierto es que el instructor de cancillería viajó a Países Bajos los primeros días de noviembre para entrevistarse con todo el personal de la embajada. Según supo El Observador, el interrogatorio con la embajadora Laura Dupuy duró varias horas porque, ante cada pregunta, volvía a repetir toda la historia. La diplomática fue asistida por su representante legal desde Montevideo durante la entrevista con el funcionario instructor.
La llegada del instructor ocurrió luego que El Observador publicara la noticia del robo el 31 de octubre, en base a un pedido de acceso a la información pública. “La suma hurtada asciende a 14.376,35 euros tomados de la cuenta bancaria de la embajada a través de una tarjeta de débito sustraída de la caja fuerte de la misión y 426 euros en efectivo”, respondió la cancillería.
Un dato al menos ambiguo de la respuesta ministerial, firmada por el subsecretario Ariel Bergamino, es el lugar de donde fue extraída la tarjeta. “Sustraída de la caja fuerte de la misión”, se respondió indicando que había una única caja. Sin embargo, según supo El Observador, la tarjeta de débito no estaba en una “caja fuerte” tradicional –como podría ser un coffre fort– sino en una “caja chica” que se aseguraba con una llave y que se guardaba en un cajón. De ahí fue robada.
Uno de los misterios que tendrá que evacuar el investigador de cancillería es cómo la persona que cometió el hurto supo el número de pin de la tarjeta.
El plástico, que pertenece al banco ABN AMRO, tiene un tope de extracción diario de 500 euros que solo puede ser ampliado hasta 10 mil euros por pedido expreso y escrito de los responsables de la tarjeta. De manera que, aún en la hipótesis que la tarjeta de la embajada permitiera hacer una extracción de ese monto, la persona que cometió el delito necesitó al menos dos días para sacar esa cantidad.
