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Capitán retirado denunciará por difamación a Ferro cuando Interpol lo traiga al país

Ferro dijo en una entrevista que Erosa había sido dado de baja en 1998 por tráfico de armas

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28 de enero de 2021 a las 20:31

El capitán retirado Héctor Erosa denunciará por difamación e injurias al coronel retirado Eduardo Ferro, investigado en Uruguay por varios delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, y detenido en Valencia (España) este miércoles, tras mantenerse prófugo de la Justicia uruguaya por más de tres años.

Erosa busca enmendar el daño que según afirma le ocasionó Ferro, cuando en entrevista con el periodista Alfonso Lesa en febrero de 2020 –en Radio Montecarlo– aseguró que el capitán retirado había sido dado de baja en febrero de 1998 por incurrir en tráfico de armas. "Tengo una imagen y prestigio de más de 20 años en la vida civil como empresario, y él salió a decir que me dieron de baja por dedicarme a traficar armas", dijo Erosa a El Observador. "Aparte de todas las causas que tiene, quiero que un juez le pregunte: '¿Usted dijo que Erosa traficaba armas? Bueno, demuestre las pruebas'", agregó, y anunció luego dijo que esperará a que los efectivos de Interpol traigan a Ferro al país para presentar la denuncia, algo que según entiende ocurrirá dentro de aproximadamente 15 días.

Héctor Erosa sostiene además que la baja que sufrió en el Ejército en 1998 se basó en conclusiones de una junta médica militar que declaró un año antes en forma falsa que sufría problemas psiquiátricos. Según informó El Observador meses atrás, hay pruebas de que así ocurrió, como el acta de una escribana de fecha 2020 en la que uno de los psiquiatras militares que integraron aquella junta que lo declaró loco admite que aquel dictamen fue fraguado, y que se les “impuso un hecho que venía preparado, mandatado”.

“El periciado señor Erosa, desde mi opinión clínica, nunca estuvo enfermo”, declaró en ese documento el jubilado psiquiatra militar Uscher Loskin. Lo hizo en un acta notarial firmada por la escribana María José González Palombo el 17 de febrero del año pasado. Y el médico luego ratificó sus palabras en diálogo con El Observador. "Literalmente me obligaron a firmar. Si me negaba, me cortaban la carrera en todos lados”, afirmó.

La versión de Erosa es que le dieron de baja para acallar las denuncias que realizó en la interna militar acerca de un presunto espionaje a civiles y autoridades políticas de la época que llevaba adelante Eduardo Ferro.

En concreto, en 2018 Erosa se presentó ante la comisión de la Cámara de Diputados que estudió el espionaje en democracia y declaró que entre 1990 y 1996, en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2 de Florida, se practicaron tareas de inteligencia y de espionaje hacia políticos y militares, operaciones que no se correspondían con las misiones propias de esa unidad.

Es una unidad operativa, reglamentaria y de combate, que no tiene como finalidad, bajo ningún concepto, realizar tareas de espionaje ni de inteligencia”, manifestó ante los legisladores. 

Tales actividades comenzaron en 1990 y se incrementaron en 1991, al asumir el mando de la unidad el entonces teniente coronel Ferro, hoy retirado y prófugo de la Justicia. El rechazo de Erosa a tales prácticas y sus denuncias ante los mandos y el Ministerio de Defensa le valieron ser castigado y perseguido durante años, según sostuvo.

Erosa afirmó en el Parlamento que bajo el mando de Ferro se usaron “todos los medios, materiales y económicos” de ese batallón “para realizar una operación de inteligencia, espionaje, seguimientos, escuchas, invasión de propiedad privada de personalidades políticas, civiles y militares de la época”.  Y que entre los vigilados estuvieron la esposa del entonces dirigente colorado Jorge Batlle y legisladores del Partido Nacional, durante la administración del expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995).

Por este tema, Erosa espera ser recibido por el actual ministro de Defensa, Javier García, para que dé una respuesta a una petición que solicita el restablecimiento de su carrera militar, so pena de una demanda contra el Estado.

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