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Caram evalúa presentar denuncia ante la Jutep por difamación e injurias

El intendente nacionalista acusó a la Jutep de hacer cuestionamientos "absolutamente falsos" y "mentirosos"

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28 de enero de 2020 a las 19:58

El intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, evalúa presentar una denuncia penal por difamación e injurias contra el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, y el vicepresidente, Daniel Borrelli, informaron a El Observador fuentes de la comuna. 

Los dos jerarcas de la Jutep fueron los que firmaron el dictamen que concluyó que Caram, al igual que su secretario personal, Emiliano Soravilla, y otro funcionario de la intendencia, el contador Omar Bicera, violaron los principios de probidad, legalidad y transparencia, en el marco de la adjudicación de varias licitaciones que ascienden a $146.196.756 (unos US$ 3,8 millones de dólares), tal como informó El Observador. 

Según dijeron las fuentes, en los últimos días hubo consultas a abogados de Montevideo para evaluar la posibilidad de presentar una denuncia. Este martes el intendente se refirió al dictamen en una conferencia de prensa, donde dijo que los cuestionamientos del organismo son "absolutamente falsos" y "mentirosos". 

En esa misma conferencia, el secretario general de la intendencia, Luis Augusto Rodríguez, adelantó que el intendente estaba "considerando" presentar la denuncia. 

Caram, por su parte, dijo que la Jutep "viene buscando en todos los términos afectar políticamente a la gestión municipal" de Artigas. "Y cuando digo esto es el intendente pero también todo el equipo que viene trabajando y haciendo obras como nunca nadie hizo en el departamento", agregó. 

"Nos vemos en la obligación de decir que todo esto es mentira, totalmente seguro de que es mentira y que se le han buscado las cuatro patas al gato y acá en esta administración no tenemos nada que esconder. Somos todos vecinos reconocimos y no nos amparamos en un micrófono, pero llega un momento en el que tenemos que poner las cartas en el asunto", señaló el intendente, quien ya había sido investigado por los casos de nepotismo en su administración

Caram aseguró que la Jutep –y en especial "su presidente"– "no se dio cuenta de que el hermano del presidente de la República (Jorge Vázquez) depende directamente del presidente (Tabaré Vázquez)", en referencia a la investigación que el organismo realizó en 2018, cuando concluyó que ambos hermanos no trabajan en la misma "repartición, oficina o sección"

En concreto, la Jutep concluyó que la intendencia había adjudicado a tres empresas –Pedrera del Norte SRL, Pradera Norte SRL y la unipersonal Jiménez Felice Rodrigo– que, en mayor o menor medida, tenían vínculos con dos funcionarios de la intendencia, algo que Caram no podía "desconocer". 

Pedrera del Norte SRL tiene dos socios: Martín Bicera y Rodrigo Jiménez. El contador que trabaja en el departamento de Proyectos de la intendencia, Omar Bicera, es hermano de uno de los socios y participó en varias ocasiones en la comisión de adjudicación de licitaciones.

Sin embargo, según la respuesta de Caram a la Jutep, el profesional no participó en ninguna de las adjudicaciones que se hicieron a esa empresa. Pese a esta respuesta, la Jutep aseguró en el dictamen que la intendencia no respondió sobre la posible participación del contador en las otras dos compañías, que si bien no están integradas por su hermano, sí lo están por el socio.

Además de ese funcionario, el organismo detectó que el secretario privado del intendente, Emiliano Soravilla, aparece como apoderado de dos de las tres empresas en el Sistema Integrado de Información Financiera. 

La intendencia, por su parte, asegura que en el Registró Único de Proveedores del Estado (RUPE) no aparece el nombre de Soravilla como apoderado. "No se le ha dado a la contraparte la oportunidad de contrarrestar todas y cada una de las apreciaciones que se hacen en ese informe", aseguró el secretario general de la intendencia en la conferencia de prensa. 

Sin embargo, la Jutep aseguró en el dictamen que debido a la falta de respuesta de la intendencia debió recurrir a otras "fuentes públicas diversas". 

El organismo comunicó la resolución del caso –que se investigó a raíz de la denuncia del edil colorado Francisco Bandera, en 2018– a la Fiscalía General de la Nación, entre otros organismos. 

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