Cárceles: cómo aminorar la velocidad de la calesita del delito

El estudio debería ser una guía fundamental para el sistema político a la hora de generar políticas públicas que sean más efectivas para combatir el delito, que indefectiblemente se relaciona con quienes están en la cárcel y la bajísima chance que tienen de rehabilitarse para volver a la sociedad y no cometer otro crimen.

Los datos que se conocieron esta semana demuestran, como explicó Pomiés entrevistada en En perspectiva (Radiomundo), que es un discurso fácil “decir que la gente quiere que se hagan más cárceles para encerrar a todos los delincuentes”. Por el contrario, el 68% de los uruguayos cree que si se aplican medidas más severas que lleven a más personas a las cárceles, pero sin programas de rehabilitación eficaces, la inseguridad aumenta. 

“La gente entiende que la cárcel no puede ser solo un lugar de castigo. Casi 9 de 10 personas dicen que el Estado tiene una responsabilidad en la rehabilitación y que si eso no se hace, el delito no se reduce. La gente lo está entendiendo”, agregó Pomiés.

Cada vez que sube la temperatura del delito y que se arma revuelo por algún caso terrible o por una sucesión de eventos como los asesinatos que ahora se repiten, las autoridades de turno suelen reaccionar a la defensiva y con medidas que casi siempre terminan endureciendo aún más el sistema. El resultado es que Uruguay tiene más de 14.000 presos, el país de América del Sur con la mayor tasa de personas privadas de su libertad de América del Sur (400 reclusos por cada 100 mil habitantes) y una de las 12 más altas del mundo. Algo que no se condice con la cantidad de delitos a nivel regional ni mundial.

Hacia fines de julio de este año, 14.511 personas estaban presas en las cárceles uruguayas. Son 3.355 reclusos más que los que había en el sistema cuando asumió este gobierno. La mayoría tiene menos de 29 años y el promedio de edad en el sistema es de 32 años, según un informe del Ministerio del Interior en el que se confirma que cada semana ingresan 100 nuevos presos al sistema carcelario,

No debería sorprender entonces que en ese mismo mes, junio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le haya pedido al Estado uruguayo que a más tardar el 13 de mayo de 2023 le presente un informe en el que se detalle una estrategia nacional de reforma integral del sistema penitenciario. 

Esta semana también se supo que el grupo multidisciplinario técnico y científico honorario que asesora al ministro del Interior Luis Alberto Heber en temas penitenciarios y criminales, solicitó que se aumenten de forma urgente y significativa el presupuesto para medidas  alternativas a la prisión, según informó Búsqueda. El primer informe de este grupo también reclama abandonar la lógica de que las penas más duras contribuyen a bajar los delitos y que la construcción de más cárceles resolverá las malas condiciones de encarcelamiento. “La prisión no puede ser la única solución para afrontar la delincuencia porque con frecuencia, esta se transforma en una escuela del crimen, favoreciendo la proliferación de grupos criminales que actúan dentro y fuera de los centros de reclusión, generando riesgos en la seguridad de las personas privadas de libertad y de la sociedad”, dice el documento que se le presentó al ministro en junio.

Las recomendaciones del grupo –al que el propio Heber denominó informalmente como el GACH de la seguridad– van en línea con lo que piensan los uruguayos, incluso si las medidas que propone suponen invertir más dinero, un punto que también aparece en la encuesta de Cifra. En este caso se necesitan más recursos para la oficina que se encarga de la libertad asistida, que ahora solo tiene 17 técnicos y no puede llevar adelante los objetivos para los que fue creada. El ministerio ya escuchó a esta comisión e incluyó un artículo en la última Rendición de Cuentas que transforma a esta repartición en una dirección nacional, lo que en teoría debería acercar más recursos.

El gasto podría transformarse en eventual ahorro, dicen los expertos, y no solo de penas y angustias; es menos costoso aplicar sentencias no privativas de libertad que mandar a la cárcel a una persona que, incluso viviendo en condiciones infrahumanas, le cuesta miles de dólares al Estado uruguayo, casi 1000 dólares por mes por preso. Este dinero terminará casi siempre en la basura, porque los encarcelados tienen altas chances de volver a delinquir cuando salgan. 

Al mismo tiempo que sigue creciendo la población carcelaria, que ya desde hace tiempo desborda la capacidad locativa y deriva en condiciones inhumanas de encarcelamiento, el 66% de los uruguayos cree que las penas alternativas (tobilleras, prisión domiciliaria, trabajos comunitarios) se deberían usar más frecuentemente de lo que se aplican en la actualidad. Esto significa que una mayoría de los uruguayos entiende que hay alternativas a las cárceles para cientos de personas que cometieron delitos (no violentos) y que no deben ingresar en la calesita del delito que son las cárceles, donde los primarios casi siempre se convierten en delincuentes contumaces. 

La encuesta además demostró que en esto no hay una marcada diferencia ideológica; 76% de quienes se identifican como “de izquierda” dijeron estar de acuerdo con que se apliquen más penas alternativas, frente a un 67% de quienes se definen “de derecha”.

Un caso específico y claro es el de madres con hijos a cargo que terminan en la cárcel por delitos leves, entre ellos los vinculados a las drogas. No estamos hablando de “reinas del sur” ni de grandes narcotraficantes, sino de mujeres que por diversas razones trafican pequeñas cantidades de droga y terminan mucho tiempo en la cárcel. En algunos casos caen por ingresar estupefacientes a una cárcel, cuando van de visita. En otros por vender en sus propios hogares, lo cual es un agravante. En el último año y medio aumentó en 60% la cantidad de mujeres encarceladas y la mitad de las mujeres en prisión están allí por delitos vinculados a la droga. Desde que se cambiaron artículos en la Ley de Urgente Consideración, en los primarios que cometen este tipo de delitos ya no se pueden usar medidas distintas a la prisión. 

79% de los uruguayos opina que en estos casos deberían aplicarse penas alternativas, tal vez porque no es tan complejo entender que cuando se aparta a una madre de un hogar que depende de ella se condena a que ese hogar se desmorone y que los hijos queden mucho más al descubierto de lo que ya estaban con una madre que se apartó de la ley. Si el delito comienza en la misma infancia, este es un argumento de peso para no sumar más razones para que los niños con madres en la cárcel del presente no sean los que terminen en la cárcel en el futuro.

Como dijo Pomiés, “esto también es un mensaje al sistema político, porque muchas de estas cosas quedan en el discurso de ‘a la gente no le interesa’, y a veces son excusas para no encarar estos temas que implican políticas nuevas, diferentes, cambios, innovaciones”. 76% sostiene que el Estado debería dar acompañamiento a quienes egresan del sistema penitenciario. 

El comisionado parlamentario es contundente cuando habla de estos temas: “Tenemos la inseguridad que tenemos por el sistema penitenciario que tenemos”. Tiene razón.