Hace pocas semanas se llevó a cabo un conversatorio titulado “Hacia una agenda común para las cárceles” en el que coincidimos varios especialistas de ámbitos relacionados para conversar sobre la situación del actual sistema carcelario y los muchos desafíos que le deparan en el futuro inmediato. Se trató de un evento de gran importancia, que nos permitió exponer diferentes posiciones y promover una declaración conjunta sobre las áreas de intervención que creemos que el nuevo gobierno debe perseguir.
Marcelo Umpiérrez
5 de enero 2020 - 5:00hs
Si bien comparto plenamente la declaración conjunta y volveré a ella más adelante, también es cierto que en el evento quedaron patentes algunas diferencias importantes que vale la pena discutir. Y es que frente a esa parte de la opinión pública que ve en el encierro y el castigo las únicas salidas posibles a la inseguridad, también hay quienes defienden una visión de las cárceles que no las contempla como una herramienta fundamental de la seguridad pública. De acuerdo con esta perspectiva, la pérdida de libertad suele ser ineficaz e injustificada, y forma parte de un régimen punitivo y reaccionario que es incompatible con la democracia y los derechos humanos.
Como todo punto de vista, parte de algunos hechos innegables. En términos generales, la cárcel es criminogénica. Es decir, favorece el delito, porque congrega y relaciona a personas con tendencias antisociales y las priva durante años de las destrezas y experiencias diarias que precisan para convivir en sociead. A su vez, dificulta enormemente la vida de quienes están en libertad y a su cargo, por lo que no debe extrañar que el delito muchas veces se propague de una generación a la otra.
Sin embargo, no es menos cierto que la prisión es el instrumento de disuasión e inhabilitación más eficaz que tenemos. Hay un gran número de enrevesadas razones por las cuales se transgreden las leyes y una cantidad correspondiente de estrategias alternativas para prevenirlo. Aunque todas son útiles e interesantes, la mayoría son a largo plazo e implican estrategias complejas e inciertas. En comparación, la entrada en prisión es efectiva, porque la pérdida de libertad supone un perjuicio inmediato que, a su vez, inhabilita físicamente a quienes son más propensos al delito.
Instituto Nacional de Derechos Humanos
En consecuencia, la política carcelaria anida un equilibrio arduo y complejo, cuyo mantenimiento y cuidado evita que los excesos se conviertan en violencia. Ya sea dentro de la cárceles o fuera de ellas. La experiencia nos enseñó que hacinar presos durante gran parte del día solo termina en tragedia. Privarlos de atención sanitaria, de tratamiento de adicciones y de formación sociolaboral también. Pero cuidado, porque desconsiderar la utilidad de la prisión puede llevarnos a errores garrafales en materia de seguridad pública.
Una premisa que se escucha con frecuencia es que el aumento del número de presos en Uruguay es arbitrario y responde a un clima punitivo alentado por medios de comunicación y sectores políticos reaccionarios. Porque es verdad, el número de personas privadas de libertad ha aumentado de forma sistemática en las últimas décadas y los 11.500 presos actuales no solo son un récord sino que triplican el número de presos que teníamos veinte años atrás.
Lo que muchas veces se omite, sin embargo, es que el aumento de la población carcelaria es la consecuencia directa, lógica y prácticamente inevitable de un incremento exponencial de los delitos violentos. Las denuncias por rapiña se quintuplicaron en el mismo período, por ejemplo, y aumentos parecidos pueden encontrarse también en homicidios y denuncias de gran parte de los delitos que castiga con prisión nuestro código penal. Por tanto, es cierto que ha aumentado notoriamente el número de presos, pero se debe sobre todo a que ha crecido exponencialmente el grupo de personas que delinquen.
Otro clamor frecuente es que nuestra tasa de encarcelamiento es demasiado alta, porque otros países de la región son más violentos pero mantienen a menos personas per cápita tras las rejas. “¡Cómo puede ser que tengamos más presos que Honduras?” De nuevo, es cierto que Uruguay tiene una tasa de encarcelamiento relativamente alta, ya que en América del Sur solo nos supera Brasil. Sin embargo, en América Latina hay varios países con tasas mayores. Algunos más violentos, como El Salvador o Nicaragua, y otros más pacíficos, como Panamá y Costa Rica.
Pero el argumento planteado arriba es francamente ingenuo. Hay una multiplicidad de factores que explican por qué en Honduras hay más violencia y delito que en Uruguay. Desde pobreza y corrupción rampantes hasta la presencia extendida de pandillas y maras. Ahora bien, uno de los factores más relevantes, sin lugar a dudas, es que nuestro sistema de justicia es significativamente más efectivo que el hondureño. Con todas sus fallas, es indudable que en Uruguay se esclarecen muchos más delitos, se atrapan más sospechosos y se inhabilitan más delincuentes que en gran parte de nuestra maltrecha región.
Por tanto, es cierto que nuestra tasa de encarcelamiento es comparativamente alta, pero ello no significa que tengamos demasiados presos. Al fin y al cabo, es evidente que el número de individuos privadas de libertad debe determinarse por la cantidad de personas que hayan cometido delitos –que como sociedad consideramos– graves, no una comparación o promedio.
Camilo Dos Santos
En YouTube puede encontrarse un monólogo fantástico del cómico Louis CK en el que se pregunta qué pasaría si los homicidios fuesen legales. Concluye que quienes ya cometen homicidios multiplicarían sus esfuerzos, mientras que quienes nunca han asesinado a nadie, como es su caso, matarían a alguna que otra persona indeseable cada tanto. Aunque es una broma, es posible que tenga razón. En 1969, la ciudad canadiense de Montreal sufrió una famosa huelga policial que culminó con la Asamblea Nacional de Québec forzando a los uniformados a retomar sus labores. La decisión estaba justificada. En solo 16 horas de huelga, la pacífica ciudad sufrió seis robos de bancos, doce incendios, dos asesinatos y más de cien saqueos.
Por desgracia, un análisis superficial de los datos en Uruguay sugiere un fenómeno parecido. En los únicos años en los cuales descendió el número de personas privadas de libertad (2004-2006 y 2017-2018), las denuncias por rapiña aumentaron de manera excepcional (ver gráfica). Y aunque es probable que hayan otros factores que influyan en este efecto, parece difícil descartar que ambas tendencias no estén relacionadas.
¿Significa ello que el encarcelamiento masivo es el único camino posible? En absoluto. Lo que sugieren las tendencias es que hoy por hoy necesitamos del efecto disuasor e inhabilitador de la prisión, y que ignorarlo puede tener consecuencias irreparables para nuestra convivencia. Y, a su vez, lo que muestran las tendencias es que el efecto disuasor de las cárceles no es tan efectivo como para evitar el aumento del delito. Desafortunadamente, hay miles de uruguayos que ven la cárcel como una fase más de sus vidas. Indeseable sí, pero no la catástrofe que implica para otros. En estos casos, la cárcel disuade, pero no evita, por lo que terminamos teniendo más delitos y presos cada año.
Así las cosas, dudo que pueda llegarse a un consenso político sobre quiénes deben ir a prisión, por qué razones y por cuánto tiempo. Sin embargo, sí creo que el momento político actual es propicio para alcanzar un consenso sobre qué debe suceder dentro de los precintos. Creo que en esa área hay espacio para una política de Estado a largo plazo, que debe comenzar a implementarse de inmediato porque los cambios son imprescindibles. En ese sentido, la agenda común que impulsa el Comisionado Parlamentario Penitenciario y otros colectivos es precisa y razonable. Desde la incoporación plena de ASSE en el sistema y la aplicación de programas de atención a adicciones, hasta la profesionalización del personal penitenciario y el aumento de la oferta de educación sociolaboral.
En 1788, el federalista James Madison argumentaba a favor de la separación de poderes con la frase “Si los hombres fueran ángeles no sería necesario un gobierno”. La misma aplica también a otras formas de control social, incluyendo el control literal. Siempre hubo y siempre habrá una pequeña minoría que no puede o no quiere dejar de violentar a otros. Para ellos, por desgracia, la cárcel será siempre una morada con puerta giratoria. Pero si logramos que la mayoría de los presos controlen sus adicciones, incorporen hábitos saludables y aprendan un oficio, entonces empezaremos a ganar la batalla.
Diego Sanjurjo es doctor en Ciencia Política, especialista en políticas de seguridad y armas. Investigador Postdoctoral en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
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