Nada Crece pide que le revoquen prohibición de entrar a cárceles y exige cumplimiento de convenios

En un documento firmado por uno de los responsables del proyecto, Zelmar Lucas, Nada Crece describe parte de su situación actual señalando que desde el pasado 24 de agosto el IRN les notificó que tenían prohibido ingresar a las cárceles por carecer de convenios vigentes, a partir de una decisión que había tomado el Consejo de Política Criminal y Penitenciaría.

Según denuncian, esta decisión fue en contra de lo establecido en dos contratos –"convenio con Presidencia de la República y Ministerio del Interior–, donde "se establece una adjudicación económica de cinco millones de pesos para la realización de talleres en cárceles" y se dispone como obligación para el Ministerio del Interior "permitir el ingreso de los equipos técnicos a las instalaciones respectivas para la ejecución" del convenio.

"En este sentido, el 23 de abril de 2021 se transfirió un pago de 3.620.000 pesos a nuestra organización. Esta transferencia fue aprobada por Presidencia de la República luego de que fueran aprobadas las rendiciones contables y el informe de actividades de las dos transferencias económicas realizadas anteriormente (una de 600.000 pesos realizada el 18 de octubre de 2019 y otra de 780.000 realizada el 6 de marzo de 2020) y una carta firmada por Luis Mendoza, director de INR, que certificó el cumplimiento de nuestro trabajo mediante carta membretada y firmada", señalan.

La organización, que pidió revocar la medida por "padecer error y resultar lesivo" para los derechos que la amparan, solicito además tener respuestas sobre lo que sucederá con los acuerdos firmados. Pretenden saber de qué forma destinarán el dinero que ya recibieron, ya que está "en su totalidad pendiente de ejecución" y "a la espera de que el Ministerio del Interior cumpla con las obligaciones asumidas en el convenio (definir cárceles, permitir el ingreso, supervisar)".

En el texto, Nada Crece a la Sombra reclama por la "afectación grave" de sus derechos laborales y de las personas privadas de libertad. Según entienden, la resolución tiene incidencia negativa en la política penitenciaria y las oportunidades de rehabilitación. Es por ello que solicitan garantizar el "tratamiento adecuado a la situación planteada" y el "cabal cumplimiento y ejecución de los convenios firmados".

"Queda constancia en este acto de la buena voluntad de la organización en cumplir fielmente con los convenios firmados, así como de ejecutar el dinero depositado a nuestro favor con destino al objeto de dichos convenios", concluyen.