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Muertes violentas "persistentes" y tratos "inhumanos": lo que dice el nuevo informe del comisionado de cárceles

El informe 2018 del comisionado parlamentario señaló que 2018 fue el año "con mayor cantidad de homicidios en custodia desde 2006"

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14 de agosto de 2019 a las 21:07

Muertes violentas como algo "persistente", "condiciones de reclusión muy malas e inaceptables", "tratos crueles, inhumanos o degradentes" y "casos de violencia institucional", son solo algunas de las falencias de las cárceles uruguayas que señaló en su informe del año 2018 el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit.

"Todavía un 35% de la población penitenciaria está en unidades de condiciones que implican tratos crueles, inhumanos o degradantes, un 39% en lugares con insuficientes condiciones para la integración social y 26% en lugares con oportunidades de integración social", señaló el documento que será presentado este jueves.

A su vez, el comisionado parlamentario resaltó que 2018 fue el año con mayor cantidad de homicidios en cárceles desde 2006. 

"En 2018 hubo 37 muertos en custodia, 27 fueron muertes violentas (homicidio y suicidio) y 10 fueron por causas de enfermedad. Si bien hubo un importante descenso en la cantidad global de muertes en 2018 (en 2017 hubo 47), cabe señalar que las muertes violentas siguen siendo un hecho persistente. Hubo menos suicidios pero 2018 fue el año con mayor cantidad de homicidios en custodia desde 2006", sostuvo el informe.

Además, según datos oficiales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el Comcar hay unos 120 heridos de cortes punzantes al mes, en penal de Libertad diez y, según fuentes de la unidad que informaron a Petit, en Canelones unos 60.

Al sumar todos los centros, hay alrededor de 200 apuñalados, cortados o autolesionados al mes. "Las cárceles siguen siendo, pese al deber del Estado de garantizar la vida en ellas, el territorio más violento del país", resume el informe.

El comisionado también remarcó que las carencias de la administración penitenciaria en sus "recursos técnicos, logísticos y administrativos" presentan una "anomalía" por su contraste con "el nivel de recursos que tiene el Estado uruguayo".

Otra carencia subrayada fue que no existen programas de atención y asistencia a la familia de las personas privadas de libertad.

Según el informe, 20 de cada 100 personas de la población penitenciaria tiene dificultades para leer, escribir o hacer cálculos y esto "limita severamente sus posibilidades de estudio, de empleo en muy diversas áreas y de progresar como personas".

Con base en los datos presentados, un 6% de la población penitenciaria no sabe leer, un 12% tiene dificultades para leer, un 6,3% no sabe escribir, un 4,4% tiene alguna dificultad para escribir, no sabe calcular el 7,8% y tiene alguna dificultad el 13,4%.

¿Por qué estas personas ingresan a las cárceles? "Uno de cada tres personas que cometen delito lo hacen con vinculación a las drogas o adicciones", respondió Petit.

El informe ve con buenos ojos que se haya bajado el hacinamiento gracias a las construcciones de nuevas plazas y apertura de unidades, "una situación que hacía inviable cualquier intento de mejora". 

La relación entre la cantidad de plazas disponibles y la evolución de la población en 2018 marca que por primera vez en mucho tiempo la densidad se ubique por debajo de 100. En diciembre de 2018 la densidad era de 91,3%.

El comisionado parlamentario destacó "experiencias innovadoras con buenos resultado de integración social" y nombró a las cárceles de Punta de Rieles (vieja), Durazno, Juan Soler, Campanero, Paso Ataques, Polo Industrial, Salto y Pintado Grande, "pese a la carencia de recursos existentes". A su vez, marcó como positivo un aumento de la presencia de la universidad dentro del sistema financiero. 

Sin embargo, el informe también marcó prioridades. "Es absolutamente prioritario y esencial aumentar las posibilidades de capacitación en oficios" a quienes recuperan la libertad, dice, y, además, advierte una baja presencia de organizaciones de la sociedad civil en cárceles. 

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