Carrera acusó a miembros de la Jutep: actúan “a medida” de lo que les pide el gobierno

El pasado 6 de octubre, la Jutep, con el voto de su presidenta, Susana Signorino (Cabildo Abierto) y de su vicepresidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional), elevó un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos, que investiga el tema ante una denuncia del Frente Amplio. 

En ese análisis, el organismo respaldó el accionar de todos los jerarcas involucrados: el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el subsecretario, Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.

Allí, según el texto al que accedió El Observador, Signorino y Ortiz afirman que tanto las decisiones como el propio acuerdo, suscrito el 25 de febrero del 2021, por el cual se extendió el plazo de concesión de la terminal hasta 2081, fueron “decisiones de oportunidad y mérito alcanzadas en el ejercicio legítimo de la potestad”, y no determinaron actos contrarios a la buena administración. 

Para Carrera resultan “bastante pobres” los argumentos de este informe, que a su juicio “solo buscan justificar lo injustificable: adoptar una posición conveniente a los intereses” de los jerarcas acusados por delitos de corrupción. Según afirmó el legislador, cuando la junta debió expedirse sobre los casos de Gas Sayago y Antel Arena –que apuntaban a jerarcas del Frente Amplio– terminó considerando irregulares conductas que ahora avalan en el puerto. 

Según un análisis al que accedió El Observador, en el caso de Gas Sayago, Carrera apunta que la Jutep observó que en ese proceso se había violado “la regla de buena administración”, ya que, supuestamente, los estudios económicos con los que contaba ese proyecto resultaban insuficientes. Sin embargo, reparó, la junta no puso reparos en el acuerdo con Katoen Natie, en donde no hubo informes de ningún tipo, a pesar de que los costos directos y los riesgos que enfrentaba el país eran claros. 

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En el caso del Antel Arena, sostuvo el senador, la Jutep también había observado apartamientos a la regla de la buena administración, ya que, supuestamente, en esa obra no existía un “plan de negocios completo”. Sin embargo, apuntó, en el caso de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) la misma mayoría entendió que no tenía nada para decir sobre el mismo asunto, pese a que en ese acuerdo no hubo “ni un solo” estudio que analizara su impacto sobre la economía y las finanzas del Estado.

Para Carrera, la Jutep se transformó así en una organismo que “dictamina a la medida de los intereses del gobierno”. El senador frenteamplista apuntó también a la forma en que la Jutep procesó esta definición, al prohibirle a la vocal frenteamplista, Ana Ferrari, incorporar su postura discordante en el informe que fue elevado a Fiscalía. Tal vez, señaló, por miedo a que el fiscal lo leyera y llegara a la conclusión de que lo aprobado carecía de solvencia. 

“La actual conformación de la Jutep no puede garantizar independencia e idoneidad para dictaminar si hubo o no apartamientos éticos en la toma de decisiones del gobierno”, afirmó el senador. No puede, insistió, porque “actúa a medida” de los informes que le solicita el oficialismo. “Los pusieron allí para hacer lo que están haciendo: mirar para el costado cuando el asunto le aprieta el zapato al gobierno”. 

A su juicio, debería pensarse un mecanismo para que la Jutep volviera “a ser un mecanismo imparcial” que resuelva los asuntos con independencia del gobierno de turno. Su conformación, sostuvo, no debería ligarse a la correlación de fuerzas entre los partidos políticos.

La semana pasada, la presidenta Signorino confirmó su renuncia al cargo, con el argumento de razones personales.