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Ancap y UTE violaron "principio de legalidad" en su actuación en Gas Sayago, según la Jutep
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó este miércoles que el frustrado proyecto de la planta regasificadora Gas Sayago tuvo una gestión "deficiente", en la que los directorios de UTE y Ancap transgredieron normas y principios éticos "tanto de raigambre constitucional, como legal y reglamentario”.
Dentro de las conclusiones, se señala que, con su actuación, las autoridades conformaron una "violación al principio de legalidad" cuando "validaron expresa o tácitamente" una serie de situaciones irregulares vinculadas a la administración de una sociedad que acabó con una gestión "deficiente", informaron El País y Búsqueda.
El trabajo de la junta anticorrupción es sobre la auditoría de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), a quien UTE pidió meses antes que analizara el caso. El trabajo concluyó entonces que las pérdidas a raíz de la iniciativa encabezada por el expresidente José Mujica por el proyecto de la regasificadora rondaron los US$ 213 millones para el Estado, “déficit que debió ser financiado por los socios accionistas (UTE y Ancap) en la suma de US$ 113 millones". El organismo señaló el desarrollo de la obra por ejecutarse sin "estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad que permitieran una adecuada toma de decisiones", según el dictamen al que accedió El Observador.
Al igual que hizo con el proceso vinculado al Antel Arena, la Jutep realiza un análisis de la auditoría realizada por una consultora externa pero no analiza el proyecto en sí. A partir de los resultados del trabajo de PWC plantea algunos cuestionamientos.
Para el organismo las autoridades de ese momento no estudiaron la viabilidad de la obra una vez que el gobierno argentino manifestó su desinterés por sumarse. Tampoco atendieron “previsiones realizadas por los propios organismos de cuantiosas pérdidas o desvíos, como por ejemplo las diferencias entre lo estimado en inversiones y lo contratado”, señala la resolución que lleva la firma de la presidenta del organismo, Susana Signorino, y del vicepresidente Guillermo Ortiz. El representante por el Frente Amplio Jorge Castro dejó el cargo a pedido del Partido Comunista luego de la publicación del dictamen sobre el Antel Arena.
El dictamen menciona que si bien la “envergadura” de la sociedad anónima “no permitía avanzar” en el proyecto hasta no contar con “todos los estudios necesarios y una visión integral que arrojara proyecciones de rentabilidad sobre bases sólidas”, los directorios decidieron poner en marcha el plan y actuar en contra del "concepto de ‘idónea administración de los recursos públicos’” al "resentir" su deber como funcionarios.
"No surgen evidencias de la realización de estudios previos” y “no se adoptó la sistematización metodológica aconsejada a nivel internacional”, explica la junta.
Según el organismo, hubo un "desvío de las directrices generales de buena administración pública” y tanto UTE como Ancap fueron "ineficaces e ineficientes" en los controles. “De haberse obrado con estricto apego a la protección del interés público en juego, es razonable pensar que los resultados negativos se hubiesen atenuado”, advierte el documento que apunta a la comisión fiscal, directores y accionistas por entender que "consintieron las situaciones irregulares".
La violación a los principios en el accionar de los jerarcas “puede constituir” una “falta administrativa, y consecuentemente aparejar sanción”, concluye el organismo.
"No puede sino concluirse que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvieron ausentes en este proyecto”, agrega el texto.
En otro apartado, el escrito enmarca un gasto de US$ 15.560 para un partido de Eliminatorias entre Uruguay y Perú, que, aunque no resulta "significativo" para el costo total de la regasificadora, deja evidencia de montos que “resultan totalmente ajenos al giro de la empresa”. Se incluye, además, la contratación de un servicio de masajes y gimnasia laboral (US$ 16.104 mensuales), gastos en alimentación, contrataciones de catering (casi US$ 39 mil), comidas de fin de año y compra de canastas navideñas.
La validación de estas acciones es parte de un “desvío de las directrices generales de buena administración y de ética pública, tanto por acción como por omisión" de los exjerarcas, agrega el fallo de la Jutep.
