Expedientes vinculados al senador colorado Andrés Ojeda y al director de la OPP, Rodrigo Arim, junto con un cambio de criterio adoptado por la mayoría del directorio del organismo, abrieron una nueva polémica en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y profundizaron los cruces entre oficialismo y oposición.
La Jutep, por denuncias y consultas, tiene bajo análisis las declaraciones juradas patrimoniales de Arim y Ojeda y, en ese marco, el director por la oposición, el nacionalista Luis Calabria, cuestionó semanas atrás durante una sesión del directorio el tratamiento dado a ambos expedientes.
En el caso del expediente sobre Ojeda, Calabria cuestionó un informe anticipado que elaboró el vicepresidente del organismo, el frenteamplista Alfredo Asti, lo que provocó que el propio involucrado reonociera en actas que el procedimiento que utilizó “no fue feliz”.
Calabria también cuestionó que en el análisis del caso del ex rector Rodrigo Arim no se siguiera los procedimientos regulares e incluso que se realizaron “análisis paralelos, fuera de expediente”. Las constancias de Calabria se hicieron públicas al conocerse las actas de las sesiones en un artículo de El País. Ante esa nota, Asti reaccionó desde su cuenta de X (antes Twitter) expresando que mediante una “diatriba” de Calabria se generaba una maniobra de “desprestigio” contra la institución.
En su mensaje Asti sostuvo: “Parece que hay mucho nerviosismo y queda claro que el objetivo es desprestigiar al organismo cuando este comienza a cumplir con los cometidos que la ley en 2019 (...) nos encomendara y que la mayoría del Directorio anterior nunca cumplieron”.
Una extensa respuesta de Calabria quedó asentada en la sesión siguiente del Directorio. El nacionalista presentó un relevamiento de más de cuarenta expedientes para demostrar “el apartamiento de un protocolo de denuncias” que, según su postura, “se alteró en el caso del expediente de Arim”.
En esa réplica, el director nacionalista subrayó que “la transparencia no es una opción de gestión; es una obligación legal. La opacidad no puede representar nunca una alternativa institucional”. Y, frente a la acusación de “querer desprestigiar al organismo”, respondió que “la publicidad de lo actuado no es la causa del descrédito; es, en todo caso, su consecuencia”. A su juicio, “un organismo de control del Estado se legitima -o se deslegitima- en función de un único criterio: el cumplimiento riguroso, documentado y público de las normas que lo rigen”.
0001535788.webp
Diputado Alfredo Asti (Frente Amplio)
Pero el conflicto escaló en las últimas horas. Luego de la sesión del 9 de abril, la mayoría del Directorio presidido por la presidenta Ana Ferraris, también del Frente Amplio, resolvió que “los fundamentos del voto disidente debían quedar únicamente en el acta interna y no en la resolución formal” de los casos.
El nuevo criterio, siempre según la advertencia de Calabria, se agrava porque además “se aplicó retroactivamente sobre actuaciones ya firmadas, notificadas y en algunos casos recurridas”.
El director opositor entiende, además, que no se trata de un episodio aislado dentro del funcionamiento reciente de la Jutep, sino que se suma a una serie de cambios procedimentales resueltos por mayoría cuando “en los organismos de control, cualquier cambio procedimental debería buscar el consenso interno, porque allí radica la credibilidad institucional”.
