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El acuerdo "no implica transgresión de leyes", según la Jutep

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La Junta de Transparencia y Ética Pública respaldó el accionar del gobierno por acuerdo con Katoen Natie

La Jutep señaló a Fiscalía que los jerarcas actuaron conforme a la “buena administración”

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07 de octubre de 2022 a las 12:22

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) entregó a Fiscalía un informe en el que respalda el accionar del gobierno en la firma del acuerdo con Katoen Natie, contrato que fue denunciado penalmente por el Frente Amplio (FA). 

En el escrito, los representantes oficialistas en la junta – la presidenta Susana Signorino y el vicepresidente Guillermo Ortiz– afirmaron que el acuerdo con la empresa se debió a “decisiones de oportunidad y mérito alcanzadas por los jerarcas en el ejercicio legítimo de la potestad”, informó La Diaria y confirmó El Observador.

Para la mayoría de los integrantes del Directorio de la Jutep –compuesto por tres miembros, uno en representación del Frente Amplio–, la actuación de los jerarcas del gobierno que participaron en la firma del acuerdo "no implica transgresión de leyes, ni principios contra las normas de la administración y Ética pública”. 

En particular se nombra a Luis Alberto Heber, entonces ministro de Transporte; Juan José Olaizola, subsecretario de esa cartera; Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia, y Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP). 

La Jutep redactó el escrito a pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de 3º turno, que pidió conocer si "existieron conductas reñidas con las normas de la administración y ética pública” en la firma del acuerdo.

A entender de la junta, los mencionados funcionarios indagados actuaron conforme a la “buena administración”, que “va de la mano con la eficiencia y eficacia”. El documento, con fecha del 31 de agosto, fue enviado al fiscal Gilberto Rodríguez. 

Postura de la oposición

Por otro lado, Ana Ferraris, representante del Frente Amplio en la Jutep, elaboró su propio informe en el que concluye que la decisión de otorgarle a la empresa belga la terminal del puerto hasta 2081 le causaría al Estado una pérdida de US$ 2.000 millones.

A esto se le suma un beneficio al grupo Katoen Natie de US$ 2.388 millones; esto volvería al pacto firmado el “más oneroso en la historia del país”.

También critica que los funcionarios indagados “consignaron información no veraz” y “trataron como secreta la información relativa al acuerdo”, por lo que se la ocultaron al público en general y a los funcionarios que estaban legalmente llamados a conocerla.

Ferraris expresa que las autoridades incurrieron en “una clara violación” de una serie de artículos correspondientes a distintas leyes (entre ellas la Constitución, Ley de Puertos o de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio), además de varias normas reglamentarias.

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