Caso Balcedo: las claves para entender el escándalo que rodea al sindicalista K en Uruguay

El hallazgo de un cadáver en un tajamar del predio en la tarde de este martes, sumó otro escándalo al caso, aunque por ahora se desconocen las circunstancias en las que esa persona murió.

Balcedo y su pareja Paola Fiege cumplen prisión domiciliaria con vigilancia policial las 24 horas por orden judicial a la espera de que se realice el juicio oral en que la Fiscalía pretende acusarlos por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Ese juicio aún no tiene fecha.

Sobre la pareja recaen dos pedidos de extradición de la justicia argentina que fueron concedidos, pero que no se efectivizarán hasta que ambos cumplan la pena en Uruguay.

Balcedo era titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), cargo que heredó de su padre y dueño de varios medios de comunicación. Si bien desde eso medios hubo cuestionamientos al kirchnerismo, la secretaria de prensa del gremio había sido candidata de Cristina Fernández y por eso se lo vinculó al sector político.

El caso ha estado rodeado de amenazas –una de ellas fue una amenaza de muerte anónima a uno de los fiscales que intervino–, declaraciones rimbombantes de los imputados con acusaciones y una andanada de recursos que no han hecho más a alargar el proceso.

No hay sólo un fiscal que investiga el caso Balcedo, sino que son tres. El fiscal que lleva adelante la causa actualmente es Shubert Velázquez, pero recibe la ayuda de Rodrigo Morosoli –quien imputó a la pareja en enero de 2018– y Alejandro Machado, el fiscal que presentó la acusación contra ellos en noviembre del año pasado, pocos días antes de ser trasladado a Montevideo.

Además de este equipo, la fiscalía cuenta con la colaboración de Secretaría contra el Lavado de Activos y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.

Como informó El Observador, el equipo de fiscales que participa del caso investiga el nivel socioeconómico de la pareja ante la sospecha de que siguen lavando dinero desde la mansión que tienen en Playa Hermosa (Maldonado). 

Los investigadores del caso estiman que los argentinos mantienen ingresos de entre US$ 30 mil y US$ 50 mil mensuales para solventar los gastos.

Se mencionó que la pareja paga solo por consumo de energía eléctrica un promedio de US$ 7 mil por mes, y que tiene un asesor legal que cobra altos honorarios. Se trata de Maximiliano Rusconi, el abogado que defiende también al exministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido, acusado por corrupción. 

Las amenazas

Un capítulo aparte del caso han sido las amenazas que han recibido los fiscales que intervinieron desde que se inició el expediente y que la Fiscalía considera un intento de amedrentar a los operadores que investigan al sindicalista. 

Machado, el fiscal que estuvo más tiempo a cargo de la causa –y quien pidió una condena de 11 años de prisión contra Balcedo, y 10 años de cárcel para Fiege en noviembre de 2018–, fue amenazado de muerte en octubre de 2019. Le llegó una carta a su casa con un mensaje claro: “Fiscal Machado. Acepte acuerdo. Devuela US$ (sic). Cuide a su familia. Cuidece (sic)”.

Hasta esa fecha, la pareja había intentado al menos dos veces llegar a un acuerdo con la fiscalía y realizar un proceso abreviado a través del cual los argentinos admitirían los delitos y recibirían a cambio una pena más benevolente y un resarcimiento económico. Pero los fiscales lo descartaron.

El último intento por acordar lo hizo el abogado Marcelo Domínguez directamente al fiscal de Corte el 10 de junio de 2019 en su despacho, y le dijo que sus clientes estaban dispuestos a pagar US$ 5 millones para evitar la cárcel una vez que culmine el proceso penal y llegue la condena.

En paralelo, hubo demandas civiles por presuntos perjuicios contra fiscales. La pareja también demandó a Machado –por presunto daño moral ocasionado por declaraciones del fiscal en una audiencia– y a Rodrigo Morosoli. Los montos varían según las demandas y la pareja ha ido aumentando el dinero que reclamaba a medida que fueron fracasando las instancias de conciliación. Según supo El Observador hubo 11 intentos para acordar.

La fiscal Sabrina Flores, que estaba de turno en Maldonado a principios de 2018 y que fue quien solicitó los primeros allanamientos también fue demandada por Balcedo y su pareja por los supuestos daños ocasionados en ese operativo, y le exigen más de US$ 90 mil.
Esas situaciones motivaron que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, expresara públicamente: “La institución no admitirá ningún intento de coaccionar el accionar de los fiscales en el desempeño de su función”.

Díaz dijo que los imputados intentan “amedrentar el accionar de los fiscales” y que es algo ya visto en América Latina.
Fiege contestó que no iba a “responder estupideces”, y afirmó que son los fiscales quienes tendrán que “dar explicaciones de lo que hacen, dicen, dijeron e hicieron”, dijo la imputada a Montevideo Portal en ese momento.

“No solo hemos decidido que fiscales y funcionarios públicos uruguayos paguen con su peculio estos errores. Sino que también lo harán quienes irresponsablemente injurian y mienten (...)”, dijo.

Alto perfil

El alto perfil de los imputados también ha motivado que ambos, pero sobre todo Fiege, hayan cobrado notoriedad desde el comienzo.

Las primeras declaraciones las hizo desde la cárcel en marzo de 2018 cuando afirmó en entrevista con El Observador que había sido extorsionada y le dijeron que si quería ver a sus hijos debía declararse culpable. “A mis nenes los filmaron, les sacaron el pasaporte y ningún asistente social preguntó por ellos”, dijo.

Cuando salió de la cárcel, volvió a hacer declaraciones en las que insistió en que era extorsionada. “Era todo el tiempo extorsión de parte de la Fiscalía, que quería que yo arreglara con ellos. Hace 10 meses que somos la peor basura, los Pablo Escobar y no sé qué otros narcos. Pero hace 10 meses que no nos acusan. ¿Por qué? Si somos la peor escoria, ¿por qué no nos acusan? Estamos luchando para que se sepa la verdad y estoy desesperada porque me acuse, para ir a juicio y demostrar que todo lo que digo es verdad. Pero seguimos así, de rehenes”, aseguró.

Últimamente ha utilizado la red social Twitter para responder cuando algún político menciona su caso. Y en la tarde el martes dio cuenta del hallazgo del cadáver.

Por esa red social también dirigió un mensaje al presidente Luis Lacalle Pou cuando todavía era electo por unas declaraciones que hizo él en radio Sarandí en las que se refirió al caso para responder a los cambios a la ley de inclusión financiera incluidos en la ley de urgencia. “No me parece que un hombre de Estado salga a hablar de un tema sin conocimiento de causa, más aún de temas delicados con liviandad y más siendo abogado sabe sobre la presunción de inocencia ya que hoy la única condena hacia nosotros es la política, mediática y social”, respondió Fiege.

"Si cuando una persona viene a Uruguay se encontrara con que podría ser tratada peyorativamente por razones ideológicas de clase por tener un buen pasar económico, con que se podría intentar despojarla de todos sus bienes por iguales razones o que podría ser expuesta a indignidades y escrachada públicamente para aceptar un acuerdo de culpabilidad, dudo que considere como una opción invertir en Uruguay", afirmó Fiege.

Otros datos del caso