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Fiscales que investigan a Balcedo indagan su nivel de vida porque sospechan que sigue lavando

El argentino, imputado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, mantiene con su pareja un nivel socioeconómico que llamó la atención de los investigadores 

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13 de noviembre de 2019 a las 09:16

El equipo de fiscales que participa de del caso del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo –acusado en Uruguay por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas– investiga el nivel socioeconómico del imputado y su pareja, Paola Fiege. Los investigadores lo vienen haciendo desde hace meses con las sospechas de que siguen lavando dinero desde El gran Chaparral, la mansión que tienen en Playa Hermosa (Maldonado), y donde aguardan el juicio oral en prisión domiciliaria, según dijeron fuentes judiciales a El Observador.

El fiscal que lleva adelante la causa actualmente es Shubert Velázquez, pero recibe la ayuda de Rodrigo Morosoli –quien formalizó el proceso en enero de 2018– y Alejandro Machado, el fiscal que presentó la acusación contra la pareja en noviembre del año pasado, pocos días antes de ser trasladado a ejercer funciones en Montevideo.  Además de este equipo, la fiscalía cuenta con la colaboración de Secretaría contra el Lavado de Activos y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay para recopilar información sobre la pareja.

Y con el apoyo de esos organismos –entre otros–, los investigadores estimaron que los argentinos mantienen hoy en día ingresos de entre US$ 30 mil y US$ 50 mil mensuales para solventar los gastos que todavía mantienen.

De hecho, según indicaron las fuentes, la pareja paga solo por consumo de energía eléctrica un promedio de US$ 7 mil por mes, ya que la mansión, ubicada en lo alto del Cerro de los Burros, cuenta con una amplia red de iluminación, además de una piscina climatizada.

Pese a todo, fuentes policiales aseguraron que por las noches ya no prenden todas las luces que se encendían hasta enero de 2018, cuando los imputados fueron detenidos en un operativo coordinado por Interpol. Desde entonces, ambos estuvieron en prisión preventiva, hasta que la Justicia cambió el régimen de su detención y permitió que Fiege regresara a la casa en mayo de ese año; y Balcedo, en diciembre.

Pero los gastos de los imputados no terminan allí. Según dijeron las fuentes, Balcedo tiene contratado un asesor legal que decide la contratación de los abogados en Uruguay y cobra altos honorarios: se trata de Maximiliano Rusconi, el abogado que defiende también al exministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido, acusado por corrupción dentro de la trama de Odebrecht, entre otras causas que tiene iniciadas. 

Por lo que la pregunta que se hacen los investigadores es: ¿de dónde sacan los argentinos el dinero? Porque entre efectivo, autos de lujo y joyas, a la pareja le incautaron en Uruguay cerca de US$ 20 millones, todo el patrimonio que declararon tener y que ahora está embargado. Desde que están en prisión domiciliaria, con custodia policial las 24 horas, las visitas han sido frecuentes, por lo que "es presumible" que el dinero en efectivo con el que están cubriendo los gastos llegue con las personas que ingresan, dijeron los informantes.

Es por esa razón que los fiscales analizan si hay mérito para iniciar una segunda investigación penal por otra causa de lavado, aunque las fuentes informaron que por el momento es una opción sobre la que no hay consenso entre el grupo de investigadores.

Casi todos los fiscales que han intervenido en el caso han sufrido intentos de amedrantamiento. Machado, el fiscal que estuvo más tiempo a cargo de la causa –y quien pidió una condena de 11 años de prisión contra Balcedo, y 10 años de cárcel para Fiege–, fue amenazado de muerte días atrás. Le llegó una carta a su casa con un mensaje claro: "Fiscal Machado. Acepte acuerdo. Devuela US$ (sic). Cuide a su familia. Cuidece (sic)".

En paralelo, hubo demandas civiles por presuntos perjuicios contra fiscales. Sabrina Flores, que estaba de turno en Maldonado a principios de 2018 y que fue quien solicitó los primeros allanamientos. Fue demandada por Balcedo y su pareja por los supuestos daños ocasionados en ese operativo, y exigen más de US$ 90 mil, luego de que fracasara una primera audiencia de conciliación.

La pareja también demandó a Machado –por presunto daño moral ocasionado por declaraciones del fiscal en una audiencia– y a Rodrigo Morosoli. Los montos varían según las demandas y la pareja ha ido aumentando el dinero que reclamaba a medida que fueron fracasando las instancias de conciliación, las que llegaron a un total de 11, según pudo saber El Observador.

"La institución no admitirá ningún intento de coaccionar el accionar de los fiscales en el desempeño de su función", escribió el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en su cuenta de Facebook a fines de agosto.

En diálogo con El Observador, el jerarca aseguró que los imputados intentan "estrategias contra fiscales", ya vistas en América Latina como forma de intentar "amedrentar el accionar de los fiscales". "No inventaron nada nuevo en Uruguay –dijo–. Vamos a hacer todo lo que corresponda a los efectos de que estas prácticas no den resultado".

Montevideo Portal consultó a Fiege sobre las sospechas de los investigadores, y la esposa de Balcedo contestó que no iba a "responder estupideces". De todos modos, dijo que los fiscales tendrán que demostrar lo que dicen. "Ellos son los que deben dar explicaciones de lo que hacen, dicen, dijeron e hicieron", expresó Fiege.

También remarcó que ella y su esposo son dueños de medios, pero no especificó si es con ese dinero que mantienen los gastos que tienen. 

"No solo hemos decidido que fiscales y funcionarios públicos uruguayos paguen con su peculio estos errores. Sino que también lo harán quienes irresponsablemente injurian y mienten (...). "Eso sí, esta vez la acción la generamos nosotros", dijo. 

Fiege también cuestionó a Jorge Díaz y puso en duda su idoneidad para ejercer su cargo como fiscal de Corte. "Cosa extraña ya que todas las personas solo tienen la posibilidad de defenderse a través de una acción judicial, en este caso civil; hay gente, sobre todo funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que no son adeptos a resolver sus diferencias a través de una justicia imparcial. Si esa persona maneja a todos los fiscales de Uruguay, pobre aquel uruguayo o extranjero en tierras uruguayas que tan solo pensare en denunciar a través de la justicia penal algún acto reñido con la ley, de los propios fiscales o gente perteneciente al Ministerio Público Fiscal (...). "Si no fuese este señor fiscal general, que necesita el título habilitante para ejercer ese cargo, no se entiende cómo se recibió de abogado para hacer esas aseveraciones", expresó.

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