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Fiscal que acusó a Balcedo fue amenazado de muerte
Alejandro Machado, uno de los fiscales que investigó en Uruguay al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo –imputado por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas–, recibió una carta por correo con una amenaza de muerte. En mayúscula y con letras grandes y azules, el mensaje decía lo siguiente: "Fiscal Machado. Acepte acuerdo. Devuela US$ (sic). Cuide a su familia. Cuidece (sic).". Y abajo de la hoja cuadrada –a la que accedió El Observador–, aparecían dos iniciales como firma: B.F.
La esposa de Machado, que fue quien abrió el sobre este viernes de tarde, llamó enseguida a su marido para ponerlo al tanto, y antes que terminara el día estaba hecha la denuncia penal. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, transmitió a Machado y su familia el "expreso apoyo y respaldo" por la situación.
"Estoy al tanto de la denuncia, de la nota recibida y de su contenido, pero respecto a su origen, solo hay conjeturas", dijo a El Observador el jerarca, quien ya mantuvo una reunión con Gilberto Rodríguez, el fiscal que investiga la amenaza, y tendrá otra en el correr de este lunes.
"Estamos permanentemente evaluando situaciones de riesgo como esta y otras", agregó Díaz.
Rodríguez, por su parte, sostuvo que la primera resolución que tomó el viernes fue enviar la carta a la Policía Científica para su análisis.
De los cuatros fiscales que en casi dos años participaron del caso de Balcedo y su esposa Paola Fiege –acusada también por lavado de dinero y contrabando–, Machado fue de los que estuvo más tiempo, y el responsable de llevar adelante la acusación contra la pareja. Asumió la causa en marzo de 2018 y el 11 de noviembre de ese año –pocos días antes de ser trasladado a ejercer funciones a Montevideo–, Machado pidió a la Justicia una condena de once años de prisión contra el argentino, y diez años de cárcel para Fiege.
Hasta esa fecha, la pareja había intentado al menos dos veces llegar a un acuerdo con la fiscalía y realizar un proceso abreviado a través del cuál los argentinos admitirían los delitos, y recibirían a cambio una pena más benevolente y un resarcimiento económico.
"Nos plantearon distintos acuerdos en los que admitían haber lavado pero a cambio no cumplirían pena efectiva y seleccionarían algunos de los bienes embargados para quedárselos. Pero en mayo cerré cualquier posibilidad de negociación, me opuse. Por la gravedad de los delitos por los que se los investiga tienen que tener pena efectiva”, dijo Machado a El Observador en octubre del año pasado, una versión que a su vez fue negada por los imputados. Fiege, por ejemplo, afirmó en ese mismo momento que la iniciativa de llegar a un acuerdo era de los fiscales, y que ellos estaban "siendo extorsionados".
Schubert Velázquez fue el siguiente fiscal en hacerse cargo de la investigación de Maldonado, y es quién continúa al frente del caso. A él también le ofrecieron llegar a un acuerdo. La primera vez fue en marzo de este año, antes de que tuviera lugar la audiencia de control de la acusación. Y luego, a principios de junio, el abogado de los imputado, Marcelo Domínguez, volvió a intentarlo, pero esta vez lo hizo directamente con el fiscal de Corte.
El penalista visitó al jerarca el 10 de junio en su despacho, y le dijo que sus clientes estaban dispuestos a pagar US$ 5 millones para evitar la cárcel una vez que culmine el proceso penal y llegue la condena. Es decir, la pretensión de los argentinos era seguir viviendo en donde están ahora –bajo régimen prisión domiciliaria como medida cautelar–: en la mansión El Gran Chaparral, ubicada en lo alto del Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, y en donde fueron incautados en enero de 2018 varias armas, autos de lujo –un Ferrari, un Mercedes Benz, un Porsche y un Chevrolet Camaro– y joyas.
Díaz le dijo a Domínguez ese 10 de junio que el ofrecimiento no debía hacérselo a él, sino a Velázquez, quien volvió a rechazar la propuesta.
Amedrantamiento con demandas
A fines de agosto, Díaz informó que la fiscal Sabrina Flores –que ordenó los allanamientos de principios de enero del año pasado contra la pareja por orden de Interpol–, fue demandada por Balcedo y su pareja por supuestos daños ocasionados en ese operativo, y exigen más de US$ 90 mil, luego de que fracasara una primera audiencia de conciliación.
"La institución no admitirá ningún intento de coaccionar el accionar de los fiscales en el desempeño de su función", escribió entonces el fiscal de Corte en su cuenta de Facebook. "Sabrina Flores cuenta con todo el respaldo institucional y jurídico de la Fiscalía General de la Nación y con todo mi respaldo personal", agregó.
Sin embargo, días después la pareja decidió demandar también a Machado –por presunto daño moral ocasionado por declaraciones del fiscal en una audiencia– y Morosoli. Ambos fiscales siguen colaborando en el caso de Balcedo como integrantes del equipo investigador, y siempre han mantenido una postura contraria a acordar un proceso abreviado con la pareja.
Los montos varían según las demandas y, según supo El Observador, la pareja ha ido aumentando el dinero que reclamaban a medida que fracasan las instancias de conciliación.
"Sea a través de amenazas, de denuncias penales o de juicios civiles, son todas estrategias contra fiscales que hemos visto en América Latina como forma de intentar amedrentar el accionar de los fiscales. No inventaron nada nuevo en Uruguay", dijo Díaz ahora en diálogo con El Observador.
"Vamos a hacer todo lo que corresponda a los efectos de que estas prácticas no den resultado", concluyó el fiscal de Corte.
