En cada rincón del país que recorrió durante la campaña electoral, Luis Lacalle Pou planteó su intención de modificar ciertos artículos de la ley de inclusión financiera, a los que consideraba de “bancarización obligatoria”. Ese compromiso, dijo más de una vez cuando era candidato, pretendía materializarlo dentro del proyecto de ley de urgente consideración que tenía previsto enviar al Parlamento si era electo presidente durante los primeros días de su mandato.
El ahora presidente electo y su equipo dieron a conocer el miércoles 22 el texto del proyecto de ley de urgencia y, tal como había anunciado en campaña, están incluidas las modificaciones a la ley aprobada en 2014. Además del cambio de permitir que los sueldos se cobren en efectivo –algo que está prohibido salvo contadas excepciones en la norma impulsada por el Frente Amplio– el proyecto también habilita el efectivo para otros tipos de transacciones que hoy en día solo se pueden realizar con un banco mediante.
El artículo 183 del anteproyecto de urgente consideración se refiere a la libre elección del medio de pago y dispone que “los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes”, sin otras limitaciones que las que tiene la ley de diciembre de 2017 relativa al lavado de activos.
Esa iniciativa, al igual que otros artículos sobre lo que el nuevo gobierno llama “libertad financiera”, generó críticas por parte del oficialismo. Martín Vallcorba, coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, había escrito a fines del año pasado en Twitter que las propuestas del nuevo gobierno implicarían “un grave retroceso en materia de transparencia, debilitando herramientas fundamentales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero”.
Inés Guimaraens
Lacalle Pou fue consultado sobre este punto en el programa Hora de Cierre de radio Sarandí el jueves 23 y respondió a esa crítica de Vallcorba poniendo como ejemplo a Marcelo Balcedo, el argentino que junto con su pareja, Paola Fiege, se encuentran con prisión domiciliaria en su mansión de Playa Verde (Maldonado) a la espera del juicio por, entre otra acusaciones, lavado de activos.
“El señor Vallcorba y todo el Ministerio de Economía y Finanzas deberían explicar cómo tuvimos una persona viviendo en Piriápolis con aviones jet en el aeropuerto, autos de alta gama en Piriápolis en invierno entrando dinero de todo tipo y con inclusión financiera mediante. Podríamos seguir con toda la evasión y el dinero que entró y salió del país y existía la ley de inclusión financiera”, sostuvo el presidente electo.
Además dijo que parte de la ley vigente se basa “en una concepción patológica de la sociedad de que todo el mundo es evasor o quiere pagar en negro”.
Sin embargo, la crítica de Lacalle en la que se refiere a Balcedo sin nombrarlo tiene algunas inexactitudes.
Marcelo Balcedo y Paola Fiege comenzaron a mover miles de dólares en Uruguay bastante antes de que existiera la ley de inclusión financiera, que se aprobó en abril de 2014 y se reglamentó en setiembre. El compromiso de compra-venta de la mansión El Gran Chaparral, de Playa Verde, se firmó en 2007, según establece el texto de la acusación del Fiscalía. El precio pactado fue de US$ 430.000 que luego se restableció en US$ 310.000.
Seis años después, en marzo de 2013, el escribano de Balcedo y Fiege se presentó ante una sucursal del Banco República para avisar que un cliente tenía US$ 500.000 en un cofre y que le había sugerido que esa suma fuera depositada en ese banco. Eso fue informado a la Fiscalía por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.
“En esa oportunidad la institución le informó al profesional que para realizar dicha operativa deberían justificar el origen de los fondos, y él respondió que eran producto de una hipoteca”, indicó la acusación.
Previo a que se aprobara la ley de inclusión financiera hubo otras compras de miles de dólares por parte de Fiege y Balcedo. Entre ellas, más hectáreas y metros cuadrados construidos de lo que terminó siendo El Gran Chaparral, autos y camionetas.
Marcelo Umpiérrez
La Ferrari por valor de US$ 435.000 empadronada en Uruguay fue adquirida a nombre de Fiege en setiembre de 2014. Sin embargo, la aplicación de algunos artículos de la ley de inclusión financiera, como los referidos a la compraventa de bienes inmuebles y vehículos, y operaciones de montos elevados, comenzó a regir el 1° de abril de 2018, por lo que la adquisición de este auto no fue alcanzada por la reglamentación.
La pareja adquirió también otro auto de alta gama en enero de 2015, un Mercedes Benz coupé modelo McLaren por casi US$400.000.
Ambos automóviles, y también otros como una camioneta Ford y otra marca Dodge, fueron "adquiridos" en Uruguay, según detalló la acusación del fiscal.
Hubo también compras posteriores a aprobada la ley, como más terrenos dentro del predio de la mansión de Playa Verde. También se les había incautado dinero en efectivo por un monto de US$ 6.650.000. De todos modos, la acusación no especifica en qué fecha fueron ingresados esos montos a Uruguay.
Balcedo y Fiege fueron detenidos en enero de 2018 y la Fiscalía pide 11 años de prisión por lavado de dinero, contrabando y tráfico de armas.
Riesgos
El profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero, Leonardo Costa, explicó a El Observador que el uso del efectivo en transacciones de inmuebles o bienes de lujo es un riesgo en la región del que Uruguay no está exento. "Hay un problema de tráfico transfronterizo de efectivo, por las condiciones cambiarias y restricciones de todo tipo, como las que tiene Argentina, que hace que el manejo de efectivo venga a Uruguay y con él se pueda adquirir estos bienes".
Para el experto en lavado de activos, si el artículo de la ley de urgente consideración se aprobara "así como está", y la compra de inmuebles pudiera realizarse en efectivo, aumentaría el riesgo de lavado. Sin embargo, dijo que, de todas formas, la aplicación de la ley de inclusión financiera no evitó en forma total este delito.
Costa recordó que antes de comenzar a aplicarse la ley, las compras superiores a los US$ 150.000 requerían la debida diligencia, un procedimiento por el cual se investiga a una persona o empresa antes de firmar un contrato o acuerdo económico.
Para aplicar la modificación del artículo que plantea el próximo gobierno, según Costa, se podría hacer un mix que deje "libertad" para determinadas transacciones y obligatoriedad a otras. "Para determinadas transacciones por encima de determinado valor se podría establecer el pago bancarizado, o que las compras de inmuebles en efectivo requieran la debida diligencia", puntualizó.
Actualmente, la ley establece que para las operaciones superiores a UI 40.000 (equivalentes a $ 174.692 para el valor actual) no se admitirá el uso de efectivo, mientras que para las operaciones de más de UI 160.000 ($ 698.768) sólo se admitirá el uso de medios de pago electrónicos y de cheques de pago diferidos cruzados no a la orden, "habilitándose transitoriamente" la utilización de cheques comunes cruzados no a la orden, cheques de pago diferido cruzados o letras de cambio cruzadas.
El fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, opinó que "habría que analizar" si la modificación a la ley actual sería riesgosa para el lavado de activos, ya que a su entender, Uruguay tiene "un régimen de control que viene mejorando".
