“Cerrá atrás y vamos”

Pero, sin llegar a tales extremos que marcan una línea de corte entre una democracia y una dictadura (quedó bien claro quienes fueron los países que mandaron representantes a la (re)asunción de Ortega luego de ganar una elección viciada de nulidad), también hay formas más sutiles para minar los cimientos de un régimen republicano. Basta mirar a lo que ocurre en la vecina orilla con el manejo que se hace del poder judicial. Desde estratagemas para vaciarlo de poder multiplicando tribunales hasta elegir jueces afines al gobierno de turno que no guardan ni el más mínimo decoro de ocultar públicamente sus preferencias políticas, hay una lista de maniobras para menoscabar la independencia de los jueces y en especial de la Corte Suprema de Justicia.

Y ahí las formas y acciones varían y se multiplican. Se ve que el gobierno K tiene una enorme creatividad y hasta audacia para presionar sobre el Poder Judicial o adoctrinarlo para que haga lo que desea. Así el 6 de diciembre el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, mantuvo una reunión institucional con los integrantes del máximo tribunal. Osó incluso visitarlos en el Palacio de Tribunales y durante la media hora que duró el encuentro criticó sin reservas al Poder Judicial y a la propia Corte. Luego publicó en Twitter. “Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”. Más que “ expresar preocupación” lo que hizo fue lisa y llanamente presionar a los magistrados supremos para que fallen a su favor en muchas causas que afectan a la vicepresidenta CFK. Algo realmente insólito que, de haber ocurrido en un país democrático, habría terminado con la expulsión del ministro de Justicia o, si este hubiera tenido un mínimo de decoro, con su renuncia incondicional. Pero obviamente nada de ello ocurrió: ni expulsión ni renuncia. El ministro Soria sigue tan campante en su cargo.

Y ahora le toca al viceministro de Soria. Después de que el líder piquetero Luis D’ Elia convocara a una marcha para “echar a la Corte Suprema”, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena salió en apoyo de esa iniciativa piquetera. Obviamente ni renunció ni se lo expulsó de su cargo pese a que constituye un grave atropello al Poder Judicial en general  y a la Corte en particular. Pero eso no fue casi nada. Poco después el propio presidente argentino Alberto Fernández avaló la marcha diciendo que “la Corte tiene problemas de funcionamiento”. Insólito por donde se lo mire. Si aquí en Uruguay ocurriera algo semejante, al presidente de turno le caerían enormes críticas y no solo de la oposición sino de sus propios partidarios. Sería un escándalo de proporciones inimaginables. Del otro lado del charco tanto el presidente Fernández como el ministro y el viceministro de Justicia siguen tan campantes. Algunos dirigentes de la oposición como el jefe del gobierno Horacio Rodríguez Larreta expresaron su malestar. Pero la marcha se hará con el fogoneo y la logística de los equipos del kirchnerismo. 

Afortunadamente los jueces de la Corte Suprema ya están blindados respecto de este tipo de presiones, tanto de visitas de Ministros de Justicia como de marchas piqueteras frente a sus oficinas. Lo cual no desdice la gravedad institucional de lo ocurrido. De no frenarse este tipo de presiones, poco a poco se horadará la independencia de los jueces. Y no sería de extrañar acciones más graves si estas presiones no surten el efecto esperado. La actuación del ministro y viceministro de Justicia son deplorables. Pero más deplorable aún es la actitud del presidente de la Nación, por su investidura y porque no hace mucho tiempo se deshacía en elogios hacia los integrantes de la Corte. Pero así van las cosas: si no hay una gran reacción Argentina irá por el camino de las autocracias y dictaduras de Venezuela y Nicaragua.