Certificaciones médicas generan choque del gobierno con COFE y el nuevo régimen se demora

“La OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) no quiere discutir ese punto en la comisión. La idea era que se discutiera todo. Ahí es donde nos trancamos y se crispa un poco”, reconoció a El Observador el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira. 

Para los trabajadores existe un “fin recaudatorio” por parte del gobierno que no permite discutir el tema de fondo más allá de que han logrado avanzar con acuerdo en otros puntos vinculados a cambios en los controles. 

Desde el Parlamento esperan que la comisión envíe, tal como establece el Presupuesto, un proyecto de ley con un nuevo régimen de certificaciones médicas. El gobierno intentó poner este proyecto dentro de la Rendición de Cuentas, que obliga a negociar porque tiene plazos establecidos, pero no logró el acuerdo necesario para llegar en tiempo y forma a esa instancia. 

El tema estuvo entreverado de arranque. El oficialismo votó en el Presupuesto un sistema de licencias por enfermedad para los funcionarios públicos propuesto por la OPP. Sin embargo, como a varios legisladores no les conformaba y no lograron ponerse de acuerdo con el Ejecutivo, la normativa presupuestal también creó una comisión multisectorial para elaborar otro sistema. El primero no se pondrá en marcha hasta que ese grupo mande un proyecto de ley al Parlamento. 

Sin embargo, si el texto no modifica el sistema establecido en el Presupuesto la discusión parlamentaria no será fácil. “Ahí vamos a tener un problema”, adelantó el diputado blanco Álvaro Viviano, uno de los que siguió más de cerca este tema. 

Viviano entiende que el Poder Ejecutivo debe enviar lo antes posible, con acuerdo o no, un proyecto de ley para que el tema llegue al ámbito legislativo y empezar a intercambiar. Los plazos establecidos en el Presupuesto para el trabajo de la comisión no se cumplieron y ahora el tema depende de la comisión para avanzar.  

Camilo dos Santos

En el marco de ese grupo que integran varios organismos del Estado y los trabajadores, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) presentó el número de certificaciones de los últimos cinco años. El trabajo, adelantado por El Observador, revela que cuatro de cada diez funcionarios de la Administración Central (42%) se certificó en 2019. Y mientras que en promedio esas certificaciones fueron por 38 días, aproximadamente el 15% fue por más de dos meses.

En los entes industriales y comerciales (los abarcados por el artículo 221 de la Constitución, y que incluyen a las empresas públicas), el 58% de los trabajadores se certificó en 2019, y lo hizo por un promedio de 28,2 días. 

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Y mientras que para COFE el principal problema está en el Ministerio del Interior, que en 2019 tuvo al 70% de los funcionarios certificados de la administración central, para el gobierno se trata de una problemática que atraviesa a todos los organismos. 

“Sin tener en cuenta al Ministerio del Interior, las certificaciones aumentaron un 50% desde 2016 a 2019”, aseguró a El Observador el director de la ONSC, Conrado Ramos. El 2020 no se toma en cuenta porque la pandemia obligó a mandar a los empleados a sus casas y las certificaciones se redujeron significativamente. 

La idea del gobierno es presentar en la próxima reunión de la comisión, que todavía no está fijada, un borrador del proyecto de ley. El objetivo inicial era que ese texto tuviera un acuerdo amplio para que recibiera el respaldo de todos los partidos en el Parlamento y se pudiera aplicar a todo el Estado, incluido entes autónomos lo que requiere de una mayoría especial en el Parlamento. 

Ese consenso está cada vez más lejos y en el oficialismo algunos legisladores ya asumen que el Frente Amplio no va a acompañar un sistema que no tenga el respaldo de los trabajadores. Es decir, más allá de alguna definición más precisa y detallada respecto a qué enfermedades tendrán un 100% de cobertura, como las oncológicas por ejemplo, y a mejoras con el objetivo de universalizar un solo sistema de certificaciones para toda la administración, el régimen que el gobierno quiere aplicar es el aprobado en el Presupuesto. 

Los trabajadores, según dijo Pereira, pretenden que el gobierno mejore los controles y plantean que una vez universalizado el sistema –que, entre otras cosas, solo permitiría que un médico de tu prestador te pueda certificar- se haga una prueba de un año para ver si se reducen las ausencias por enfermedad. 

Leonardo Carreño

¿Qué dice el Presupuesto? 

El Presupuesto votó dos artículos que iban atados para su implementación. El número 30 que estableció un nuevo régimen y el número 31 que creaba la comisión para buscar un consenso más amplio y enviar un nuevo proyecto al Parlamento para modificar el sistema votado en esa misma ley. 

“Créase una Comisión para la evaluación de un Sistema de Subsidio por Enfermedad y Accidentes Profesionales para dependientes de la Administración Pública, con el fin de diseñar un sistema de subsidios para las licencias por enfermedad y accidentes profesionales aplicable a todos los trabajadores no cubiertos por otros regímenes”, dice el artículo 31. 

Sin embargo, todos los plazos que establecía esa norma presupuestal se incumplieron. El nuevo régimen tenía que empezar a regir a los 90 días de aprobado el Presupuesto (1 de abril) ya que el artículo 31 establecía que en ese tiempo la comisión ya hubiera laudado y redactado un nuevo proyecto. Ese plazo fue postergado por ley y se le dio 30 días más a ambos puntos. Cumplido ese nuevo plazo tampoco hubo novedades y el Poder Ejecutivo entendió que si no reglamentaba el artículo 30, el nuevo régimen no empezaba a regir. 

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Pasados 200 días con el Presupuesto vigente, con los peores meses de la pandemia en el medio, el nuevo sistema no está vigente y el gobierno ni siquiera presentó el borrador del proyecto de ley. 

Si no hay acuerdo en el Parlamento, el gobierno tiene la potestad de reglamentar el régimen aprobado y ponerlo en funcionamiento. Sin embargo, los legisladores podrían también aprobar una ley para postergar su puesta en marcha. 

El sistema

El régimen aprobado en el Presupuesto busca equiparar el sistema público con el privado. Es decir, los primeros tres días de licencia por enfermedad o accidente no serán pagos y a partir del cuarto los trabajadores recibirán el 75% de su salario. 

Sin embargo, los funcionarios públicos podrán acumular hasta 15 días de licencia pagos por enfermedad. El primer año tendrá cinco días que serán remunerados y serán tres más a partir del segundo y así sucesivamente hasta que se acumula un máximo de 15.