Combustibles: una fórmula que votaron todos abre paso a idas, vueltas, y un debate a varias bandas

En el tema de combustibles, Uruguay es un tomador de precios internacionales y el último aumento anunciado por el gobierno era casi imposible de evitar debido al incremento del precio del petróleo Brent. Así lo reconocen desde todas las tiendas políticas, incluido el Frente Amplio. Sin embargo, en la oposición culpan a la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la previa de la campaña por el referéndum, mientras en el gobierno y el Partido Nacional cargan las tintas contra Ancap y aprovechan para volver a poner sobre la mesa la desmonopolización de la importación del crudo.

“Es la típica solución política a una realidad que cuando viene la aplicación aparecen estos problemas”, dijo este martes el senador blanco Sebastián Da Silva entrevistado por En Perspectiva sobre la metodología aprobada en la LUC para establecer un nuevo sistema de fijación de precios que asimila el precio de paridad de importación y le suma un factor denominado X que responde a los sobrecostos de Ancap. 

Da Silva, un acérrimo defensor de la libre importación de combustibles, no era parte del Senado cuando se votó esa ley pero quien ocupaba la que ahora es su banca, Sergio Abreu, sí acompañó esta iniciativa.

El legislador blanco aprovechó el nuevo debate de estos días para anunciar que presentará, junto con el colorado Germán Coutinho (que en su momento fue el único legislador que no votó este nuevo sistema), un proyecto de ley para desmonopolizar Ancap.

Los cabildantes y los colorados, menos Coutinho, fueron quienes rechazaron la iniciativa del Poder Ejecutivo de liberar la importación de combustibles que venía en el proyecto de la LUC. 

Por su parte, ahora, que con el nuevo sistema acordado los precios suben, el gobierno apunta contra los sobrecostos de Ancap. 

“Lo que se hizo fue transparentar y sincerar qué es lo que se paga con el combustible. Se paga el crudo, se pagan los impuestos y el famoso X de Ancap, (que son) los $3”, dijo el presidente Luis Lacalle este martes según consignó El País. 

“Tenemos estos precios porque tenemos estos costos”, dijo a Subrayado el ministro de Industria, Omar Paganini, quien estuvo encargado de anunciar el aumento y de explicarlo en distintas entrevistas en la última semana. 

Esto implica que $3 de los $5 de aumento, según la explicación del gobierno, corresponden a ineficiencias del ente petrolero.

De todos modos, nada asegura que de haber desmonopolizado los combustibles el precio no hubiera aumentado tal como lo hizo en los últimos meses. De hecho, todo apunta en sentido contrario, y ahí está una de las diferencias que existen en la coalición. 

“Hemos visto como se llama a la confusión de la gente. Se presenta la liberación de la importación como una fórmula mágica para bajar el precio de los combustibles y el común de la gente se imagina que al importar libremente va a pagar el mismo precio que pagan los argentinos o los brasileros. Nosotros les decimos que no”, dijo este martes el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en su audición de radio Oriental. “Se está jugando con el desconocimiento de la gente, se está dando una manija que no corresponde”, agregó. 

Uno de los argumentos que manejan en Cabildo Abierto para oponerse a la desmonopolización, tal como proponía el proyecto de la LUC, es que si se hace de un momento al otro, sin mirar los sobrecostos que hoy tiene la empresa estatal, eso llevaría a que Ancap quedara por el camino porque no podría competir y eso sería un gran problema para el Estado. 

Da Silva reconoció que haber liberalizado la importación de combustibles no hubiera asegurado una reducción del precio pero puso un matiz. “Tendríamos la satisfacción del deber cumplido porque habríamos hecho todo como para que el compatriota sepa que no depende de un monopolio vetusto como es el de Ancap que está lleno de sobrecostos”, aseguró. 

En tanto, algunos analistas también salieron al cruce del gobierno por prometer en campaña electoral que iba a reducir el precio de los combustibles. 

“Hay promesas que en campaña electoral no se pueden hacer. Y hay instrumentos cuyo uso no se pueden amputar. ¿Lo habrán aprendido esta vez?”, escribió en Twitter el economista Javier De Haedo. Y sobre ese tuit, otro economista, Aldo Lema, agregó: “Y menos aún se pueden hacer promesas sobre variables que están mayoritariamente determinadas por factores exógenos (no controlables), como los precios internacionales del petróleo”. 

El presidente aseguró que aquellos que lo critican "tienen razón", según dijo este martes. Sin embargo, también recordó que el Frente Amplio votó este nuevo mecanismo de fijación de precios. 

La postura de Da Silva tiene un punto de coincidencia con la del Frente Amplio y las organizaciones de izquierda, aunque con objetivos distintos. Ambos están en contra de la solución que tanto el Partido Nacional como la oposición votaron en la LUC.

El Frente Amplio llegó a los 135 artículos que busca derogar luego de distintas negociaciones entre la fuerza política, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Entre los impugnados estuvo por un lado el artículo 235 que establece que el Poder Ejecutivo fijará los precios de venta de los diferentes combustibles producidos por Ancap previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Por otro lado, el 236 encomienda a la Ursea a que revise su "metodología de cálculo de Precios de Paridad de Importación".

A fines de 2020, el Frente Amplio tuvo un debate interno sobre qué artículos de la LUC someter a referéndum, y allí estuvo sobre la mesa que la oposición había contribuido en la negociación por los artículos referidos a los combustibles. De hecho, en la discusión interna los sectores Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano y la Vertiente Artiguista rechazaban impugnar los pasajes de la ley que el Frente Amplio votó.

Sin embargo, a inicios de diciembre la mayoría de la oposición encabezada por el MPP, el Partido Comunista y el Partido Socialista resolvió que sí iría contra artículos que había acompañado en el Parlamento. 

Ahora, la postura del Frente Amplio es volver al sistema anterior donde el papel de la Ursea era menos influyente y el precio no estaba asociado a la paridad de importación.

"Otro aumento en el precio de los combustibles, el cuarto en lo que va del año! Hay que agradecérselo a la LUC", escribió el diputado comunista Gerardo Núñez en Twitter tras el anuncio del gobierno aunque sin recordar que ese pasaje fue votado también por él mismo. 

Incluso, desde el Frente Amplio plantearon la duda de si el ajuste actual no tiene otras intenciones por detrás. "¿Cuál es el plan? ¿Volver con la desmonopolización de ANCAP? ¿O aplicar una baja “táctica” cuando se acerque el referéndum? Lo cierto es que los alimentos y servicios afectados ya no volverán a su precio anterior. No subestimen al pueblo, la farsa electoral ya es indisimulable", escribió en su cuenta de Twitter el diputado socialista Gonzalo Civila. 

Más desacuerdos

Pero esta discusión sobre los combustibles no se termina en desmonopolización sí o no y otras aristas de este tema están en este momento en debate. El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo busca eliminar la mezcla de biodiesel con gasoil para reducir el precio del combustible en $1,3 por litro aproximadamente. 

El gobierno está dispuesto a avanzar en este sentido a pesar de que esto generaría aumentar las emisiones de dióxido de carbono (que busca compensar aumentando la mezcla de etanol) e incumplir un contrato con Cousa que pase lo que pase deberá pagar. 

Sin embargo, Cabildo Abierto marcó reparos a este artículo y hasta ahora el oficialismo no tiene asegurados los votos. En el partido de Manini Ríos todavía no tienen una postura definitiva pero plantearon cuestionamientos por temas ambientales y también por el costo del contrato con Cousa. 

De todos modos, fuentes cabildantes dijeron a El Observador que saben que a largo plazo esta mezcla es uno de los puntos a revisar para reducir el precio del combustibles. 

En lo que sí coinciden tanto Da Silva como Cabildo Abierto y todo el Poder Ejecutivo es en la necesidad de revisar del negocio del portland. 

“El negocio perdidoso que tiene Ancap con el portland, ahí también se puede bajar el precio desprendiéndose de ese negocio”, dijo Manini Ríos en su audición, además de mencionar el tema impositivo y el subsidio al boleto metropolitano que, si bien comparte, entiende que no debería ser financiado por los combustibles. 

Para Da Silva, en tanto, Ancap debería pasar a llamarse Administración Nacional de Combustibles y dejar de lado Alcohol y Portland que son los dos rubros que completan la sigla. 

El Poder Ejecutivo está trabajando en cambios para el negocio del portland y maneja distintas alternativas mientras negocia sobre este tema con la Federación de Funcionarios de Ancap. El ente tiene dos plantas, una en Paysandú y otra en Lavalleja, y para la del litoral oeste maneja desde cerrarla hasta abrir una licitación para que un privado invierta en este tema. Este negocio acumula 20 años de resultados operativos negativos.